El miércoles, durante el debate por el aborto legal en el Congreso, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, cometió una suerte de sincericidio. Dijo: “Nunca en democracia nos animamos a tanto, tampoco «en ese momento» nos animamos a tanto”, en un intento de minimizar la metodología utilizada por el terrorismo de Estado que, como se sabe, aplicó sistemáticamente tormentos que incluyeron violaciones y asesinatos y robos de bebés pertenecientes a las madres en cautiverio. Y que, como fue surgiendo en innumerables testimonios durante los juicios de lesa humanidad o en textos que abordaban el tema, los abortos provocados a las mujeres indefensas eran moneda corriente. Uno de esos casos fue el de Silvia Suppo, una ex detenida desaparecida que pudo escapar a la muerte en su momento pero más de treinta años después, luego de declarar en una causa que enjuiciaba a genocidas, terminaría asesinada en confusas circunstancias.
Un testimonio peligroso
Suppo tenía 17 años cuando una patota de la dictadura la secuestró en Rafaela. Estuvo detenida en dos centros clandestinos: la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe y La Casita. Allí la violaron en grupo y quedó embarazada. El hecho ocurrió en 1977. En 2009, durante el primer juicio de lesa humanidad realizado en Santa Fe, Silvia Suppo contó que el represor Juan Calixto Perizzotti –luego condenado por torturas y secuestros– le dijo en su celda: “Le vamos a corregir el error”, y la llevaron a una clínica privada donde le practicaron un aborto forzado. Suppo tuvo que esperar más de tres décadas para poder contar su verdad. Pocos meses después, en marzo de 2010, la asesinaron a puñaladas: un crimen que aún no ha sido aclarado, aunque dos cuidacoches fueron condenados como autores materiales. Su familia y los organismos de derechos humanos siguen exigiendo que se investigue la hipótesis de crimen por encargo. Sobre todo porque, con su testimonio, Silvia había ayudado a condenar a seis genocidas en la causa Brusa, entre ellos el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, el primer magistrado sentenciado por delitos de lesa humanidad. Silvia también era querellante en la megacausa de Rafaela, un juicio que comenzará el 30 de agosto de este año. Cuando la violaron, Silvia estaba encapuchada. Cuando la llevaron a abortar también. Ella nunca supo quiénes fueron los autores de ese delito, que cuatro décadas más tarde sigue impune.
El pez por la boca muere
Con esa alocución, “Nunca en democracia nos animamos a tanto, tampoco «en ese momento» nos animamos a tanto”, Massot considera que es menos grave la apropiación de bebés nacidos en cautiverio que el aborto forzado de Silvia Suppo. Eso dijo el diputado macrista ante las intervenciones de Juan Cabandié y Victoria Donda, hijos de desaparecidos que pudieron recuperar su identidad por el trabajo de los organismos de derechos humanos. El argumento de Massot, además de cínico, es falaz: las dos prácticas –abortos forzados y apropiación de bebés nacidos en cautiverio– fueron parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado que incluyó secuestros, torturas, violaciones colectivas contra las mujeres detenidas, robo de bienes, apropiación de empresas y miles de asesinatos. Los delitos sexuales cometidos por represores fueron una práctica sistemática bajo el terrorismo de Estado, no un exceso. “Era muy común que policías y militares abusaran de las mujeres”, declaró Patricia Isasa en la causa Brusa. Patricia compartió celda con Silvia y sabe de lo que habla.
Un plan sistemático
“Asco, bronca, impotencia”, responde Marina Destefani, la hija de Silvia Suppo, al ser consultada por los dichos de Massot. “Siento esa misma sensación de impunidad con la que estamos conviviendo. Mi familia convive con la impunidad hace más de 40 años”. Dice Marina: “Lo primero me indigna es que Massot se asume como parte, él y su familia, de la dictadura cívico-eclesiástica-militar. Y lo segundo, que pueda pensar que los abortos forzados realizados en el marco del plan sistemático de la dictadura hayan sido un error. Fueron una tortura más, como los delitos sexuales cometidos con saña disciplinante contra los cuerpos de las mujeres”.
Por la memoria de Suppo
La familia de Silvia Suppo, los organismos de derechos humanos y las personas que apoyamos la democracia queremos que haya condena, también, por esos delitos aberrantes. Y que nunca más, ni en el Congreso ni en ningún otro ámbito, se alcen voces que minimicen, tergiversen o justifiquen las bestialidades cometidas por la dictadura. La memoria de Silvia Suppo no merece semejantes bajezas.
