Ernesto Jauretche (*)
El asunto de la toma de tierras es un conflicto que afecta a todas las naciones donde impera una injusta distribución de la riqueza.
El célebre Movimiento de los Sin Tierra del Brasil, la pelea por las parcelas andinas en Perú que relataba Manuel Scorza, las masacres campesinas de los cafetaleros en Guatemala, la antigua y siempre vigente consigna zapatista de la revolución mexicana “Tierra y Libertad” son ejemplos de la disputa por la tierra que ocurre en toda nuestra América.
Nadie puede no saber de las diarias denuncias de los mapuches en nuestra Patagonia.
Y sin ir tan lejos de aquí, de la ciudad de La Plata: son derechos sagrados para nuestra Iglesia Católica el Trabajo, y también la Tierra para los campesinos y el Techo para la familia y los hijos. Sí: derechos. Eso sí, son derechos los que se conquistan, los que se ejercen, los que se materializan. No los que cuentan y discursean los demagogos, los políticos mentirosos.
Los argentinos no podemos hacernos los distraídos: en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, siempre, desde los años de 1930 por lo menos, han existido y existen poblaciones desamparadas que salen a recuperar un pedazo de tierra urbana donde vivir y donde morir. ¿Por qué? Porque son trabajadores que necesitan un rincón, por precario que sea, donde descansar y procrear, donde educar y criar a sus hijos. A partir de esas decisiones audaces y de sacrificios sin límites se han formado lo que hoy son barriadas prósperas y felices.
Menos aún tenemos derecho a ignorar que existe una doble vara en la calificación de las tomas de tierra por familias necesitadas: el principio de la defensa del derecho a la propiedad que se invoca será relativo, por lo menos hasta que no se expulse al magnate norteamericano Joe Lewis de Lago Escondido. Y eso por mentar sólo un caso, paradigmático, no de unos tristes lotes sino de miles de hectáreas de montañas y lagos que son tan patrimonio privado como los suburbios de Guernica (en el conurbano bonaerense).
No tendrá legitimidad, menos aún en un gobierno peronista, aunque sea legal, la persecución de las familias de humildes trabajadores que ocupan tierras urbanas o semiurbanas deshabitadas y abandonadas.
El Estado debe ampararlos. Son prenda de las empresas inmobiliarias loteadoras que lucran con una necesidad protegida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: la vivienda digna.
Las tomas de tierras generaron un fuerte debate, incluso dentro del oficialismo.
Para Sergio Berni, los que ocupen tierras deberán ir presos. Para la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, la toma de tierras “no es un tema de Seguridad”.
El gobernador Axel Kicillof admitió que existen “muchas dificultades para avanzar en las soluciones” a las tomas de tierras. Pero “tiene que haber una respuesta del Estado”, admitió.
“Es innegable que hay una necesidad”, dijo el gobernador, quien consideró que “puede ocurrir” que haya “intereses políticos detrás de la toma de tierras”.
“Que hay necesidad es innegable –dijo–. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución”.
“Sabemos que la provincia tiene un enorme déficit habitacional, pero esto no se resuelve con intrusiones ilegales”, agregó el mandatario provincial, para advertir que los planes habitacionales fueron abandonados durante los cuatro años anteriores.
“No hay una bajada política clara”, dijo el primo Jorge Macri, militante del PRO y alcalde de Vicente López.
La vía que ellos proponen es la del neoliberalismo de Cambiemos. De menor a mayor, sus propuestas expresan la defensa de la justicia pero no el cese de las injusticias.
“El diputado Alex Campbell, ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal, planteó que “no podrán acceder a los programas de asistencias sociales provinciales las personas u organizaciones sociales que participen o fomenten usurpaciones de terrenos y propiedades”. El legislador recordó que a los usurpadores les pueden corresponden de hasta tres años de prisión.
Pero la oposición macrista no pierde el tiempo en declaraciones y va a los hechos: propone agilizar los desalojos mediante una modificación del Código Procesal Penal.
En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio propone que no sea necesaria una orden judicial para avanzar con la recuperación de bienes ocupados, y que el proceso no pueda ser suspendido por el uso de algún recurso jurídico.
La iniciativa pretende que un fiscal pueda ordenar “provisionalmente” la “inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble al damnificado, cuando el derecho invocado por el peticionante fuera verosímil”, incluso antes de que exista una notificación o declaración judicial.
“(…) Para la procedencia de dicha restitución no será necesario haber notificado previamente a todos los ocupantes del inmueble. (…) La resolución que disponga la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble será apelable en el plazo de cinco días, sin efecto suspensivo”, especifica el proyecto.
La iniciativa fue presentada por los senadores de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, Andrés De Leo y Walter Lanaro.
Según fundamentaron los legisladores, el proyecto agilizaría la devolución de los bienes a las personas damnificadas y haría “cesar lo antes posible los efectos del delito”.
Se puede entender la preocupación por preservar las normas legales, los derechos individuales, la propia Constitución. Pero la necesidad de algunas familias de alcanzar acceso a una vivienda es un problema estructural de la Argentina en general, de la provincia de Buenos Aires en particular y del conurbano específicamente, al cual hay que darle una solución estructural, tal como lo afirmó Alberto Fernández. Es central evitar la violencia de los desalojos compulsivos, que nunca terminan bien, y no deberían ser los métodos adecuados al programa político del Frente de Todos.
Mientras, apelemos a la memoria peronista. En las décadas de los años 60 y los 70, desde la Juventud Peronista impulsábamos, organizábamos y participábamos de las tomas de tierra urbana y campesina, porque militábamos junto a la gente la lucha por sus derechos.
En 1973, con la renuncia del doctor Oscar Bidegain a la gobernación bonaerense, se cayó un proyecto de la Subsecretaría de Asuntos Municipales que castigaba con impuestos progresivos la especulación con tierras urbanas y semiurbanas improductivas, para evitar su valorización venal y ponerlas a disposición de un mercado al que pudieran acceder sectores sociales marginados del derecho a la vivienda.
En 1973 hubo políticas de legalización de los asentamientos. El escribano general del gobierno de la provincia de Buenos Aires no esperaba a los vecinos; concurría personalmente a los barrios. Iba con los libros para protocolizar los títulos de las tierras tomadas. Algunas cátedras universitarias llevaban las clases a esos barrios en apoyo de sus habitantes, desde futuros arquitectos que brindaban ideas de orden urbano hasta abogados, escribanos y agrimensores que ayudaban a resolver los problemas que implican la edificación de barrios enteros.
En esos lotes se puso en evidencia la proverbial industriosidad de los trabajadores argentinos, que con su esfuerzo resolvieron todos los obstáculos que implica la autoconstrucción. Un auxiliar fundamental fue la Minga, un modelo de trabajo colectivo propio de las comunidades quechuas y aymaras, donde se intercambiaban entre los vecinos el ejercicio de los oficios: plomeros, gasistas, electricistas, techistas, hasta un albañil y un maestro mayor de obra canjeaban entre vecinos jornadas de trabajo, generalmente de fines de semana. En una economía de pleno empleo el Estado no sólo brindaba apoyo legal: el Banco Hipotecario Nacional invertía en créditos blandos a largo plazo, las empresas públicas de servicios brindaban electricidad, gas y agua con tarifas sociales a veces subsidiadas. Al mismo tiempo se llevaban a cabo censos de población, necesidades y posibilidades; se resolvían cuestiones de seguridad ambiental y policial; se iniciaban tratamientos de prevención de salud, primeros pasos escolares, capacitación laboral y formación política. Y más.
Esos asentamientos fueron luego barrios donde hoy una propiedad vale cien mil dólares.
En enero de 1988, a sólo un mes de llegar al gobierno provincial Antonio Cafiero, hubo ocupaciones grandes de tierras. Entonces se creó Protierra, como alternativa legal a la ocupación de tierras: un programa de lotes con servicios que se vendían preferencialmente a los necesitados de vivienda. Hoy se podría convocar y sumar a las organizaciones sociales y políticas territoriales a un programa de esas características.
Con el solo anuncio en un discurso del gobernador y acciones muy rápidas, en aquella ocasión se pararon las ocupaciones y se ganó el agradecimiento de sectores importantes de la población en toda la provincia. En estos casos ni se pensó en acudir a penalidades judiciales, ni a la Policía, a los desalojos o la represión, porque imperaba una concepción peronista de la justicia.
El derecho a la propiedad era eso, un derecho, garantizado por el Estado con todos los recursos existentes, y no un privilegio.
Desde esa perspectiva es claro lo que hoy se debe hacer: en vez de reprimir y sacar a la gente con la Policía, dialogar con los vecinos y propietarios para lograr un loteo social donde el Estado esté presente.
Como decía el general Perón: «Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada».
“La ley es tela de araña, y en mi inorancia lo explico,
no la tema el hombre rico, no la tema el que manda,
pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los chicos”.
(*) Columna del programa El Pulki, de Radio Universidad de La Plata, AM 1390. De vaconfirma.com.ar
