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Al fracasado protocolo antiprotestas que intentó aplicar, hasta el momento, sin éxito, y la intención de hacerle pagar sus millonarios operativos represivos a los sindicatos y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, volvió a difundir la línea 134 para denunciar supuestos «aprietes» para participar del paro y el anuncio de que se descontará el día de paro a estatales que participen de la jornada nacional de lucha.
A esta batería antisindical y contra el derecho a la protesta, el gobierno también sumó la suspensión de la convocatoria para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y la maniobra de la publicación de un comunicado de una «Agrupación de Pymes, Emprendedores y Productores» que convocaba a un cacerolazo contra la CGT y el paro, creada hace días atrás, integrada por muchas muchas empresas inexistentes y cuyas redes sociales y sitios webs fueron dados de alta horas antes de la publicación del comunicado.
Haciendo un rápido racconto, primero, la ministra de Seguridad de Javier Milei, anunció el 14 de diciembre de 2023 su «protocolo para el mantenimiento del orden público», que falló en todas las movilizaciones en las que se aplicó, dado que las arterias principales de CABA y de otras localidades del país se bloquearon igualmente.
Luego, se propuso castigar y criminalizar el derecho a la protesta social a través de un masivo envío de cartas documento a sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales para que paguen sus millonarios operativos policiales en una clara intención política de parte del gobierno de limitar cualquier tipo de reclamo público, reduciendo el derecho a la libre expresión y favoreciendo la criminalización de la protesta, en pos del supuesto beneficio de garantizar la circulación regular del transporte.
El miércoles 10 de enero, justo 10 días hábiles antes del paro general convocado por la CGT y las CTA para el 24 de enero, pretende cobrarle $40.419.227,56 a la Federación Marítima y Portuaria, al gremio de Anses APOPS, al de judiciales UEJN, al Polo Obrero, a la UTEP, al MST, a Izquierda Socialista, la UOM, la UOCRA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el de Neumático SUTNA, a Camioneros, la CTA, la Conadu Histórica y la CTA Autónoma, por el operativo del 27 de diciembre de 2023. Mientras que también busca cobrarle $56.760.282,58 a ATE, la CTA, la UTEP, la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Frente Barrial CTA, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES) y al FOL, por la movilización del 22 de diciembre del año pasado.
En dichas cartas documento el ministerio no especifica cuál es el costo en la suma de cada operativo y, además, acompaña la intimación con la amenaza de dar 10 días para efectuar el pago, caso contrario, iniciarán acciones legales contra las organizaciones. En un primer análisis de las intimaciones, la abogada Valeria Carreras indicó que son nulas al contener diversos tipos de errores, como que los nombres de las organizaciones intimadas están mal escritas, que están firmadas por un particular, y que en el remitente figura un «Ministerio de Seguridad», sin aclarar si es de Nación o provincia.
Myriam Bregman, diputada Nacional por el PTS/FIT-U, alertó, a partir de un tuit de la periodista de Página/12 Luciana Bertoia, que las intimaciones son nulas porque el funcionario que las firmó, Martín Siracusa, no estaba designado y su nombramiento recién se publicó en el Boletín Oficial este lunes 22 de enero.
Ante esta amenaza, igualmente, la CGT, en nombre de las organizaciones intimadas, había emitió un comunicado en el que repudió las cartas documento y recalcó que «el gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado» y que entienden la acción como «una nueva provocación» del gobierno, que «busca acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país».
Línea «buchona» y descuento a estatales que paren
No contenta con esto, Bullrich volvió a relanzar la línea «buchona», que dice: «Si sos víctima de extorsión por parte de los que quieren parar el país, denuncialos». «La única forma de sacar este país adelante es trabajando, con esfuerzo y compromiso. Es hora de dejar de mirar para otro lado. Cada argentino es protagonista de este momento histórico. No tengamos miedo. Y que quienes amenazan y extorsionan sepan que en esta Argentina del trabajo y la honestidad, ¡el que las hace, las paga!«, finaliza el anuncio oficial difundido en redes del Ministerio de Seguridad.
El gobierno acompañó esta batería antisindical con el anuncio de que se descontará el día de paro a estatales que participen de la jornada nacional de lucha: «Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre», expresó en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni.
A través de sus referentes nacionales y porteños, ATE rechazó la decisión del ejecutivo y ratificó que convocará masivamente a sumarse al paro general del próximo miércoles 24 de enero. Además, la serie de medidas restrictivas del derecho constitucional a la huelga y a la protesta social está acompañada de la decisión unilateral del gobierno de Milei de suspender, de manera extorsiva, la convocatoria del Consejo del Salario para actualizar el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Esta medida a pocos días del paro del «24E», se da en un momento donde, según confirmó el periodista Mariano Martín de Ámbito Financiero, el piso de ingresos es de 156 mil pesos desde diciembre pasado y, sólo en ese mes, su última suba fue de 8,5%, mientras que la inflación fue del 25,5%. Además, del SMVyM depende el valor de los planes sociales, que se ajustan de manera automática y del cual dependen más de 1,2 millón de beneficiarios, y también es una variable que incide en los haberes jubilatorios y el seguro por desempleo.
Empresas fake anti paro
También gobierno publicó un comunicado de supuestas empresas nucleadas en una «Agrupación de Pymes, Emprendedores y Productores», que convocaba a un cacerolazo contra la CGT y el paro, creada recién el 13 de enero, integrada por muchas muchas empresas inexistentes y cuyas redes sociales y sitios webs fueron dados de alta horas antes de la publicación del comunicado. Una verdadera fake news impulsada revelada por Mauro Brissio, periodista de América TV, especialista en Fake News, y titular de la cuenta Arrepentidos de Milei.
Se supo que detrás de esa fake se encuentran miembros del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, surgido en 2021 e impulsado por empresarios como Rodolfo Llanos, Gustavo Lazzari, Juan Gabriel Méndez y Alejandra Bada Vázquez, y que trabajan en conjunto con la abogada y senadora bonaerense de Juntos por el Cambio Florencia Arietto.
Contradiciendo a estos referentes empresariales, Mauro González, dirigente gremial empresario PYME, del Sector Textil y Presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina salió a desmarcarse indicando que «las pymes no apoyamos el DNU».
En esa línea, se difundió un comunicado conjunto de la confederación, en el cual se señaló que «es imposible una nación sin Estado presente que regule y proteja» y apuntó contra la «apertura indiscriminada de las importaciones y suba de retenciones, viejas recetas económicas que marcamos atentarían directamente contra la industria nacional, el comercio, los servicios, las economías regionales, y el trabajo argentino, directo o indirecto que estos generan».
