Mónica Fein hizo lo que tenía que hacer, teniendo en cuenta que su responsabilidad es garantizar el servicio de transporte a una tarifa razonable. Al usuario le dolerá pagar más, pero sobre todo le interesa que el colectivo pase, que respete la frecuencia y achique tiempos entre unidad y unidad. En el gobierno de la ciudad dicen estar satisfechos con ese aspecto y el proceso de transformación permanente del sistema de transporte. Admiten los costados flacos del servicio, pero insisten en que la inflación es una pinza que atenaza los presupuestos. Recurren a un ejemplo para respaldar esa línea argumentativa: la mayor concesionaria y única privada, Rosario Bus, pidió un salvavidas de 650 mil pesos para terminar de pagar los salarios de septiembre.
Voces que se hicieron oír
La oposición clamó, como manda el manual. Hubo cuestionamientos sobre formas, oportunidad y que se recurra otra vez al usuario, limado por la misma inflación; nadie, o casi nadie, negó la necesidad de recomponer los ingresos del sistema.
La realidad es que entre la inflación y un sector público cada vez más estrecho, los municipios hacen lo que pueden para sostener su transporte público. Acá cerca nomás, el gobierno radical de Santa Fe aumentó en septiembre a 3,25 pesos un sistema que goza de menos beneficios.
El sistema local recibe abundantes recursos por afuera de la tarifa. El subsidio dela Naciónpesa fuerte, aunque es poco en proporción al Amba; a fines de diciembrela Municipalidadhabrá aportado 80 millones de su presupuesto; y la provincia, por primera vez, aporta subsidios vía desgravación del impuesto a los Ingresos Brutos.
Sobre este último caso, el diputado Luis Rubeo cree que puede más: contestó al aumento con un proyecto para que también contribuya con parte de la recaudación del impuesto a los sellos.
Más fondos para salud pública
El gobierno de la ciudad no acompaña esa idea porque está en otra negociación: ampliar el financiamiento al sistema de salud de la ciudad. Si este año girará 200 millones por las prestaciones de alta complejidad, para 2013 la provincia podría asumir los costos de otros servicios que se prestan en hospitales, centros de atención primaria y laboratorio a pacientes que sin residir en la ciudad se atienden en el Sáenz Peña (hoy por hoy un hospital regional), dan a luz en las maternidades municipales o procesan sus análisis y estudios en el Cemar.
Potestades
De la ronda de conversaciones con el Ejecutivo, los concejales salieron sabiendo que Fein intentará conservar la potestad de definir la tarifa. Podrá ser en diciembre, cuando vence el plazo, o finales de 2013, ya que durante el proceso electoral nadie hablará de aumentos.
El tema siempre da para la polémica, pero lo cierto es que más allá de los discursos, tanto al oficialismo como a la mayoría de la oposición les resulta cómodo que las cosas sigan como están.
A la intendenta le cierra: paga un costo político que de todas maneras tiene que pagar; pero el decreto le permite definir con sentido de oportunidad y acotar el desgaste propio del juego político.
Tasa General de Inmuebles
Los concejales también están advertidos de que el proyecto de presupuesto incluirá el aumento dela Tasa Generalde Inmuebles, para lo cual el Ejecutivo ya expuso la radiografía: la recaudación actual de TGI cubre apenas el 40 % de los servicios básicos que presta y el 80 % del más caro de todos, el servicio de Limpieza e higiene urbana (todavía bajo concesión precaria).
En este caso, resuelve de punta a punta el Concejo.
Aguas
La Municipalidadempujó y luego celebró la decisión de implementar a partir de enero el cobro del cargo solidario en la factura de Assa. Ese 5 % pasará a integrar el fondo específico para la expansión de la red de cloacas hasta cubrir la superficie de la ciudad.
Ese ambicioso fondo fue anunciado por Hermes Binner y Miguel Lifschitz en plena campaña de 2009. Lo más positivo fue la voluntad de hallar una fórmula de financiamiento para un problema que parecía irresoluble; lo negativo es que pasadas esas elecciones sólo se avanzó con lo que estaba comprometido de antemano.
Diferencias
La EPEvivirá otro verano problemático, admiten en el gobierno provincial y la empresa, pero hay plan e inversiones para que año a año el sistema sea menos vulnerable; el transporte de Rosario demanda antipáticos aumentos de tarifas, pero también tiene una hoja de ruta con la que innova y avanza.
Con Assa la situación es diferente. Siempre se trata de comprender el dificultoso contexto en el que se presta el servicio, donde la recaudación por tarifa hoy, después del importante aumento de este año, recién alcanza a cubrir el 80% sólo de los gastos operativos; pero a todas luces hay otros condimentos: puede tardar un año en tapar bocas de tormenta, o transcurrir largo tiempo desde que recepciona un llamado en el call center hasta que va a ver la fuga de agua; las reparaciones en la vía pública son de dudosa eficiencia; y tampoco halló la fórmula para acelerar la costosa pero imprescindible colocación de medidores.
El horizonte para el que se trabaja con el servicio de agua potable es el plan provincial de grandes acueductos, que ya está en marcha con obras en distintos frentes. El fin es abastecer pueblos y ciudades que consumen agua escasa y de pésima calidad llevando tierra adentro de la provincia agua de la cuenca del Paraná.
Vivir con lo nuestro
Hasta ahora esos millonarios trabajos se sostienen con presupuesto provincial, lo que es una locura en un mundo donde sobra liquidez que se presta a baja tasa. Los gobiernos del socialismo no acuerdan con esa línea de trabajo como lo demostraron en Rosario, pero es lo que tienen a mano mientras gestionan en el exterior y esperan un guiño de Nación y de la oposición.
El crédito a largo plazo (así se hizo la autovía de la ruta 19) permite concretar la obra y distribuir su pago en las sucesivas generaciones que se beneficiarán sin que ahogue el presupuesto actual. Son obras de tal envergadura que hacerlas al ritmo de los recursos propios conlleva la paradoja de que las generaciones actuales que soportan la carga quizás no lleguen a usufructuar los beneficios.
En este contexto, preocupa la situación de Rosario y las localidades aledañas, donde unas 300 mil personas carecen de acceso a agua de forma segura por falta o inexistencia de presión. La solución pasa por el acueducto del Gran Rosario, que será abastecido por la nueva planta potabilizadora, cuya primera etapa de obra (la toma en el río) está en marcha a los pies del puente Rosario-Victoria.
Hace falta dinero
El gobierno apuesta a la emisión de títulos públicos por 500 millones de dólares para recuperar algo de terreno en materia de infraestructura. Las negociaciones políticas para obtener la autorización no están resueltas pero sí encaminadas, aunque en la gira por Estados Unidos la única pregunta que recogieron el gobernador y su ministro de Hacienda pasó por la tasa de interés a pagar, que para Argentina es una incógnita.
El chiquero que la semana pasada hicieron el gobernador del Chaco y el vicegobernador de Buenos Aires en torno de la moneda de pago de los títulos públicos de sus provincias nominados en dólares y euros sólo oscureció el panorama.
