Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Sería sencillo caer en la opinión negativa y generalizada sobre la economía argentina luego de diez años de estancamiento o caída de la misma. Sin embargo, en rigor de verdad, con los últimos datos macroeconómicos a la vista y en el contexto geopolítico de pospandemia, podemos pronosticar que al menos los dos años siguientes serán de crecimiento económico.
Para comprender y fundamentar esta opinión es necesario analizar el contexto y el pasado inmediato a la situación actual. Porque la Argentina no solo arrastra 13 meses (marzo 2020 / abril 2021) de parálisis industrial producto de la pandemia, sino también hay que sumarle los 4 años anteriores a la misma donde se aplicaron políticas anti-industriales, como la apertura indiscriminada de importaciones, altas tasas de interés, liberación del mercado de cambios que se tradujo en fuga de capitales y desinversión local, debilitamiento del poder adquisitivo del salario y, en consecuencia, del mercado interno.
Esto hizo que el índice que mide el porcentaje de utilización de las maquinarias disponibles en el país para la producción de bienes y servicios –Utilización de la Capacidad Instalada (UCI)– cayera al 56% en el fin del gobierno de Juntos por el Cambio y al 46% en el peor momento de la pandemia. Más allá de un mero número estadístico, este dato se traduce en la realidad como pérdida de puestos de trabajo industriales, que son aquellos mejor pagos y, por lo tanto, los que generan una mayor cantidad de empleo por consumo en el resto de la sociedad. En otras palabras, son los que impulsan el mercado interno y dan vida a los sectores del comercio y servicios.
Pero en el último trimestre, con la recuperación de las actividades industriales, esta tendencia negativa comenzó a revertirse, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hasta alcanzar el 65% en el mes de julio. Impulsado principalmente por los sectores de la producción metalúrgica (78%), minerales, refinación de petróleo (74%), papel y cartón (72,5%), este índice demuestra que paulatinamente se recupera el trabajo y la producción con las maquinarias disponibles. Teniendo en cuenta que se considera utilización plena a cifras cercanas al 90%, el gobierno aún conserva un gran margen para crecer sin más que proteger el mercado interno y garantizar la recuperación gradual del poder adquisitivo.
El contexto geopolítico de pospandemia ayudará a consolidar esta tendencia por un tiempo, dado que la gran mayoría de los países rompieron con el libre comercio, dando lugar a medidas proteccionistas para reactivar sus economías locales y recuperar los niveles de empleo y generación de riquezas, que la pandemia afectó. A esto hay que sumarle que, en estas circunstancias, las materias primas alimenticias (principal exportación argentina) suelen aumentar su demanda y precio internacional, por lo que se generará un ingreso mayor de divisas a las arcas del Banco Central. Asimismo, si se alcanzan esos niveles, como se lograron en el año 2011 (85%), significaría la creación de aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo, cuestión que abonará al rápido crecimiento del mercado interno.
No obstante, es importante tener en claro que ese crecimiento no significa la solución a los problemas estructurales y sistémicos que tiene el sistema productivo argentino, sino que sólo sería aprovechar al máximo la capacidad instalada con la que disponemos. En este caso, la historia reciente también nos sirve para demostrar que con eso no alcanza.
Sin ir más lejos, en ocasión de alcanzar la “ocupación plena” de la UCI en el año 2011, existía un 7% de argentinos en desocupación pura y un 10% dependiente de alguna asignación o plan social. Estas cifras demuestran que aun en el mejor año de los últimos 26, desde la flexibilización laboral de mediados de la década del 90, había más de 3 millones y medio de argentinos totalmente excluidos del mercado laboral. En ese momento, inexorablemente, para avanzar en la creación de empleo, había que aumentar la capacidad instalada, invertir en producción, desarrollar la industria nacional, sustituir importaciones. Pero la estructura económica del país continuaba mayormente en manos privadas y transnacionales (logística, aduana, comercio exterior, banca, producción, acopio y distribución). Entonces, con un poder adquisitivo en aumento, los poderes transnacionales asentados en estos sectores estratégicos, en vez de invertir y aumentar la producción, trasladaron cada aumento salarial a precios, deprimiendo la demanda interna para generar mayores saldos exportables, y dando inicio a un proceso inflacionario que permanece hasta estos días.
Desde ese preciso instante comenzó un ciclo de estancamiento de 4 años que, sumados a los 6 años posteriores de caída, totalizan los 10 años de nulo crecimiento para la economía nacional.
Es por todo lo expuesto que no alcanza con revitalizar o reactivar lo que se encuentra paralizado, sino que se necesita transformar este sistema productivo, propio de una economía altamente primarizada, dependiente de divisas y producción extranjera que deja afuera a gran parte de los argentinos y tiende a la concentración de las riquezas.
Sin lugar a dudas, la industrialización y sustitución de importaciones es el camino indicado para dejar a un lado la dependencia al dólar, recuperar el trabajo para todos los argentinos y marchar hacia la justicia social. Sería un error fatal, o un enorme y atroz acto de complicidad, volver a creer que ese cambio puede estar a cargo de quienes oprimen, aquellos que se benefician del sufrimiento del pueblo, y que aun con las mejores condiciones económicas decidieron no invertir y acumular ganancias en el extranjero a costas del sufrimiento del pueblo.
Resulta urgente que el Estado retome su rol estratégico en la conducción y planificación de la industrialización, dado que no encontraremos crecimiento sustentable en el tiempo respetando las bases estructurales del sistema económico liberal. Teniendo en cuenta el contexto de alta incertidumbre global, pero por sobre todas las cosas nuestra propia historia, el Estado es el único capaz de enfrentar este desafío y crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social.
Para reivindicarlo sólo hace falta decir la verdad: el Estado, a lo largo de la historia, es el actor principal en el desarrollo productivo de la Argentina. No existió industria manufacturera en gran escala antes de la nacionalización del comercio exterior de Juan Manuel de Rosas, tampoco industria energética antes de YPF. No existió industria naval antes del Astillero Río Santiago, ni nuclear antes de CNEA, ni siderúrgica antes de Somisa.
Solo a modo de ejemplo, casos como YPF o la Dirección General de Fabricaciones Militares desde su creación potenciaron el surgimiento de gran cantidad de industrias estratégicas, junto a sus proveedores, creando cientos de miles de puestos de trabajo con alta capacitación técnica. En materia de desarrollo e innovación, empresas públicas como Investigación Aplicada (Invap), CNEA, Instituto Balseiro y Arsat demostraron que el Estado argentino, con empresarios asociados y sus trabajadores, son capaces de llegar a la más alta calidad, asumir riesgos, exportar conocimientos y desenvolverse exitosamente.
Hoy más que nunca, en un contexto de falta de trabajo, escasez de divisas y altos niveles de pobreza; la necesaria sustitución de importaciones la debe conducir el Estado desde el sector estratégico para, una vez más, lograr una explosión de trabajo en el sector privado. El Pueblo argentino no puede esperar más; es urgente volver a recuperar la asociación virtuosa entre el capital social y privado, que, en otras palabras, es volver al modelo de desarrollo nacional.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
