La ahora ex marinera que denunció haber sido abusada sexualmente dentro de una repartición de la Armada Argentina en la ciudad de Ushuaia, logró que la Justicia de Tierra del Fuego adelante para este año el juicio oral que inicialmente había pospuesto hasta 2024, confirmaron este jueves a Télam fuentes vinculadas a la causa.
El caso involucra al suboficial Reinaldo Cardozo, de 56 años, a quien le imputan haber abusado de una mujer de 32 (tenía 25 al momento de los hechos en 2013) que como consecuencia de ello perdió el empleo, la casa, la cobertura social y debió someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico para superar lo sucedido.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de la capital fueguina había fijado una primera fecha de comienzo de las audiencias para el 29 de junio de 2020, aunque luego el proceso fue suspendido debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
Después, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvieron una nueva postergación, pero hasta el 16 de mayo de 2024.
El pedido público realizado por «Lucía», como se identifica la víctima ante los medios de comunicación, logró en los últimos días que la justicia revisara esa postura y estableciera como fecha del juicio el próximo 18 de agosto a las 9, confirmaron los voceros judiciales consultados.
«Siento una especie de alegría, una sensación extraña. No esperaba una respuesta tan rápida de los jueces. Esto me genera la esperanza de poder cerrar una etapa en mi vida. Son muchos años de lucha y dolor», contó Lucía en dialogo con Télam.
La mujer también dijo que «confía mucho en la justicia» y que para ella «es un logro haber podido llegar a esta instancia de ver sentado en el banquillo de acusados a mi abusador».
Según especialistas, la causa de Lucía puede sentar un precedente histórico porque «ventila hechos sucedidos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses», explicaron fuentes jurídicas consultadas por Télam.
El suboficial Cardozo fue procesado en doble instancia por los delitos de «abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas y mediando violencia de género», según surge del expediente judicial.
Para Sofía Barbisan, abogada de la víctima, en la causa «existe evidencia» como para demostrar el «abuso sexual simple», mientras que la acusación de «abuso con acceso carnal» dependerá de la «valoración de las pruebas» que realice el tribunal.
A Lucía «le reprochan no haber denunciado ese hecho (la violación) en el mismo momento que el resto de los abusos. Esperemos no encontrarnos con una justicia patriarcal. Confiamos en hombres que juzguen con perspectiva de género», sostuvo la letrada sobre la circunstancia de que el tribunal está integrado por tres varones.
La ex marinera afirma que los abusos se produjeron a partir de 2013 dentro de la Base Naval Ushuaia, cuando su superior, quien casi la doblaba en edad, estaba casado y tenía hijos, comenzó a acosarla sexualmente, hasta que en uno de esos hechos la encerró en un depósito y la violó.
Otros abusos y persecuciones se habrían producido en 2014, luego de un período en el que el suboficial no estuvo destacado en la repartición.
«Hace 8 años tenía una vida tranquila, trabajaba y ya era madre. Todo esto me generó una situación muy difícil, tanto física como psicológicamente. Estuve años asistida en terapia. Llegué a pesar 100 kilos y tuve diabetes emocional. Soporté amenazas de mi agresor y de miembros de la Armada. Tuve mucho miedo», relató Lucía.
Según la mujer, durante todo el proceso judicial «me trataron de loca» y «no me creían», hasta que las pruebas «me fueron dando la razón. Fue doloroso, me cambió la vida. El juicio no va a cambiar el pasado pero quiero justicia», expresó.
Desde que su situación se hizo pública, la denunciante del caso reconoce que recibe contención de organismos nacionales, como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y del área de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos.
«En estos años de un Estado tan ausente, este acompañamiento es muy importante. Me da tranquilidad y confianza», concluyó Lucía.
