“Está claro que el circo mediático generado en torno a las fotocopias de unos cuadernos –que nunca aparecieron– supuestamente escritos por un chofer, apunta a volver a poner a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena de un caso de corrupción, pese a la ausencia de elementos de prueba que la involucren en la trama. A través del espectáculo público que diariamente ofrecen, Claudio Bonadio y Carlos Stornelli insisten en el despliegue de una estrategia funcional a los intereses del gobierno de Mauricio Macri, desesperado por tapar –sin éxitos importantes, a la luz de sondeos realizados por consultoras muy próximas al oficialismo– la realidad económica y social que ahoga a los empresarios pymes, a los maestros, a los jubilados, a los trabajadores, a los sectores populares, situación que nos trae aromas y colores de 2001”.
Quien escribió el párrafo anterior es el diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade, quien viene recibiendo amenazas de muerte en su cuenta de Twitter por denunciar las inconsistencias en la causa que el juez Bonadio y el fiscal Stornelli van armando día a día y que se hizo famosa como “cuadernos”, pese a que, precisamente, los cuadernos no existen.
“La investigación viola impúdica y sistemáticamente elementales garantías constitucionales, y lleva al margen más extremo la vigencia del Estado de derecho. El show de las delaciones, precedidas por subastas de la figura del «arrepentido» – porque no hay para todos, según dijo el ex miembro de la barra brava de Boca Stornelli–, y tormentos psicológicos a personas detenidas, debería alertar a todas las fuerzas democráticas del país sobre los enormes riesgos que se ciernen sobre la institucionalidad argentina”, insistió el legislador.
Para Tailhade no hay dudas de que no se trata de una investigación sobre corrupción como lo fue en Italia el llamado Mani Pulite (manos limpias) a principios de la década del 90, sino de una mera –y burda– operación de inteligencia del Estado que reemplazó a la Side. “La AFI propicia el espionaje político y las operaciones contra los opositores. No tengo ninguna duda que esto es una operación de inteligencia, con la fabricación de cuadernos”, dijo.
El legislador se remite a la primera aparición de los presuntos cuadernos que nadie declaró haber visto en su original. Un periodista del diario La Nación aseguró haberlo tenido en sus manos. “Recibe el material en enero y lo devuelve en abril, y luego se presenta ante el fiscal Stornelli, así que el presidente no pudo no saber entre enero y abril que esto existía”, sostuvo el diputado.
Tailhade apuntó contra el ex espía Jaime Stiuso: “Sabe mucho desde los tiempos de los sobresueldos de (el ex presidente Carlos) Menem a los jueces y puede acceder a equipamiento que pueda ser útil para técnicas de espionaje. La AFI de Macri está puesta a disposición del espionaje político, con o sin Stiuso”.
El diputado consideró que el objetivo de la causa es “fabricar pruebas para justificar el desafuero y el pedido de prisión para Cristina”, y que en el fondo “no tienen intención de investigar en serio”, en un contexto en el que “hay un tablero más grande que el local”.
Englobó el caso en un contexto regional, como lo ocurrido con el ex presidente Lula da Silva en Brasil. Recordó que el embajador de Estados Unidos es un ex juez: “Sabe cómo funciona el Poder Judicial y aprovecha la genuflexión clásica de los jueces más conocidos, que cada 4 de julio van a la embajada besarle el anillo”, en relación al propio Bonadío y al fiscal Stornelli que estuvieron en la sede diplomática del país del norte para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos.
“En los dos años y medio que lleva el macrismo en el poder, los sectores más poderosos del Poder Judicial no han dejado norma por vulnerar ni causa por armar para perseguir a nuestra fuerza política. Por eso dije que la van a pagar: este cuadro de extrema gravedad deberá ser reparado cuando las condiciones permitan el enjuiciamiento político de los responsables de forzar instrumentos legales para perseguir opositores y privarlos ilegalmente de la libertad, y su consecuente destitución”, marcó Tailhade.
En la causa, que viene sumando a empresarios detenidos que dicen estar “arrepentidos” y recuperan la libertad, se acogió a esa figura el ex secretario de Obras Públicas José López.
“No me sorprende, lleva dos años detenido y me dicen está que con problemas de salud”, advirtió Tailhade. “Me llegó el dato de que tuvo un ACV en este período de detención y que no fue tratado con la seriedad que corresponde a ese cuadro. Hay tortura psicológica en la cárcel, que se suma al escarnio público”.
Como ejemplo más inconsistencias, el legislador nacional marcó que “es pueril” el argumento de que las empresas no son responsables: “Los empresarios involucrados que se acogieron al último blanqueo deben inmediatamente perder todos los beneficios que obtuvieron, tal cual lo establece el artículo 84 de la ley de Reparación Histórica. Esa sería una forma rápida de recuperar los miles de millones robados y evadidos por los empresarios argentinos, a quienes el propio Franco Macri definió como «una bolsa de gatos que patea en contra de los intereses de la patria»”.
Un adelanto que complica la causa
En línea con lo que denuncia el diputado Rodolfo Tailhade, un informe del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, que conduce juez federal Claudio Bonadio, adelanta una supuesta sentencia para la investigación. En el escrito, publicado por el Centro de Información Judicial, Bonadío sostiene “la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos” y asegura que fueron “comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido)”.
El juez también delimita el período “entre los años 2008 y 2015”, una fecha que no es azarosa, ya que evita involucrar a la familia Macri, que vendió un año antes la empresa Iecsa a Ángelo Calcaterra, primo del jefe del Estado.
“Procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado nacional”, asegura Bonadio en el texto.
En el informe, el juez también detalla la impresionante cantidad de allanamientos realizados y la cantidad de dinero y objetos de valor secuestrados en los mismos.
Ante el escrito de Bonadio, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los defensores de la ex presidenta escribió en Twitter: “Típico de Bonadio, sacó un informe para los diarios del fin de semana. Antes de procesar prejuzga. Raro. Parece querer a toda costa salir de la causa. Muy raro. El Juez dando un informe a través del @cijudicial antes de resolver. Qué más Bonadio te pidieron que hagas. ¡Qué más?”.
Si el juez corta la investigación en 2008, quedarían afuera las familias Rocca (Techint) y Macri. En el sitio La Política Online, el periodista Juan Casas adivirtió que “más allá de la bronca que generó el resumen, el punto que por estas horas miran con más atención los tribunales superiores que deberán revisar lo actuado es que Bonadio decidió que la investigación se corte retroactivamente en 2008”, marcó el cronista. Y excribió: “En Tribunales creen que el esfuerzo que parece hacer el juez para que la causa no toque al dueño de la empresa más importante del país compromete la «integridad» de la casa”. Es decir al mismo sistema judicial.
