El defensor Leonel Iesari, abogado de Mariana Ortigala presentó una denuncia contra los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno ante el auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Leandro Mai, por no respetar el principio de objetividad, el no respeto por los Derechos Humanos, e incumplir con el deber de protección respecto Ortigala en la causa donde se la investiga.
El letrado recordó que su cliente fue testigo en el caso Alvarado y colaboró brindando informaciones a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en distintas causas. Debido a ello recibió diversas amenazas y en marzo del 2020 fue baleada.
Iesari dijo que pidió durante la audiencia imputativa a su cliente y otras personas entre ellas Ariel “Guille” Cantero por extorsión, que no se pasara el video del allanamiento a la casa de Ortigala donde se ventilaba su vínculo de informante con Edery, pero los fiscales insistieron y el video se pasó. Allí la mujer dijo que uno de los celulares lo usaba exclusivamente para pasarle información al fiscal Edery.
A lo que agregó que esa noche hubo un ataque armado a una estación de servicios en Rondeau y Marull donde se dejó una nota intimidante donde se nombre a Edery y su cliente.
Durante la audiencia que duró tres días los fiscales contaron que se estaba peritando ese aparato y quisieron brindar la información que habían recabado a lo que el defensor se negó. La jueza hizo lugar al pedido fiscal y los chats se ventilaron durante el pedido de la prisión preventiva para fundamentar, según expresaron, la peligrosidad procesal.
El letrado dijo que la exhibición de los chats entre su cliente y el fiscal Matías Edery la dejó en “un estado de riesgo” y dijo que la información que se ventiló “no era relevante para la causa de fondo”. Explicó que esta referencia lo hizo antes, durante y después lo formalizó en una denuncia.
“La misma jueza no valoró ni tomó en cuenta las capturas como la causal que le quisieron imputar para alegar un riesgo procesal” y agregó que la Fiscalía lo “disfrazó para ventilarlo públicamente”.
Iesari dijo a El Ciudadano que no está en contra de que se investigue a Edery y a Ortigala por el delito que se le imputó, pero explicó que más allá de la imputación se exhibió información que se debía cautelar, no solo para dañar a la institución a la que pertenecen los fiscales Socca y Moreno sino también para quienes aportan información se sientan resguardados, concluyó.
