La norma que establece el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública Municipal se aprobó en la sesión del 2 de julio y forma parte de un largo proceso iniciado en 2018.
La injerencia del protocolo será para toda entidad u organismo que dependa de la Municipalidad, así como los ámbitos que a futuro se incorporen; abarca a los organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas o sociedades del Estado Municipal, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria y el Concejo Municipal.
Dentro de sus objetivos se plantea “garantizar un ambiente libre de discriminación, hostigamiento y violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ+”. También se propone promover condiciones de igualdad y equidad, generar acciones destinadas a la prevención, difusión y capacitación del personal municipal; establecer canales de comunicación pertinentes para efectuar la difusión de los marcos normativos vigentes y el presente protocolo”.
Otros propósitos son “adoptar medidas tendientes a la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ+” y trabajar en la sensibilización, capacitación, investigación e información para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y personas del colectivo de la diversidad.
El protocolo se aplicará en aquellas conductas que impliquen situaciones de violencia de género. Es decir “todas aquellas conductas, acciones u omisiones que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y basadas en una relación desigual de poder, afecten la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de las mujeres cisgénero, transgénero y personas LGBTIQ+”. Dentro de los tipos de violencia se incluye violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política.
La presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, valoró la iniciativa acordada desde la comisión de Feminismos y Disidencias: “Quiero decirle a los varones del recinto, que está muy bien que estemos sentadas acá las mujeres porque cuando pregunto en cualquier lugar quién ha sido victima de algún tipo de violencia de género, las que levantan la mano por unanimidad , son las mujeres. La violencia es ejercida por esta sociedad patriarcal hace muchísimos años, siglos. Desde que entendimos que vivíamos en una sociedad violenta y patriarcal, empezamos a denunciar y por eso en un protocolo de violencia tienen que ser protagonistas las mujeres, no porque no creamos que los hombres no deban acompañar los cambios que el feminismo propone, sino porque no son víctimas de violencias por el mero hecho de ser hombres, sí las mujeres, sí las personas tran, sí todo el colectivo LGBTIQ+. Por eso tenemos que construirlo entre todas, por eso es que tenemos que ser protagonistas.”
La presidenta de la comisión de Feminismos y Disidencias, Caren Tepp, consideró “ imprescindible inscribir este protocolo en el contexto de avance de las mujeres y las disidencias en las instituciones”.
Además, ponderó el trabajo que se dio al expediente en el marco de la comisión creada a fines del año pasado. “La forma generosa de trabajo que nos dimos, nos permitió llegar a una redacción conjunta, que sin mezquindades toma lo mejor de cada uno de los proyectos elaborados desde las distintas fuerzas políticas, además de consensuarlo con los equipos de la nueva Secretaría de Género y Derechos Humanos del municipio” .
En el mismo sentido concluyó: “Es una victoria de todas, hemos conquistado una herramienta para enfrentar la reproducción de las violencias machistas en nuestros espacios de trabajo, para desarrollarnos en condiciones de igualdad, de manera libre y segura”.
Un largo camino
La ordenanza aprobada este jueves tuvo su origen en la presentación de un primer expediente por parte de Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, a mediados de 2018. La iniciativa refería a un Protocolo para garantizar los derechos de las trabajadoras y edilas frente a situaciones de agresión o violencia en el ámbito institucional del Concejo Municipal, y sus dependencias.
Acompañaron esa propuesta original, Norma López, del Frente de Todos-PJ; la ex concejala Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular; María Eugenia Schmuck, del bloque Radical; y Caren Tepp, de Ciudad Futura .
Luego ingresaron iniciativas desde otros bloques. Entre ellas, la adhesión al protocolo municipal instrumentado en 2018 por la ex intendenta Mónica Fein, expediente presentado por Verónica Irizar y demás integrantes del bloque Socialista; otro protocolo de actuación para el ámbito municipal impulsado por Ciudad Futura- FSP; y otro proyecto para establecer un procedimiento para la atención de violencia, acoso sexual y actos de discriminación, ingresado por Daniela León, de Unión Cívica Radical- Juntos por el Cambio, y acompañado por las concejalas Norma López, Ana Laura Martínez, Alejandro Roselló y Germana Figueroa Casas.
La ordenanza que se aprobó el jueves fue una propuesta consensuada y superadora que tuvo en cuenta distintas miradas en un contexto de reivindicaciones de las mujeres y quienes integran el colectivo LGBTIQ+ .
“Con mucho esfuerzo, avances y retrocesos, desde el año 2007 se plantearon propuestas de leyes nacionales y provinciales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, hasta su sanción en el año 2009. Pero en los distintos niveles del Estado, pasó más de una década para que esas leyes se convirtieran en disposiciones administrativas que protejan concretamente a trabajadoras y funcionarias para el desarrollo de sus actividades en entornos sin violencia de género”, expresó Magnani, quien en el marco de la sesión del jueves afirmó que la norma aprobada es “un legado presente y para futuras generaciones”.
Para la autora del proyecto “al no existir sanción ante la violencia, y protocolos de actuación para prevenirla, los estados posibilitaban su continuidad”. Por eso consideró que “avanzar en mecanismos claros de denuncia y sanciones administrativas es la forma de garantizarle a las trabajadoras mujeres y transgénero de la administración pública un entorno laboral libres de violencias machistas”.
