El diputado nacional del bloque socialista Enrique Estévez presentó un proyecto de ley por el cual propone la regulación integral del cannabis para establecer un marco regulatorio para su cultivo, producción, distribución, comercialización y adquisición y sus derivados en todo el territorio nacional.
“A poco de la nueva reglamentación del cannabis medicinal, creemos que es una oportunidad histórica para avanzar en la legalización controlada del cannabis. Proponemos una regulación con un enfoque basado en la prevención, promoción de salud y acceso a abordajes integrales en consumos problemáticos”, explicó el legislador.
En ese sentido, agregó que “para desplazar el mercado ilegal», con su proyecto busca que «el Estado asuma en forma exclusiva el control y la regulación de las actividades asociadas al cannabis”.
Dichas actividades serían las de «importación, exportación, cultivo, producción, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y adquisición del cannabis, así como las semillas o los productos que los contengan», según el texto de la iniciativa.
“El sistema prohibicionista y el abordaje represivo con el objetivo de reducir la producción y el consumo de sustancias han demostrado ser un rotundo fracaso en el mundo entero”, continuó el diputado por Santa fe.
El legislador denunció, asimismo, “las prácticas de persecución, criminalización e inicio de causas penales se centraron en los usuarios de sustancias, generalmente de sectores vulnerados, y no en los sujetos y organizaciones encargados de la venta y el tráfico ilícito”.
La iniciativa propone que se permita el autocultivo para personas mayores de edad con un límite por vivienda de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo en exterior o un espacio cultivable de dos metros cuadrados en interior.
Con relación a las cantidades máximas admitidas, desde el Socialismo consideraron “razonable el parámetro adoptado por Uruguay de 480 gramos anuales por persona».
Asimismo, autoriza los clubes de cultivo de cannabis quienes podrán abastecer a sus miembros, que deberán constituirse como asociaciones civiles bajo el estricto control de Estado.
El modelo de regulación controlada propuesto habilita un mercado de producción, distribución y comercialización bajo formas asociativas y cooperativas, solo con emprendimientos de pequeña escala, de modo tal que se evite la concentración del mercado en corporaciones y que no sea el ánimo de lucro el que dicte las reglas del mercado sino un fuerte control estatal con eje en la salud pública.
El proyecto también deja bien claro que las personas menores de dieciocho años de edad no podrán acceder al cannabis, salvo para uso medicinal.
Al igual que pasa con el cigarrillo de tabaco, la propuesta especifica que se prohíbe fumar o mantener encendidos productos de cannabis psicoactivo en espacios cerrados, áreas donde se desempeñan actividades laborales, centros de enseñanza, medios de transporte público, entre otros.
