Por Fabricio Navone- La Política Online
El sumario financiero que emitió el Banco Central de la República Argentina contra la financiera Cofyrco por lavado de activos impuso multas millonarias para la firma y para tres de sus directores que quedaron complicados en la justicia por vender dólares a narcos y soldaditos.
Patricio Carey fue indagado por la Justicia federal por operar la cueva financiera de Cofyrco
La cueva ubicada en el microcentro de Rosario, a metros de la Bolsa de Comercio, tomó relevancia pública en 2020 cuando las pesquisas por el crimen de un barrabrava de Newell’s los conectó. El hombre del paravalancha leproso iba frecuentemente a comprar dólares y a partir de allí, el tema cobró importantes derivaciones.
La causa fue la punta del ovillo del cual los investigadores empezaron a tirar para dejar al descubierto los escabrosos vínculos entre el mundo del hampa y las casas financieras que operan en el microcentro rosarino.
Mientras que en la justicia provincial los responsables de la financiera ilegal lograron los beneficios de un juicio abreviado y de una probation por la venta de moneda extranjera al narcotraficante, en el fuero federal lo esperan con una acusación más pesada por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada que impulsa el fiscal Federico Reynares Solari y que compromete a los titulares Guido Garay, Fernando Vercesi, Guido Garay, entre otros.
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La resolución la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que sentenció a la cueva y a dos de sus directores por un monto multimillonario, confirma en el fuero administrativo por «lavado de activos» e «intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar con la previa autorización de este Banco Central», indica el fallo.
La investigación del Central la llevó adelante la Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizada por información remitida por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Entre las pruebas, se adjunta una nómina detallada con el historial de préstamos, cambios de dólares y plazos fijos que los financistas ofrecían. Además, mensajes telefónicos que dejaron al descubierto las operaciones ilegales.
En el sumario financiero se condenó a Cofyrco S.A. a una multa de $1.224.000.000 (pesos mil doscientos veinticuatro millones). Además, para Fernando Vercesi y a Patricio Carey multa asciende a $367.200.000 cada uno e inhabilitación por 6 años para desempeñarse como socio o accionista que establece la ley de Entidades Financieras.
Por otro lado, se sancionó a un empleado, Gonzalo Valdez, quien figuraba como «director de la sociedad durante el año 2014 momento en el cual se había suscripto un contrato de mutuo entre Fernando Vercesi y Pedro Cristiá- y por su rol como Presidente de la misma durante el periodo 17/06/15 -26/03/18», dice el la resolución a la que accedió LPO. Valdez deberá afrontar una multa de $165.240.000 y tres años de inhabilitación.
Los sancionados deberán depositar los montos millonarios en el plazo de cinco días hábiles en el Banco Central y solo podrá ser apelado ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, sostiene el titular de la Superintendencia Juan Ernesto Curutchet.
En su defensa, Patricio Carey, quien proviene de una familia de financistas rosarinos, dijo que en la oficina allanada solo la utilizaba para la administración de empresas familiares dedicadas al rubro inmobiliario, al turismo y a la representación de jugadores de fútbol y que nada tenían que ver con actividades de intermediación financiera.
Además, el sumariado trató de despegarse de sus socios y recordó que «Guido Garay, Fernando Vercesi y Teodoro Fracassi, han admitido -en la causa penal que tramita en la ciudad de Rosario- su culpabilidad sobre todos los hechos que se le imputan, dejando a las claras que han sido ellos y no el suscripto quienes se dedicaban al negocio de la intermediación financiera».
Por su parte, Fernando Vercesi dijo que ya había sido condenado en un juicio abreviado en la justicia ordinaria de Rosario. Al mismo tiempo que está siendo investigado por la justicia federal y penal cambiario, le caen los sumarios financiero «corroborándose así -a su entender- una triple persecución por parte del Estado», sostiene su defensa.
Sin embargo, la Superintendencia rechazó las objeciones y destacó que en la investigación se detectó una diversidad de negocios financieros «tendientes a la captación de recursos del público en general, con correlativa colocación a tasas diferenciales, vulnerando las disposiciones normativas en el marco de la Ley 21.526 de Entidades Financieras».
Y respecto a las condenas en tribunales provinciales, aclara que «en nada modifica el sobreseimiento en sede penal de delitos propios de ese ámbito, los cuales, sin embargo, pueden válidamente ser calificados en sede administrativa como infracciones a la Ley de Entidades Financieras que rige ese ordenamiento».
«Los hechos aquí investigados son evaluados con independencia de los que pudieran ser formulados bajo otros órdenes legales, motivo por el cual lo decido en aquéllos ninguna consecuencia proyecta sobre el análisis y la consideración de las conductas valoradas bajo el régimen que regula la Ley 21.526 de Entidades Financieras», esto significa que el Banco Central con independencia puede encontrar responsable de sanción a quien intercede financieramente sin autorización aunque en la justicia penal sea considerado inocente.
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