Por Agustín D´Attellis/NA
El actual gobierno inició su gestión desde un muy complejo punto de partida en lo económico: recesión, alta inflación, fragilidad financiera, al borde del default, con elevados niveles de pobreza e indigencia, y un muy débil mercado interno, con fuerte deterioro en el entramado productivo y el empleo.
Todo esto planteaba un gran desafío inicial, ya que el instrumental disponible de la política económica resulta escaso a la hora de buscar atacar objetivos múltiples, más aún dadas las fuertes restricciones.
Ese punto de partida se complejizó aún más con la pandemia y su impacto sobre la economía. La lógica reacción para enfrentar la caída de la actividad y sostener a los sectores más débiles y más afectados, requirió de una expansión del gasto público, a partir de programas especiales no contemplados inicialmente, que alcanzó al cierre de 2020 un 6,5% del PBI.
Esta expansión enfrentó la restricción del financiamiento, dado el punto de partida de estrangulamiento del crédito que dejó el gobierno de Macri, luego de un festival de deuda y fuga, que deberá ser seriamente investigado lo antes posible.
El impacto de la pandemia resultó en una fuerte caída del PBI, de 9,9%, con un aumento de la pobreza a un 42%, y una pérdida de cerca de 260.000 puestos de trabajo de asalariados registrados del sector privado.
El rebote posterior de la actividad, que respondió al retorno de la circulación social de la mano del avance del plan de vacunación, conduce a terminar este año con un aumento del PBI cerca del 7%.
Si bien este movimiento implica que no se recupere hacia fin de este año el terreno perdido el anterior, se observa una diversidad en el comportamiento sectorial.
En algunos casos, se han recuperado niveles pre pandemia, mientras que en otros aún no. Ahora bien, así como resultó acertada la reacción keynesiana de expansión del gasto el año pasado para enfrentar el shock exógeno que representó la pandemia, también es importante tener en cuenta que la sostenibilidad de esta recuperación requiere de asistencia.
La variable clave para impulsar el crecimiento, es el consumo, que representa cerca del 70% del PBI, que requiere para sostener su crecimiento de un aumento de los salarios reales y del crédito.
En este sentido, la política económica no sólo debe contener el aumento de precios y mediar para lograr paritarias con incrementos de salarios por encima de la inflación, sino también sostener el impulso vía gasto público, de manera de actuar sobre el multiplicador, y sostener la marcha del modelo del acelerador Keynesiano, por el cual el incremento sostenido del consumo lleva a que la inversión fluctúe en mayor medida.
En este sentido se plantea la actual discusión sobre la política económica en la Argentina.
Un sector de la coalición gobernante sostiene que la moderación fiscal, que llevó a pasar del 6,5% de déficit primario del año pasado, a un acumulado de 2,1% del PBI en lo que va del corriente, es una de las causas de la derrota eleccionaria, ya que no representa el objetivo inicial de recuperar la dinámica de crecimiento.
Otro sector sostiene que lo ocurrido este año no se trata de un ajuste, y que las restricciones que presenta la economía no permiten una política expansiva más agresiva, ya que llevaría a des calibrar al resto de las variables macro.
Una de estas restricciones, dado el nulo acceso al crédito, es que el gasto público total tiene un límite máximo determinado por la cantidad de reservas que tiene el Banco Central.
En este sentido, cabe destacar que, hace menos de un mes, el 23 de agosto, pasaron a engrosar las Reservas del BCRA 4.300 millones de dólares, como consecuencia de la expansión de los DEG que emitió el FMI, con el objetivo de enfrentar la postpandemia.
Según palabras de Kristalina Georgieva: «La asignación de DEG proporcionará liquidez adicional al sistema económico mundial, complementando las reservas de divisas de los países y reduciendo su dependencia de una deuda interna o externa más cara. Los países pueden utilizar el espacio proporcionado por la asignación de DEG para apoyar sus economías e intensificar su lucha contra la crisis».
Es muy clara la intención de esta ampliación del capital de parte del organismo de crédito.
Sin embargo, se comunicó la decisión en nuestro país, de utilizar este capital para enfrentar los vencimientos de este año, por 1.800 millones de dólares del 30 de septiembre, y de otros 1.800 millones de dólares el 30 de diciembre.
Luego de estos vencimientos, el calendario absolutamente irresponsable comprometido por el gobierno de Mauricio Macri, indica que deberían pagarse 17.346 millones de dólares en 2022, y 18.395 millones de la divisa norteamericana en 2023.
Esto es a todas luces completamente imposible para nuestra economía, lo cual era previsible al momento de la firma del acuerdo, pero ambas partes decidieron rubricarlo de todas formas.
La intencionalidad política lo justificó. Luego de haber reestructurado la deuda asumida por el gobierno anterior con los acreedores privados, se busca un nuevo acuerdo con el FMI, que despeje el horizonte de vencimientos de manera ordenada y permita sortear el default.
Dada la situación mundial generada por la pandemia, y la complicidad del organismo, que incumplió todas sus normas internas al momento de otorgar el crédito stand-by al gobierno de Macri, debe transformarse el crédito en un EFF (Fondo de Facilidades extendidas), a diez años de plazo, y con un período de gracia de cuatro, que permita al país recomponer su capacidad de repago.
Para lograr este objetivo, en el actual contexto, no tiene sentido utilizar los DEG para cancelar los vencimientos de este año. De esta forma, se mantiene una posición más sólida de reservas, que permitiría llevar adelante una política fiscal más expansiva con mayor margen, sin conducir a desequilibrios.
Esta política requerirá direccionar el gasto público hacia sectores que vienen acumulando retrasos en sus ingresos, y poner en marcha el acelerador.
Existe margen para hacer política expansiva, sostener la recuperación de la actividad y fortalecer el mercado interno, sin caer en desequilibrios más complejos, pero es importante contar con una posición más sólida, y en este sentido debería revertirse la intención de pagar los vencimientos de este año
