El Concejo Municipal aprobó por mayoría calificada reglamentaria la emergencia del sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad por el plazo de 24 meses. La decisión, que llegó en el marco de un nuevo paro de choferes de colectivos, habilita al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias para salir de la crisis y garantizar la efectiva prestación del servicio. En principio el período especial será de dos años, pero la emergencia culminará si los pasajeros mensuales alcanzan el 90% de los que hubo en octubre de 2019, cuando el pago de boletos representaba el 55% de los fondos que ingresaron al sistema.
La ordenanza fue aprobada con 19 votos a favor y con las abstenciones del interbloque Juntos por el Cambio y del bloque Iniciativa Popular. En tanto, el bloque Frente de Todos, que integran tres ediles, votó en contra.
Rediseño
La declaración de la emergencia habilita al Ejecutivo municipal a rediseñar el sistema Pde transporte de pasajeros, mediante la redefinición de líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, nuevos requerimientos técnicos de flota, recorridos, ramales, paradas, paradores y demás cuestiones operativas, según se adapten las nuevas necesidades de la pandemia.
También podrá renegociar los contratos de transporte vigentes, teniendo en cuenta la preservación de la calidad del servicio y el cumplimiento de los parámetros sanitarios; el interés de los usuarios y la accesibilidad al servicio; la seguridad del sistema; y la ecuación económico financiera de la concesión.
Para ello podrán proponerse y acordarse operaciones que tiendan a la continuidad del contrato y a la prestación de un servicio conveniente para el interés público.
La Secretaría de Movilidad elevará cada 90 días al Concejo Municipal un informe de las medidas implementadas. En tanto, el Ejecutivo gestionará convenios con el Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia para involucrar a todos los niveles del Estado en el sostenimiento del servicio.
La ordenanza además crea la Comisión de Seguimiento de la Emergencia del TUP, que estará integrada por el directorio del Ente de la Movilidad de Rosario, tres concejales, un representante de cada empresa prestataria, y un integrante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes.
A favor
“El objetivo que tenemos a partir de hoy es que no dure dos años la emergencia. Como dice la ordenanza aprobada, el intendente trabajará para que esta situación se caiga porque el sistema recuperó la recaudación por la venta de pasajes y porque el índice de pasajeros por kilómetro recorrido volvió a los valores previos a la pandemia. Es nuestro compromiso, rediseñar un sistema que nos permita volver a subirnos al transporte urbano de pasajeros”, explicó la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck.
Desde el bloque de Roy López Molina y Agapito Blanco destacaron que “con la declaración se evitó la estatización del servicio”. “Esta excepción era la última opción para salvar al transporte, porque la derrota definitiva sería que la Municipalidad se tenga que hacer cargo; nunca estuvo en condiciones, mucho menos ahora”, cuestionaron.
Por su parte desde el bloque Ciudad Futura propusieron acortar el plazo de la emergencia, dotar de más facultades a la Comisión de Seguimiento y que no se pueda tocar el cuadro de tarifas de los colectivos.
“La pandemia no es la causa de la crisis del transporte, pero hoy se constituye en una amenaza cierta a la subsistencia del propio sistema. Los más de 80 días de paro de colectivos en nuestra ciudad son un testimonio bastante expresivo de eso. La enorme caída en la cantidad de pasajeros y esa fuente de recaudación hace que ya ni los subsidios alcancen para sostener el sistema. Ya no se trata de oficialismo u oposición. Si lo que queremos es no desproteger a los que necesitan del colectivo para ir a trabajar todos los días, y a las 1.700 fuentes laborales que comprenden el transporte urbano, algo tenemos que hacer. Y las mezquindades, la politiquería, no son una opción”, señalaron.
Desde el bloque Socialista apoyaron la iniciativa para que “no colapse el servicio” de colectivos. “Si no tomamos medidas inmediatas que garanticen el sostenimiento del transporte, corremos el riesgo de que las empresas se retiren de la ciudad. Estas medidas que tome el intendente en renegociación de contratos con las empresas deberán sostener la conectividad de todos los barrios y los puestos de trabajo”, señalaron.
Desde la bancada de Unidad Ciudadana, en tanto, explicaron que “la crisis del transporte se da porque Cambiemos dolariza el precio de los combustibles, genera tres grandes devaluaciones y quita los subsidios al interior”, apuntando al anterior gobierno de Mauricio Macri por la crisis actual. “Ahora el gobierno nacional ha triplicado el envío de fondos para sostener el sistema, además de negociar con las empresas de combustibles el congelamiento de las tarifas. La pandemia y la consecuente baja de pasajeros pone en crisis el sistema y entendemos que es necesario preservar, fundamentalmente, la estabilidad laboral de 1.749 familias, por eso es necesario renegociar las condiciones del servicio, llegando a un acuerdo entre el Estado y las empresas”, expresaron.
En contra
En tanto, el bloque del Frente de Todos votó negativamente el proyecto. “La coyuntura no puede convertirse en argumento para que los empresarios del sector se lleven puesto el transporte público de la pospandemia”, argumentaron en un comunicado Eduardo Toniolli, Norma López y Alejandra Gómez Sáenz.
“Coincidimos con la idea de que el TUP está en emergencia producto de una crisis previa, y por la caída de usuarios como consecuencia de la pandemia. Pero si tenemos en cuenta que, en comparación con 2019, el transporte urbano de pasajeros de Rosario va a recibir en 2021 un 460% más de recursos del Estado provincial y 278% más de Nación, entendemos que hay señales que nos brindan certezas para el futuro cercano”, aseguraron.
Los ediles justicialistas presentaron una alternativa –desestimada por el oficialismo– que proponía que el intendente, luego de renegociar los contratos con las empresas prestadoras del servicio, enviara los nuevos contratos al Concejo Municipal para su ratificación o rectificación. “El proyecto del Ejecutivo plantea una serie de fines a cumplirse en la negociación con las empresas que resulta previsible que entren en tensión. El Estado deberá buscar un equilibrio para que no se resuelva vulnerando los derechos de los usuarios, y el garante tiene que ser el cuerpo legislativo local”, apuntaron.
