El Concejo municipal aprobó en la sesión del miércoles la conformación de una mesa de trabajo entre autoridades nacionales, provinciales y municipales con los trabajadores de la cooperativa Linares-Trechel, con el objetivo de abordar en conjunto una estrategia de acompañamiento a estos últimos para garantizar la continuidad de las fuentes laborales. Tras ocho años desde la primera presentación de este mismo proyecto por parte del bloque de Ciudad Futura, la legislatura municipal dio el visto bueno a esta iniciativa que busca, además, darle un rostro más resolutivo al organismo. Desde la embotelladora demuestran optimismo y mucha emoción por lo que definen como “un pasito más que se dio para nosotros y para la cooperativa”.
La fábrica de embotellados Trechel, ubicada en avenida Caseros 160, que otrora fuera el corazón del histórico barrio Refinería, se encuentra desde hace ocho años en un litigio que tiene como contraparte al empresario gastronómico Gabriel Mana, quien afirma ser el dueño de los terrenos en donde está emplazada la empresa. Tras la compra irregular de parcelas linderas, Mana se encuentra en un litigio con el Estado que hace cuatro años ascendió hasta los despachos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y desde entonces no ha tenido noticia. En ese marco, los trabajadores de la embotelladora han resistido tanto a los embates de la crisis desatada desde el 2017 como a la pandemia de coronavirus.
La resolución “tiene una doble importancia” dice Juan Monteverde, concejal por Ciudad Futura. Inicialmente, “es la primera vez que el consejo se mete de lleno para resolver el conflicto de las tierras de Puerto Norte”, las cuales son las últimas tierras de propiedad fiscal en la ciudad, y en segundo lugar, “esto es un conflicto de tierras que viene de hace algunos años, pero que además es una oportunidad para la ciudad” y explica que “lo que plantea el proyecto es una mesa de trabajo concretamente entre los trabajadores de la cooperativa Linares-Trechel, las secretarías de planeamiento y de producción de la municipalidad de Rosario y el ministerio de producción de la provincia de Santa Fe y la Agencia de Administración Nacional de Bienes del Estado (AABE), que es el propietario de la tierra”.
Trechel espera hace cuatro años que la Corte nacional falle sobre los terrenos donde funciona
Monteverde relata que además de promover desde el concejo municipal un espacio de trabajo para elaborar un acompañamiento a la cooperativa, la idea es llevar éste conflicto al “ámbito natural del debate sobre la tierra en la ciudad” para encontrar una solución que contemple los intereses de la ciudad sobre todo y que además se preserve la fuente laboral de Trechel. A su vez, esta iniciativa tiene como trasfondo dos cuestiones: la transformación y el cuidado de las tierras de la Unidad de Gestión 3 (UG3) y de las 70 familias que habitan en el barrio popular Islas Malvinas, y la realización de una “intervención inteligente” que busca subdividir todo ese sector y así poder plantear una “gestión social” de las tierras, retomando la iniciativa de una inmobiliaria pública.
Una tercera vía: la gestión pública
“Nosotros vamos a llevar nuestra postura, que es que la UG3 puede ser la gran oportunidad para poner en marcha la inmobiliaria pública de Rosario” dice Monteverde, “Es decir, que el Estado no solamente regule los usos del suelo, las normas urbanísticas, sino que además pueda hacer experiencias de desarrollo urbano concreto”.
Monteverde explica a este diario que «cada vez que aparece la idea de lo público en sectores que hoy están monopolizados por el mercado, muchas veces aparece la idea de empresas testigo”, perspectiva que entiende como tan solo “una parte” y amplía su idea: “Para nosotros es mucho más interesante la idea de lo alternativo. Hay un debate de muchísimos años entre lo público y lo privado, estaticemos todo o privaticemos todo. Para nosotros la idea de lo público es una tercera vía eficiente y que puede mostrar muchos mejores resultados. Creemos que cuando hablamos de inmobiliaria pública, el Estado es un actor más pero después están (las) cooperativas, (las) organizaciones sociales, mutuales, distintas formas que tienen que ver no con lo privado, pero tampoco con el Estado”. “Corren al Estado de un rol protagónico para colocar a otros actores del orden social a participar de la iniciativa”.
Desde este enfoque, la experiencia de desarrollo de la UG3 sería protagonizada por distintas operaciones de distintos tamaños de desarrolladores, con la posibilidad de integración de cooperativas y mutuales. Monteverde no descarta la participación del Estado e “incluso privados de una escala pequeña”. Según él, con los recursos que se obtendrían, además de desarrollar la zona y de garantizar viviendas para las familias que viven desde hace casi tres décadas en esos terrenos, “hay que usar muchos de esos recursos para la reconversión de (el barrio) Refinería, para que no se produzca un proceso de gentrificación, sino que pueda mejorar para sus habitantes”. “Esa es la operatoria integral que estamos pensando en ese sector, y que la cooperativa quede en ese sector porque siempre hay que combinar producción y vivienda”.
Proponen vivienda pública de alquiler en el plan de revitalización del centro
El joven militante es crítico con el actual sistema de construcción estatal y de desarrollo inmobiliario privado, y argumenta que “la gestión social de lo público puede brindar una alternativa, la inmobiliaria pública es eso. Está el mercado privado, están las inmobiliarias, están las constructoras, están los desarrolladores, que son los que se encargan de construir, básicamente, el 90% de la ciudad. Y después está el Estado que construye muchas veces solamente para un sector social, construye poco y en las afueras de la ciudad, sin conectividad, construye muchas veces de mala calidad. Entonces la idea es generar elementos mucho más dinámicos”. “La inmobiliaria pública es ni más ni menos que una alternativa para el mercado monopolizado del sector privado” destaca Monteverde.
Lo que sigue es que desde el concejo se convoque a los actores señalados en la letra de la norma “y empezar a trabajar”. Con este proyecto aprobado anoche en la sesión, se busca que el consejo “sea la caja de resonancia de los conflictos de la sociedad” pero a su vez imprimirle una faceta más dinámica y resolutiva de esos conflictos: “Creemos que en este momento particular de la historia, (la legislatura municipal) tiene que jugar un rol mucho más ejecutivo, de destrabar cosas, de sentar actores en la mesa, de tener la mirada cerca de los procesos para que las cosas realmente terminen ocurriendo. No generar espacios de deliberación, sino de trabajo” esgrimió el edil de Ciudad Futura.
El optimismo de la voluntad
“Sabía que iba a pasar pero no pensé que iba a suceder tan pronto” dice Carlos Gavio, presidente de la cooperativa Linares Trechel, y describe a este diario que “en el momento, cuando nos nombraron y nos aplaudieron, se me hizo la piel de gallina”. “Después de tantos años de tener el expediente cajoneado, fue una emoción bastante grande. Es un pasito más que se dio para nosotros y para la cooperativa. Tengo fe de que va a salir todo bien” expresó el cooperativista.
Destacó el acompañamiento de los integrantes de Ciudad Futura para con los trabajadores durante los últimos años desde la primera presentación del proyecto para la organización de la mesa de trabajo. “Yo estoy dispuesto al diálogo en cualquier momento con todo el mundo. Todo lo que pueda ayudar a nuestra cooperativa es bienvenido”. Para Gavio, lo más importante sigue siendo defender los puestos de trabajo, para que el día de mañana «les quede todo esto» a los compañeros que son más jóvenes y que integran la cooperativa.
Sobre el litigio sostenido, ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gavio afirma que no ha habido absolutamente ninguna novedad, y que sigue, aunque expectante, optimista frente a la resolución que decidirá el futuro de las tierras donde está establecida la fábrica.
