La gestión libertaria que prometió en campaña «destruir» al Estado, lo que incluía la privatización del Banco Nación, terminó otorgando a través de esa institución multimillonarios créditos hipotecarios a varios de sus funcionarios y a legisladores propios o que se pasaron a las bancadas oficialistas desde otros partidos. Uno de los agraciados con esos préstamos a tasas atractivas y condiciones únicas en el mercado (financiamiento del 90% de la propiedad, por ejemplo) es el diputado nacional Alejandro Bongiovanni, quien recibió un crédito hipotecario por 255 millones de pesos. Cuando se lo efectivizaron, en enero pasado, equivalía a unos 176 mil dólares.
El otorgamiento fue un mes después de que el legislador, integrante además de la Fundación Libertad de Rosario y sobrino de su fundador, Gerardo Bongiovanni, saltara a la bancada de La Libertad Avanza desde el PRO, partido por el que fue electo por Santa Fe en 2023.
Una vez que el estado crediticio de los beneficiados comenzó a replicarse, Bongiovanni defendió su situación: rechazó coincidencias de fechas llamativas, negó privilegios, alegó que se trata de una campaña de desprestigio y agregó que solicitó ese crédito UVA impulsado por «el virtuoso proceso desinflacionario» que hace agua desde hace meses.
La información está publicada en el sitio web ¿Cuánto deben?, creado por el programador y diseñador gráfico Andrés Snitcofsky. Es un visualizador que sigue la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas de alta exposición.
La herramienta presenta ordenadamente datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una base pública que registra el nivel de endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero. Incluye la situación de 1440 funcionarios actualizada a enero último.
Bongiovanni salió al cruce de las sospechas. En su caso, dijo que el préstamo fue a las mismas tasas que el resto de los clientes del Nación. «Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo», refutó críticas y se apoyó en una defensa recurrente: la intencionalidad política. «Veo de dónde viene el ataque y no me voy a dejar psicopatear», afirmó. La información emana, en verdad, del Banco Central, es de acceso público y el sitio web solo agiliza la consulta.
El diputado por Santa Fe agregó que comenzó a presentar la documentación para el crédito en junio de 2025 durante «el boom de los créditos hipotecarios». Y adjudicó el otorgamiento poco después de su salto partidario a que los requisitos del trámite provocaron una demora en la efectivización hasta enero siguiente. Como extra, señaló que ya pagó las primeras dos cuotas, de alrededor de 300 mil pesos. Es un monto sensiblemente menor al que un trabajador sin casa propia debe restar de su deprimido salario para alquilar un departamento de un ambiente.
El descargo de Bongiovanni en X mereció una réplica de Snitcofsky: «Y ¿por qué tomaste el crédito con el Banco Nación y no con otro? ¿Uno de tu provincia por ejemplo? ¿Solo el Banco Nación da créditos hipotecarios a tasa aceptable?».
Bongiovanni es abogado recibido en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También, magister en Derecho y Economía (Di Tella) y en Ciencia Política por Eseade, el centro de estudios fundado en 1977 por Alberto Benegas Lynch hijo. La institución que en 2022 le otorgó un doctorado sin respaldo de trayectoria académica a Javier Milei, título informal que a partir de asumir la presidencia incorporó a su presentación.
Va entrando la balubi https://t.co/EQ3am479B9
— Andrés Snitcofsky (@rusosnith) April 2, 2026
Hay muchos
A partir del relevamiento del sitio ¿Cuánto deben?, comenzaron a circular nombres de funcionarios y dirigentes oficialistas con créditos hipotecarios de magnitud.
Entre ellos está el de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con una deuda inicial de 373.000.000 pesos (unos 315.000 dólares) en febrero de 2025. También Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, también allegado al «Toto», con un pasivo de 367.059.000 pesos (280.787 dólares) en agosto de 2025. Y Pedro Inchauspe, también director del Central, con 510.654.000 pesos (345.492 dólares) desde diciembre último.
Descargo similar de otro que saltó fronteras partidarias
Otros felices diputados libertarios receptores de los créditos son el bonaerense Santiago Santurio y la rionegrina Lorena Villaverde, que no pudo asumir en la Cámara alta por el escándalo de sus vinculaciones con narcos en Argentina (Fred machado) y el arresto en Estados Unidos cuando intentaba comprar cocaína. In fraganti.
La lista incluye al radical tucumano con peluca Mariano Campero, otro que perforó identidades partidarias. El Nación le aprobó 279 millones de pesos, equivalentes a 243 mil dólares. Como Bongiovanni, acusó de «malicia» a las suspicacias y argumentó que el otorgamiento de ese crédito en mayo de 2025, coincidiendo con la creación de la Comisión investigadora de la megaestafa $LIBRA que integra e intentó paralizar, no es un pago por favores sino fruto de la demora en trámites bancarios que inició antes.
Campero fue uno de los seis diputados radicales que en 2024 cambiaron su voto para respaldar los vetos presidenciales a las leyes de aumento a jubilados y de Financiamiento Universitario.
Pedido de informes
El diputado nacional Esteban Paulón, también electo por Santa Fe, socialista en la bancada de Provincias Unidas, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique las condiciones en que se otorgaron los créditos del Nación.
El legislador pregunta si hubo exceso en los límites de crédito a personas políticamente expuestas, si se aprobaron préstamos con dictámenes técnicos desfavorables de áreas de riesgo y si existieron resoluciones excepcionales para habilitar estos financiamientos. Entre otros requerimientos.
CRÉDITOS A FUNCIONARIOS: QUEREMOS SABER!
La difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $400 millones generan más dudas que certezas.
Por ello impulsamos una batería de medidas al respecto incluyendo pedidos de informe y de acceso a la… pic.twitter.com/dstkAhKUMq— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 1, 2026
«La difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $400 millones generan más dudas que certezas. Por ello impulsamos una batería de medidas al respecto incluyendo pedidos de informe y de acceso a la información pública. El Banco público es de todos, y no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados», publicó Paulón en su cuenta de X.
En su interpelación a la Casa Rosada, preguntó específicamente si el Directorio del Banco Nación –entonces encabezado por Daniel Tillard– «ha dictado resoluciones excepcionales para aprobar créditos que contaban con dictámenes técnicos desfavorables de las áreas de riesgo del Banco».
Nación, floja de papeles con la aclaración
El Banco Nación publicó un mensaje institucional en el que destacó su rol en el mercado hipotecario. «Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación», señala el texto. Agrega que concedió más de 27 mil préstamos desde el lanzamiento de su línea. Y remarcó que el proceso es «homogéneo, sin excepciones» y con circuitos digitalizados que permiten escriturar en apenas 30 días. Más de lo que dicen haber esperado los libertarios beneficiados para negar coincidencias de fechas que abonan las sospechas de pagos por alineamientos legislativos.
El Nación, además, señaló que se trata de líneas específicas para empleados del sector público, como «+Hogares sector público», que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble frente al 75% que cubre la línea general.
En el mercado financiero, fuentes con conocimiento del negocio hipotecario consultadas por medios porteños señalaron –con pedido de reserva de identidad– que varias entidades cuentan con líneas específicas para empleados del sector público, en especial bancos de origen estatal. Por ejemplo, el Banco Ciudad, el Banco de Entre Ríos o el de Santa Fe. Sin embargo, marcaron una distinción: un funcionario público no es equiparable a un empleado público a los efectos del análisis crediticio, porque ocupa cargos políticos con menor estabilidad laboral.
Trolls con cargo y crédito
Un caso singular por la calificación crediticia es el de Juan Pablo Carreira, tuitero oficialista conocido en las redes como Juan Doe y cabeza de la Oficina de Respuesta Oficial, la dependencia que creó el Gobierno nacional para «desmentir fake news» y se encarga de insultar a opositores. En su caso, fueron 112 millones de peses, equivalentes a 77 mil dólares, otorgados en diciembre pasado.
Antes de su desembarco formal en el Estado, Carreira ya era cercano a Fernando Cerimedo, estratega digital del oficialismo y una de las figuras centrales del armado comunicacional libertario. Ingeniero industrial de formación, dejó un supuesto empleo en el sector privado para dedicarse de lleno al proyecto político de Milei. Desde el Estado, al que juraba antes que no iba a ingresar remunerado porque era enemigo de la casta.
Junto a Cerimedo, fundó La Derecha Diario, un portal de noticias orientado a promover ideas de derecha y el liberalismo, dirigido por Natalia Belén Basil, pareja del consultor. Carreira no solo vive del defenestrado Estado, sino que acepta financiamiento del banco público.
