Por Luciano Couso – Télam
La trascendencia pública que tuvo el ataque a tiros al supermercado del suegro del astro futbolístico Lionel Messi en la ciudad de Rosario puso de relieve un fenómeno criminal, el de las balaceras, que creció más de un 50 por ciento en dos años y, según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), local «no hay un día que no haya un caso».
Con el objetivo de extorsionar a comerciantes, para «hacerse fuerte» en un territorio, por problemas interpersonales, para reclamar deudas o usurpar una vivienda, los ataques armados a inmuebles o personas se hicieron habituales en Rosario.
Según el último registro oficial de 2021, ocurrieron en promedio más de cuatro balaceras por día.
Otro indicador de la violencia armada, las personas heridas con arma de fuego, también revela la magnitud del fenómeno: en enero pasado hubo 85 heridos en el Departamento Rosario.
La principal ciudad de la provincia de Santa Fe posee, a la vez, la tasa de homicidios más alta del país, que en 2022 -con 288 asesinatos- trepó a 22 casos cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se ubica en alrededor de cinco.
Los 14 balazos disparados contra las vidrieras del supermercado «Único» de Rosario el último jueves, propiedad de José Roccuzzo, el suegro del capitán de la selección argentina campeona del Mundial de Qatar, tuvieron repercusión mundial, pero no se trata de un hecho aislado.
«Hubo días que ingresaron 20 hechos de balaceras, hay días de tres o de cinco hechos», dijo a Télam una fuente del MPA rosarino que, además, reveló: «No tenemos un día en que no haya un caso».
El último informe de «Criminalidad Registrada» publicado por el MPA de Santa Fe, correspondiente a los datos de 2021, registró ese año 1.669 casos judicializados de balaceras en la ciudad de Rosario, algo más de cuatro hechos por día.
Dos años antes, en 2019, habían sido 1.158 los casos de abuso de armas, que es la tipificación con las que las investigaciones ingresan al sistema penal.
En 2015 se registraron 913 balaceras denunciadas en la ciudad en la que nació y se crió Messi, cuyo suegro sufrió ahora el ataque a su comercio en un hecho que según los investigadores parece estar más destinado a causar conmoción y repercusión internacional que a extorsionar a José Roccuzzo, dueño del supermercado ubicado en Lavalle al 2500, baleado con 14 disparos.
El fenómeno de los tiroteos como instrumento para diversos fines cobró fuerza a partir de la pandemia, dijeron a esta agencia fuentes judiciales.
«Al principio, cuando comienza como tema, eran casos netamente extorsivos», indicaron a Télam fuentes del MPA.
Se trataba de ataques armados en los que quienes los realizaban pedían dinero a cambio de evitar la agresión y tenían por objeto mayoritariamente a comercios.
La reiteración de los hechos y su crecimiento hizo que en septiembre de 2020 la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, decidiera crear una unidad especial para investigar balaceras, a la que dotó de tres fiscales provenientes de otras áreas.
«Después el fenómeno tuvo una modalidad cambiante, hay casos de problemas interpersonales, usurpaciones o reclamos de deudas», precisó la fuente consultada, y añadió que en la prensa suelen publicarse los hechos como «disputas narco», aunque es más amplio.
Agregó que entonces «se detectó que el abuso de armas relacionado a extorsiones era cada vez más creciente y se forma la unidad especial con tres fiscales».
El objetivo fue «poder unificar las investigaciones para determinar si había bandas» detrás de los hechos, que cada vez más comenzaron a mostrar que se originaban en las cárceles.
«En todos los casos, en algún lugar de la cadena, como organizador, o el que presta el ‘servicio’ para hacerlo, siempre hay un detenido», abundó el vocero judicial.
Una de las fiscales de la unidad especial, Valeria Haurigot, afirmó el año pasado que el «99,9 por ciento» de los llamados extorsivos que sufren personas y comercios son realizados «desde unidades penitenciarias» porque, dijo, los reclusos «están desde la mañana a la noche con el teléfono».
Entonces explicó que las cada vez más frecuentes extorsiones a comerciantes a quienes les exigen dinero para no atentar contra sus locales «se administran desde unidades penitenciarias».
En julio de 2022, dos personas que estaban presas y dos familiares de una de ellas fueron imputadas con prisión preventiva acusadas de extorsionar al dueño de una pizzería, al que le pidieron 20.000 dólares para no atacar su comercio, aunque recibieron una bolsa con papeles en una entrega controlada por la policía.
«Fijate qué pensás hacer con el tema de las pizzerías. Ya sabemos todo de vos. Si no pasás la plata que debés, te vamos a matar a vos y a toda tu familia. Somos la verdadera mafia», decía el mensaje que uno de los presos, alojado en la Unidad Penitenciaria 11 de la localidad de Piñero, le envió al dueño del local.
La reiteración de esos hechos llevó a que el 12 de febrero pasado la Asociación Empresaria de Rosario (AER) acordara con el Ministerio de Seguridad provincial la creación de «un protocolo de acción y contención», así como una mesa de diálogo y seguimiento de las denuncias.
El protocolo plantea que los comerciantes denuncien los hechos y no paguen por las extorsiones recibidas.
El presidente de la AER, Ricardo Diab, dijo el último viernes que existen «60 o 70 empresarios a los que les han ocurrido cosas sin que tuviéramos respuesta» en los últimos meses, pero aclaró que «hay que estar en la piel de la persona que sufre las amenazas».
«Cada quien en su actividad resuelve reaccionar como puede, porque no confía en la protección de la fuerza de seguridad», dijo el gremialista empresaria en declaraciones a Radio Dos de Rosario.
Agregó que «no es el camino ni nuestra postura, pero respeto al que decide pagar porque hay que estar en ese momento. Nosotros no tenemos otra herramienta que acompañar y demandar».
Según los investigadores, detrás de las balaceras existen diversas motivaciones.
En julio de 2021 un preso que cumplía condena en una cárcel fue imputado por mandar a balear a un constructor por demoras en una obra que hacía en su casa de la localidad de Serodino.
Los casos investigados en los últimos años muestran como organizadores de los ataques tanto a bandas criminales más o menos estructuradas, como la de «Los Monos», hasta presos que encuentran en esa modalidad delictiva una forma de redituable de «cuentapropismo» criminal.
