Maximiliano Zamudio tenía 16 años cuando un prefecto lo mató de dos tiros en la puerta de su casa de barrio Tablada a mediados de 2015. Seis testigos declararon haber presenciado un fusilamiento, pero el agente federal dijo que actuó en legítima defensa porque creyó que el adolescente estaba armado. Su relato alcanzó para que la causa se archive dos veces. Pero otras dos debió ser desarchivada por el insistente pedido de justicia de los familiares del muchacho, sus abogados querellantes y organizaciones sociales que denunciaron gatillo fácil, como se denominan los casos de ejecución sumaria seguida de muerte. Finalmente en diciembre pasado el agente Ariel Condori Apaza, de 35 años, fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y este lunes, la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci le comunicó a la familia de la víctima su decisión de elevar la causa a juicio oral y concretar la audiencia preliminar lo antes posible.
“Queremos que pague lo que hizo. Porque no mató a un perro, mató a un nene de 16 años que no se merecía eso, se merecía estar con nosotros”, dijo su mamá María que calificó la reunión con la fiscal Bartocci como “un avance muy importante” porque después de luchar durante casi cuatro años para que el prefecto que le disparó a su hijo sea juzgado se logró llevarlo a juicio.
“Pasaron casi cuatro años pero parece que fue ayer. El dolor es cada vez más fuerte sin él. Nunca dejamos de luchar para que esto pase. Con lluvia o sin lluvia, con frío o sin frío, con calor o sin calor siempre estábamos en la Fiscalía. Y después de dos archivos de la causa que nos den esta noticia es un avance: van a juzgar al asesino de Maxi, más que nunca está prohibido olvidar”, dijo María.
En la misma línea se expresó Salvador Vera, uno de los abogados querellantes: “No es para nada menor que una causa sobreviva después de dos archivos. Sobre todo tratándose de la ejecución sumaria de un pibe de barrio. El prefecto aún está en libertad y desde la querella esperamos llegar a la audiencia preliminar con una detención, porque ninguna persona acusada de un delito con una pena de expectativa tan alta llega a esa instancia en libertad”.
El crimen
Maximiliano fue asesinado la noche del 27 de mayo de 2015 en la vereda de Patricias Argentinas al 4300 de barrio Tablada. Alrededor de las 22 el prefecto Condori Apaza conducía un viejo Ford Falcon por calle Colón a la misma altura y dobló muy despacio por la calle de tierra. Según testimonios recolectados en la causa, vecinos escucharon que el prefecto llamó desde el auto a Maxi que estaba en la puerta de su casa. El muchacho se acercó a la ventanilla y después de un intercambio de palabras se escucharon dos detonaciones y el adolescente cayó al piso. Según esas versiones, el prefecto bajó del auto, le pegó una patada lo remató tras volver a gatillarle en la cabeza.
Un informe que reconstruye la mecánica del crimen indica el hallazgo de dos vainas servidas en el suelo y una tercera dentro del Ford Falcon. Según esa pericia, el muchacho tenía un disparo de frente en la zona axilar y otro en la cabeza de atrás hacia adelante.
En su descargo, el prefecto reconoció que disparó pero dijo que lo hizo en legítima defensa ante un intento de robo por parte del adolescente, porque supuso que tenía un arma. Declaró que esa noche había ido al lugar a buscar un equipo de música a la casa de una conocida, quien declaró en la causa.
El primer fiscal que investigó el homicidio fue Miguel Moreno, quien dejó que el prefecto continúe en sus funciones y en libertad hasta marzo de 2017 que archivó la causa.
La lucha de la familia permitió que el caso sea desarchivado y se le designe al fiscal Rafael Coria, quien volvió a solicitar el archivo, decisión que también lograron revertir las organizaciones sociales y la lucha de los familiares. Así la causa llegó, en julio pasado, a la fiscal de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional Karina Bartocci quien en diciembre imputó al prefecto por homicidio agravado.
