El defensor general de Santa Fe Gabriel Ganón, junto a un grupo de abogados de la Multisectorial por Gerardo Escobar, presentó ayer un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) donde solicita al Estado argentino que realice “medidas cautelares para evitar que continúe el proceso irreparable de destrucción de pruebas” en la causa que investiga la desaparición y muerte de Pichón, el joven de 23 años que a fines de agosto apareció sin vida en las aguas del río Paraná. El escrito pide además el cese de hostigamientos y amenazas contra la familia del muchacho asesinado y advierte serias irregularidades en la investigación que lleva adelante la Fiscalía provincial, en la que hay dos policías y tres patovicas detenidos.
Entre los puntos que justifican la solicitud ante la Cidh, Ganón y los abogados Salvador Vera, Guillermo Vallet y Analía Elizabeth Abreu resaltan que “aún no han sido ejecutadas medidas idóneas y necesarias tendientes a conservar y preservar las pruebas”. Según señala un comunicado emitido ayer por la Defensoría de Santa Fe, “el Ministerio Público de la Acusación nunca requirió la colaboración de otra fuerza policial que no sea la de la propia Policía provincial a los fines de practicar diligencias investigativas sensibles —levantamiento del cadáver de Escobar en el río, exámenes médicos primarios, entre otros— y que requerían la participación de terceros insospechados de participación en los hechos sometidos a investigación, como ser otra fuerza de seguridad”.
Asimismo, los letrados hacen hincapié en actos de hostigamiento contra Luciana Escobar, hermana de la víctima, quien señala haber recibido llamadas telefónicas anónimas varias veces al día. Si bien durante las llamadas no oye ninguna voz, el escrito indica que “estos mensajes no pueden dejar de ser interpretados en el contexto como señales amenazantes que incorporan nuevos elementos de angustia y sufrimiento a los familiares de la víctima”.
Según los términos del artículo 25 del Reglamento de la Cidh, las medidas cautelares deben ser habilitadas en caso de “gravedad, urgencia e irreparabilidad”. Con respecto a esto último, la presentación aduce que, de no disponerse medidas de imperiosa necesidad, como la que oportunamente fue propuesta, se frustrará indefectiblemente la producción de prueba que permita esclarecer el hecho. Además, respecto de las llamadas recibidas por Luciana, los abogados patrocinantes piensan que si no son tomadas decisiones impostergables los hostigamientos podrían derivar en otro tipo de actos directos contra su vida o integridad física.
Pichón Escobar tenía 23 años y trabajaba en la Dirección General de Parques y Paseos.
Fue visto por última vez con vida la madrugada del viernes 14 de agosto cuando salía del after La Tienda, ubicado en Tucumán al 1100. Estuvo desaparecido una semana hasta que su cuerpo sin vida apareció flotando en las aguas del río Paraná a la altura de la fluvial, el 21 de agosto pasado.
“Acuerdo cómplice”
La multisectorial por Justicia por Gerardo Escobar emitió ayer un comunicado donde cuestiona con dureza el rol del Ministerio Público de la Acusación en la causa que investiga la muerte de Pichón. Además de resaltar que las únicas medidas tomadas fueron por la “gran presión popular” denuncian que la Fiscalía le oculta información probatoria a la querella, conformada por familiares de la víctima, y no la notifica para que pueda hacer su seguimiento como lo requiere la ley. “Hay un acuerdo cómplice para encubrir el caso entre el Poder Judicial, a través de la Fiscalía y el Político, representado por el Ministerio de Seguridad”, agrega el comunicado que exige que la causa pase a la Justicia federal como desaparición forzada de persona. Como todos los miércoles, a las 10 de hoy se concentrarán para exigir el esclarecimiento del caso en Alvear y Montevideo, junto al sindicado de Trabajadores Municipales.
