Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Especial para El Ciudadano
Desde hace varios meses, desde esta misma columna, se viene aportando a la necesidad de precisar y desarrollar un programa económico que cambie desde sus fundamentos la estructura económica de la Argentina. Se trata de una propuesta que aborde efectivamente los problemas de fondo que causan los males inaceptables de un país que tiene recursos de sobra, pero le faltan patriotas que los administren para beneficio de su pueblo.
La debilidad económica de la Argentina radica en la dependencia que tiene de la divisa extranjera para lograr cualquier aspiración de crecimiento y desarrollo; esto es así desde que se impuso (con la exitosa influencia del poder británico) un modelo aperturista y de libre cambio, en el cual nuestro país se limita a vender productos primarios y de poco valor agregado, pero compra bienes de consumo y de capital que incorporan mano de obra extranjera.
Sumado a eso, las exportaciones (fuente genuina de ingreso de divisas) se encuentran en pocas manos, que por cierto han demostrado una voluntad ajena al interés nacional. Vale como ejemplo las fuertes presiones que sigue recibiendo el gobierno nacional por parte del sector exportador para que quite las retenciones o haga una devaluación brutal, sin importar el efecto que ello pueda tener sobre el salario real y la pobreza.
Por su parte, el pobre desarrollo industrial hace que el país tenga que importar productos de alto valor, generando una demanda de divisas (alrededor de 60.000 millones de dólares anuales) cuya disponibilidad está sometida a la voluntad de los exportadores, afectando en términos de su propio interés el funcionamiento de todos los sectores de la economía nacional.
Esta es la principal causa de la subordinación política al sector exportador y la consecuente dependencia económica a una moneda extranjera que no controlamos ni emitimos. Por eso, hablar de “bimonetarismo” sin explicar esta situación fundamental, es como limitarse a leer el título de un libro sin indagar en la revelación de sus capítulos.
En vista de la magnitud del problema, hay que reconocer que nunca podremos salir de este encierro con políticas que eluden resolver el problema de fondo. Como se ha señalado en otros artículos de esta columna, es clave desarrollar una planificada y políticamente determinada administración del comercio exterior, a fin de lograr, de una vez por todas, “que la manguera chorree para adentro”.
De frente a este gran desafío, el gobierno nacional busca en la actualidad regular esta situación utilizando disposiciones reglamentarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En ese sentido, a partir de junio de este año y por comunicación “A 7.030” se ha limitado el acceso al mercado de cambios para las operaciones de importación. La normativa indica que los agentes, para estar habilitados en cada operación, deben contar con autorización previa de su entidad financiera que, a su vez, tiene la obligación de certificar que el mismo no disponga de activos externos líquidos disponibles ni ventas al extranjero pendientes de liquidación. En otras palabras, el BCRA exige al importador usar sus dólares en el extranjero si desea realizar una operación de compra y emite un listado de productos inhabilitados a las entidades.
Sin ánimos de criticar la voluntad de regulación (porque es extremadamente necesaria), podemos observar, por lo menos, dos cuestiones que debilitan la iniciativa y hacen que pierda efectividad en el cumplimiento de su objetivo. La primera es que dicha normativa emana de la casa madre del sistema financiero y no desde el sector de origen, que es el comercio exterior. Esto produce, inevitablemente, que los controles y supervisión lleguen tarde, por lo que pueden resultar ineficientes, además de contar con escasa y manipulada información por los diversos caminos que recorre antes de su llegada al BCRA. La segunda, y más importante, es que los responsables de ejercerla en primera instancia sean las entidades financieras, y no se involucre a los actores principales de esta cuestión que son los sectores productivos del país (empresarios y trabajadores), con el objetivo de discernir qué bienes son pasibles de importación y cuáles otros se pueden sustituir con producción local.
Estos temas, que ocupan un lugar insignificante en la propaganda mediática de los medios hegemónicos, son los que se deben debatir en pos de transformar este modelo agroexportador, rentístico y financiero, en uno de desarrollo productivo con justicia social. Porque, en definitiva, si no se emprende una estrategia de industrialización y sustitución de importaciones nunca podremos escapar del ciclo capitalista de endeudamiento y crisis que trajo injusticia, violencia y desocupación a nuestro pueblo.
Si verdaderamente se quiere lograr un desarrollo productivo para solucionar los problemas más urgentes y acuciantes del país, es ineludible y prioritario recuperar la administración del comercio exterior para ponerlo en línea con los objetivos inherentes a un proyecto nacional. Sólo así se podrá alcanzar una efectiva y acordada protección del mercado interno que permita una paulatina y planificada industrialización por sustitución de importaciones.
No se puede esperar que el problema del bimonetarismo se solucione sólo con acuerdos superestructurales de corto plazo, porque para alcanzar un modelo de desarrollo nacional que genere trabajo genuino con justicia social hay que cambiar la estructura sobre la que se cimenta el poder económico en la Argentina, que como lo ha demostrado históricamente, no está dispuesto a ceder ante el interés de las grandes mayorías populares.
Los grandes cambios requieren grandes decisiones políticas; el pueblo argentino ya lo sable y no puede esperar más.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
