“Llevan una vida dedicada a falsear datos y todo lo que uno encuentra en relación a ellos es de difícil comprobación”. La frase es de la fiscal santafesina María Laura Urquiza, de Delitos Complejos, al ser consultada sobre una banda interprovincial integrada por miembros de una comunidad gitana, quienes están acusados de estafar telefónicamente a personas mayores por medio del llamado cuento del tío.
Entre junio y julio, seis integrantes de la gavilla fueron detenidos e imputados, pero en un solo caso se logró comprobar en forma fehaciente los datos personales de los sospechosos. Los demás cinco representaron un insólito impedimento al ser investigados: no figuran en el sistema nacional de huellas dactilares porque no fueron inscriptos por sus padres al nacer. Sólo hay rastros de su existencia en causas penales que se les siguen en varias ciudades, pero en ellas aparecen con distintos nombres. Sólo coinciden los rostros. Tampoco poseen domicilio fijo.
In fraganti
El 10 de junio cinco hombres fueron detenidos en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Dos de ellos se disponían a retirar dinero que le habían sacado a una víctima, mediante la modalidad cuento del tío: se hicieron pasar por familiares y lograron convencer a una señora mayor de que les entregara la plata que tenía en el banco para hacer un cambio de billetes porque, según ellos, entraban en período de vencimiento. Los otros tres fueron arrestados cuando esperaban en inmediaciones de calle Suipacha y Belgrano en una Ford Ranger.
La Fiscalía de Santa Fe, reticente a brindar identidades, divulgó sólo sus supuestas siglas: RSM (29), MJT (31), AT (39), ADT (37) y PT (29). Fueron imputados por el delito de asociación ilícita en calidad de miembros; la coautoría del delito de estafas reiteradas (en cuatro oportunidades) y la coautoría del delito de tentativa de estafas (en dos oportunidades). Se cree que con las artimañas discursivas consiguieron 5 millones 600 mil pesos. “De todos modos, estamos trabajando en alrededor de 20 hechos más cometidos en la ciudad de Santa Fe. Asimismo, contamos con evidencias que indican que también cometieron los mismos delitos en otros provincias del país”, dijeron los fiscales en conferencia de prensa.
La investigación un mes después llegó al cabecilla, el sospechoso de ser la voz convincente que estafaba a los ancianos crédulos al otro lado del teléfono. Después de moverse por Córdoba, Tucumán, Chaco y Corrientes, recolectando dinero para pagar abogados para que sus cómplices pudieran recuperar la libertad, Diego M. (32) fue detenido en una pensión de la localidad correntina de Empedrado. “Es la voz, el que genera el cuento. Además, tenía a su cargo la distribución territorial de los grupos de buscadores y determinaba en qué momento y con qué vehículos se cometían los hechos”, señaló la fiscal sobre el capo gitano.
Diego M. quedó preso, imputado como miembro de una asociación ilícita como organizador, en concurso real con estafas reiteradas. Además de los hechos atribuidos a las primeras personas detenidas e imputadas en la causa, se le atribuyeron siete hechos consumados más del año 2018 en las ciudades de San Javier, San Justo y Santa Fe.
Ni de aquí ni de allá
Sin embargo, y pese a que la investigación se encuentra avanzada y con sospechosos presos, la fiscal Urquiza mencionó ante la prensa un escollo llamativo. Tres de los primeros cinco imputados no serían las personas que dicen ser, y de los otros dos no se sabe nada. La Justicia aún no pudo comprobar que tengan una identidad que se pueda hallar en los registros del Estado, ni siquiera tienen un domicilio fijo. “Estamos en condiciones de asegurar que tres no son la persona que dijeron ser, presentaron documentación falsa y demás. Llevan una vida dedicada a falsear datos y todo lo que uno encuentra en relación a ellos es de difícil comprobación”, dijo la funcionaria del MPA al portal LT10.
En relación a la posibilidad de que queden en libertad por esta circunstancia, Urquiza aclaró: “No necesariamente. Porque si bien no se puede determinar hasta el momento la identidad, sí se puede determinar de que pertenecen a esta asociación ilícita”. De la misma forma, advirtió que no se le podría dar la libertad a una persona “de la cual no tenemos conocimiento, apellido, nombre, DNI”.
Romaní
Además, a la identidad difusa se sumó un ardid lingüístico: “Cuando están delante de la gente en general hablan en un dialecto similar al romaní. Tampoco podemos comprender lo que están diciendo”, dijo la fiscal, quien cerró: “Van a seguir los trámites respectivos para lograr la identificación correcta y registración de cada uno de ellos. Porque llegado el caso de que lleguemos a un acuerdo abreviado o un juicio en donde se los condene, tenemos que saber su identidad”.
