Marcela Viegas Pedro se escondió seis horas en un tanque de agua. Era invierno y estaba empapada. De taco aguja, minifalda y corsé asomó la cabeza un par de veces para ver si la Policía la seguía buscando. Trepó una pared de tres metros y entró a un horno de cocina. Estaba vestida de mujer en plena dictadura militar y no quería que la detuvieran. Corrió y corrió con los tacos para zafar de cada arresto. La mayoría de las veces no lo logró. En Buenos Aires estuvo 17 días en el pozo de Banfield sin comida, agua, baño y en un cuarto en el que no podía acostarse. Marcela es una de las 22 trans santafesinas que pidieron a la Justicia tener la pensión que la ley provincial 13.298 garantiza a todos los detenidos durante la última dictadura cívico militar por motivos políticos, gremiales o estudiantiles. Ayer organizaciones de diversidad sexual presentaron un proyecto de reparación histórica en el Senado de la Nación para crear una pensión para víctimas trans de las fuerzas de seguridad durante y después de la dictadura. Será la segunda vez que llega una iniciativa de este tipo al Congreso. La anterior entró en octubre del año pasado y está frenada en la comisión de Seguridad Interior. Estiman que unas 300 personas trans de todo el país recibirán la pensión.
Sobrevida
Todas las trans que presentaron el pedido a la Justicia provincial tienen más de 50 años. Se definen como sobrevivientes porque pertenecen a un colectivo con una expectativa de vida que no supera entre los 35 y 40 años. Marcela tiene 53. Sus padres eran portugueses y llegaron a la Argentina al escapar de la dictadura salazarista. En Rosario montaron una fábrica de escobas en Dorrego al 1800 y adoptaron al único hijo varón.
A los 16 Marcela vio por primera vez a una travesti que caminaba por la calle y supo que era lo que quería ser. “Con un grupo de gays estábamos en una transición. Salías medio de mujer y medio que no porque no te animabas. Te daba mucho miedo”, cuenta a El Ciudadano.
Marcela recuerda una adolescencia de escapar de sus padres, de la escuela, de la policía, de moralidad pública y de los militares. Recuerda la rebeldía. “Querías ser lo que querías ser y punto. No importaba el precio. En la calle el precio era la represión policial”, comparte.
Marcela cambió de colegio durante toda la secundaria. Ser un varón afeminado era suficiente para que la expulsaran. Salía a comprar cigarrillos con los labios pintados y la policía la llevaba detenida.
A los 16 el papá la internó en un psiquiátrico. Estuvo un año bajo un tratamiento de cura de sueño, un método usado contra la homosexualidad. Marcela no recuerda nada de la internación. A los 12 meses el director del hospital le dijo a su papá que no había nada malo en ella y que tenía que aceptarla como era. Él no le creyó y la echó de la casa.
A los 17 juntó sus cosas, las metió en un bolso, agarró la chequera del padre, falsificó la firma y le vació una cuenta. Fue a Buenos Aires. Vivió un tiempo en Retiro y durmió en los bancos y baños de la estación. No la dejaban entrar a un hotel. Conoció a chicas trans y pasó un tiempo en la plaza Córdoba donde comían las sobras de los restoranes.
Marcela era menor cuando empezó a trabajar en Panamericana. “Ser trabajadora sexual era la única opción para las travestis. No podías hacer otra cosa. Nadie te iba a contratar de bachera o para limpiar una casa. Empezaba la llamada peste rosa (VIH) y la gente no quería ni tocarte o compartir un vaso con vos”, cuenta.
De Panamericana pasó a Camino Negro en la zona de Ezeiza. Una noche la Policía la detuvo. “Un amigo que vivía conmigo y me esperaba mientras trabajaba vio que me llevaron y siguió al patrullero. Si no fuera por él estaría muerta”, recuerda. Los policías la llevaron al pozo de Banfield. El amigo y una abogada fueron todos los días a pedir para que la blanquearan. Pasó 17 días en un cuarto de un metro por un metro y medio hasta pasar a la celda común. Cuando salió tenía piojos hasta en las cejas, no podía caminar y estaba deshidratada y desnutrida.
En la calle las detenciones fueron cada vez más duras. Apenas cumplió 18 conoció la comisaría séptima. Estaba con otra travesti y los policías le tiraron baldazos de agua y basura. Enchufaron un cable pelado a 220, lo apoyaron en el piso y les preguntaban: “¿Van a seguir vistiéndose así? Ellas sintieron la electricidad y respondieron que sí.
La vuelta a Rosario era trabajar en la calle y correr cada vez que aparecía un patrullero. La idea era esconderse donde sea y tratar de no acumular detenciones. Volvió a Buenos Aires. “Era más fácil porque arreglabas. Era 70 para ellos y 30 para vos. El tema era cuando caías detenida. Eras el servicio sexual de todos los policías y de todos los presos. También tenías que limpiar, cocinar y lavar ropa porque si querías ser mujer era hacer todo según ellos”, agrega.
La vuelta de la democracia no cambió las cosas. En los primeros años del alfonsinismo surgieron reglas para la Policía que les permitían detener a hombres vestidos de mujeres. Eran edictos policiales y servían como argumento para detener. Marcela volvió a Rosario.
El 9 de mayo de 2012 se sentó en la vereda frente al Congreso de la Nación y lloró con la sanción de la ley de Identidad de Género. Fue la primera rosarina en sacar el DNI. Pidió llamarse Marcela Daniela Viegas Pedro como le había pedido su mamá. Trabajó como prostituta hasta el año pasado cuando entró a la Casa LGTBI como referente trans adulta mayor. Es la primera vez que tiene un trabajo en blanco.
Una reparación histórica
El proyecto presentado ayer al Senado de la Nación va más allá de la dictadura militar y apunta a reparar cualquier otro acto violento por parte de las fuerzas de seguridad. Fue pensado por las referentes travestis Marlene Wayar, LohanaBerkins y Diana Sacayán (activista asesinada en 2015) y redactado entre Abosex, Alitt, Futuro Transgenérico, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAT) y Conurbanos por la Diversidad. Adhirieron 30 organizaciones de la diversidad sexual. El 6 de octubre de 2016 fue presentado a los diputados con la firma de 22 legisladores. Desde comienzos de 2017 el tratamiento está frenado en la comisión de Seguridad Interior. De ser aprobado estiman que unas 300 personas trans de todo el país recibirán la pensión.
Las presas políticas
Para el subsecretario provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, el golpe de Estado de 1976 intentó restaurar un modelo conservador y cristiano de familia. Las personas que no iban con esos valores fueron blanco de la persecución. “Caer detenida por tu sexualidad es una de las razones políticas que la ley provincial tiene en cuenta para dar la pensión a víctimas de la dictadura”, dice el funcionario.
Desde la subsecretaría trabajan con mujeres trans de más de 50 años en los debates sobre reparación histórica. “De las conversaciones surgió lo que vivieron durante el golpe. Había un pabellón específico para abusos y especial ensañamiento”, explica Paulón. Con la Secretaría de Derechos Humanos la provincia acompañó en el pedido judicial de la pensión para víctimas del terrorismo de Estado. Es el mismo trámite que hace cualquier preso político. Son 14 de Rosario y 8 de Santa Fe.
