La Comisión de Prestadores de Iapos del Colegio de Psicólogos de Santa Fe Segunda Circunscripción emitió un documento en el que expresa su «preocupación» por el deterioro de las condiciones en que se encuentran las y los trabajadores en el marco del convenio entre el Colegio y la obra social. Según relató al entidad de profesionales, desde el año pasado los montos transferidos no alcanzan para cubrir las prestaciones ofrecidas, lo que en la práctica significa un ajuste a quienes atienden a los afiliados.
«Los montos en concepto de «cartera fija», que deberían ser suficientes para pagar los aranceles convenidos, no alcanzaron a cubrir el valor total de las prestaciones. Esto constituye un recorte efectivo en el valor de las mismas, que en algunos casos (último pago correspondiente al mes de septiembre) no superaron los $244,28 por sesión, cifra por demás irrisoria. Esta medida se ve agravada por los reiterados aumentos en los costos de las órdenes de consulta y los bonos asistenciales que se le exigen a los afiliados, aumentos que no se trasladan al pago que perciben los prestadores», sostuvo el Colegio de Psicólogos.
La entidad dio cuenta de que planteó el tema en distintos encuentros con autoridades del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social en los que se informó que la cantidad de prestaciones históricas no han tenido incrementos significativos en los últimos años. Ante esa realidad, «la decisión política del Iapos de no aumentar el valor de la cartera implica una intención manifiesta de no cubrir la totalidad de las prestaciones con los valores acordados por convenio», denunció.
El Colegio de Psicólogos sostuvo que tampoco fueron atendidos reiterados pedidos de incorporación de nuevos prestadores en la cartilla, «medida necesaria para garantizar la atención de la totalidad de los afiliados del Iapos», ya que año a año se incorporan nuevos afiliados a la obra social, «y es responsabilidad de la misma bregar por la cobertura de salud de todos ellos».
«Como comisión, junto a directivos del Colegio, continuaremos con las acciones conducentes a la visibilización de esta problemática, que comprenderán en primera instancia la articulación con los diversos gremios implicados y la iniciación de una campaña de difusión en la comunidad respecto de esta gravísima situación», continúa el texto.
«Queremos dejar en claro que estas políticas sostenidas por quienes deben garantizar el derecho a la salud de sus afiliados constituyen un claro recorte de las prestaciones de salud mental así como un serio perjuicio para quienes deberían ser sus beneficiarios», concluyó la entidad profesional.
