“Advertimos el peligro que representa eliminar de un plumazo y por decisión unilateral la estructura institucional vigente construida a lo largo de muchos años y los mejores esfuerzos de la sociedad de este país”, expresó el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe (CAUPSF). La entidad profesional manifestó así su posición contraria al Decreto de Necesidad y Urgencia lanzado por el presidente Javier Milei el pasado 20 de diciembre.
“Entendemos que nuestra experiencia como profesionales de la arquitectura y el urbanismo nos indica que la eliminación de la presencia del Estado en cualquiera de sus esferas, empeora el acceso a la ciudad, deteriora el espacio público, incrementa los índices de delito, y precariza las condiciones de vida”, sostuvo el CAUPSF.
Y en cuanto a la legitimidad del megadecreto que deroga o modifica más de 300 leyes sostuvo que tampoco es suficiente el aval electoral del 55 por ciento de los votos alcanzado por el jefe del Estado en el balotaje de noviembre, como alegan los seguidores acríticos de La Libertad Avanza: “Presumir que una circunstancial mayoría electoral otorgada según reglas de la democracia es suficiente argumento para desconocer esas reglas democráticas, es una conducta que atenta contra la división de poderes, que son los pilares de la República”, advirtió.
En esa línea, el arquitecto Rubén Palumbo, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, marcó su “profunda preocupación” por “los modos, alcances y magnitud” del DNU 70, que continúa siendo objeto de presentaciones judiciales que apuntan su inconstitucionalidad.
El decreto entra en vigor este viernes, aunque debe ser validado por ambas Cámaras del Congreso, donde buena parte del arco opositor duda de su institucionalidad. “Cada vez que fue dañada, trajo el peor de los saldos para las mayorías”, remarcó el titular del CAUPSF.
Palumbo advirtió que los miembros del Colegio, “como profesionales de la arquitectura y el urbanismo y como ciudadanos”, continuarán “siendo parte de la sociedad que ha elegido el sistema democrático y la vigencia de un Estado presente, eficiente y abierto como motor del desarrollo social, que es el que ha demostrado ser capaz de sostener mejores sociedades, mejores ciudades, y más oportunidades para vivir en libertad”.
“Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones laborales de nuestros y nuestras colegas, lo que supone defender, desde nuestras competencias, la plena vigencia del Estado de Derecho y de las conquistas civiles que garantizan el ejercicio profesional en un sistema democrático”, concluyó.
