Culminado el receso invernal, el Concejo Municipal retomará la actividad con el tratamiento de aquí a fin de año de algunos temas medulares para el futuro de la ciudad. Antes de que llegue el 2013 quedará establecido qué sucederá con las tres cocheras subterráneas propuestas por el Ejecutivo con el fin de disuadir el tránsito vehicular privado en la zona céntrica. También, en tanto, el Palacio Vasallo será escenario de un fuerte debate sobre el uso que se les dará a las imágenes que captan las cámaras de seguridad, que para diciembre serán ya unas cien en Rosario. Finalmente, se estima que en las próximas semanas llegará al recinto el proyecto oficial para limitar la construcción en altura fuera del área céntrica y macrocéntrica (ver aparte).
El tema que el oficialismo establecerá como prioritario será el debate por la aprobación y puesta en marcha de las cocheras subterráneas. En las últimas horas la novedad fue (como él mismo se lo ratificó al El Ciudadano) la solicitud de preferencia propuesta por el justicialista Diego Giuliano para tratar exclusivamente la construcción del estacionamiento soterrado en la Plaza del Foro, ubicada “frente” a los Tribunales Provinciales. Los otros dos espacios propuestos por el Ejecutivo son debajo del Distrito Centro (en la zona de presidente Roca y el río) y la plaza San Martín, idea ésta última que más polémica ha traído.
Sin embargo, el oficialismo buscará avanzar en el Concejo con su idea de salir a licitar las tres cocheras subterráneas de forma conjunta y en el marco de un mismo proyecto de ordenanza. Así, desde hoy se comenzará a intensificar la búsqueda de consensos y se espera un final muy ajustado.
El proyecto del Ejecutivo hasta ahora recaló sólo en la comisión de Gobierno, y debe pasar también por la de Ecología y Medio Ambiente, y por la de Planeamiento y Urbanismo. En cada una de ellas (que cuentan con siete ediles), el socialismo necesita por lo menos la firma de cuatro para llevar el proyecto a la sesión y que luego, con la mitad más uno, se convierta en ordenanza.
Con todo, la llave para abrir la puerta que allane el camino estará en manos del PRO, que cuenta con cuatro ediles. Uno de ellos, Roy López Molina (en la misma sintonía que él actuarán Alejandro Roselló y María Julia Bonifacio) ya ha salido en las últimas horas a señalar que, con retoques, le dará su visto bueno a la idea de avanzar con las tres cocheras juntas. En tanto, en diálogo con este diario la cuarta concejala en cuestión, Laura Weskamp, sostuvo que tal como está planteada no acompañará el proyecto del oficialismo. En total, los tres estacionamientos sumarán 1.700 plazas más a la ciudad. El proyecto es el último tema pendiente (tras la puesta en marcha de los carriles exclusivos) del Plan de Movilidad que elaboró la ciudad.
En tanto, otra cuestión sobre la que el oficialismo pedirá preferencia es la regulación integral del uso legal que se les dará a las cámaras de seguridad, que a fin de año serán ya 100 en la ciudad.
En absoluto hermetismo, los ediles Manuel Sciutto y Viviana Foresi ingresaron en el Palacio Vasallo el proyecto oficial para regular el tratamiento de las imágenes que se obtienen de esos equipos. Como ya fuera publicado por este medio, el puntos que promete traer el debate más ríspido es la idea de modificar el Código Municipal de Faltas para que el material que esas lentes captan pueda ser utilizado como elemento de prueba para sancionar infracciones de tránsito y demás tipos de contravenciones urbanas . Las cámaras de seguridad aún no tienen una ley que las “discipline” no sólo en la ciudad, sino tampoco en la provincia.
A nivel local, en rigor, el Ejecutivo ya había enviado al Palacio Vasallo un mensaje a principios de año pidiendo sólo esa modificación en el Código de Faltas para poder cobrar multas con las nuevas cámaras, pero la misma no reunió el consenso necesario en la comisión de Gobierno y la idea quedó archivada.
Lo cierto es que en este caso el gobierno local las tiene más complicadas ya que no cuenta aún con los votos necesarios para avanzar. Desde el PRO, al menos hasta ahora, se han manifestado en contra del “nuevo” uso que se les quiere dar a los equipos. En tanto, ya se han expresado públicamente en el mismo sentido Roberto Sukerman (del Frente para la Victoria), Giuliano y el radical Boasso. Todos los argumentos tienen, en líneas generales, las mismas razones; que la propuesta oficial sólo tiene afán “recaudatorio” y que así “desnaturaliza” el objetivo de las videocámaras, que es el de prevenir hechos delictivos, es decir, “seguridad”. En tanto, el oficialismo plantea que sería “absurdo” no hacer uso de estas nuevas tecnologías para controlar.
El tope en los barrios también llega en breve
El otro gran tema que marcará un antes y un después en la configuración urbanística y arquitectónica de los barrios de la ciudad es la normativa que le impondrá algunos límites a la construcción de edificios fuera del centro y macrocentro. En el Ejecutivo habían prometido que para los primeros días de agosto el proyecto estaría ya en el Palacio Vasallo. En rigor, la iniciativa había sido elaborada por la ex secretaria de Planeamiento Mirtha Levín, todo bajo el mandato del entonces intendente Miguel Lisfchitz.
Si bien el proyecto había sido presentado públicamente a fines de 2011 y se prometía por entonces de inmediato enviarlo al Concejo, Pablo Barese, quien llego a la Secretaría de Planeamiento de la mano de Mónica Fein, decidió tomarse unos meses más para buscar consenso con los sectores involucrados. Es que la iniciativa es resistida por los empresarios de compañías constructoras y las inmobiliarias de la ciudad.
Si bien la normativa es bien compleja, a grandes rasgos no habrá grandes cambios y lo que se propondrá en el recinto es que en los barrios se pueda construir en el futuro hasta 13 metros de alto, mientras que en las avenidas que los surcan la altura variará entre los 19 y los 30 metros. En tanto, también hay zonas especiales como los frentes de Oroño al sur, entre Seguí y Batlle y Ordóñez, donde los permisos se extenderán hasta los 45 metros. Como lo publicara ayer este medio, en sectores como Arroyito y Alberdi están pidiendo con fuerza que los topes lleguen ya que, dicen, las torres están afectado la fisonomía y la calidad de vida en esas zonas
