“La muerte de un hermano aborigen y un trabajador es grave. Estamos muy preocupados”, reflexionó Ofelia Morales, referente de la comunidad toba en Rosario, que sigue a la distancia con atención y angustia el enfrentamiento entre aborígenes y la Policía de Formosa, que dejó como saldo la muerte de un toba y un uniformado. Además, durante los incidentes fue internado un segundo aborigen que falleció también, pero como consecuencia de una enfermedad.
Morales, además, acusó al gobierno nacional de no respetar la ley 26.160 de emergencia territorial, que le pone un freno a los desalojos de pueblos originarios en zonas conflictivas. En tanto, ayer liberaron a 27 aborígenes de Colonia La Primavera –en la localidad formoseña Laguna Blanca– que habían sido detenidos en el enfrentamiento del miércoles con la Policía cuyo trágico saldo fue la muerte de tres personas.
Eco del conflicto que este martes conmocionó a la provincia de Formosa y arrojó tres muertos –dos integrantes de una comunidad toba y un policía– y cinco heridos más 33 detenidos cuando un grupo de aborígenes reclamaban por la tenencia de tierras, Ofelia Morales, la dirigente toba de Rosario dialogó con El Ciudadano y reflexionó acerca del hecho. “Hago responsable de las muertes al gobernador de la provincia (Gildo Insfrán) y su gabinete porque están vendiendo las tierras que son habitadas por aborígenes a las multinacionales. La lucha de los hermanos en Formosa lleva 2 años, en los que están cortando repetidas veces las rutas en forma de reclamo”, apuntó. “Estamos en contacto vía mail con las comunidades aborígenes de toda la argentina para adherir a la defensa de los derechos de los hermanos formoseños. Desde la comunidad pedimos que se liberen a los 33 hermanos y en su lugar se aprese a los responsables políticos de esta tragedia”, explicó Morales. Ayer durante el mediodía, 29 aborígenes que habían sido detenidos durante el enfrentamiento con la Policía formoseña –impulsada por el pedido de desalojo a cargo del juez Raúl Mauriño–, fueron liberados.
“Entendemos que día a día se cometen repetidos atropellos culturales, étnicos y sociales en todos los rincones de Argentina. En este caso, la raíz del conflicto fue la venta de tierras habitadas por indígenas, que está a cargo del gobierno provincial con la supervisión del Estado nacional”, detalló Morales. De acuerdo con la representante de la comunidad toba en Rosario, no se está cumpliendo la ley 26.160, de emergencia territorial, que llama a frenar los desalojos de pueblos originarios en zonas conflictivas.
“La responsabilidad es del gobierno nacional que no lo tiene en su agenda política. Se está gastando el fondo para esta ley que no se cumplió en ninguna parte de la Argentina, sobre todo en Chaco, Salta, Jujuy”, aclaró.
Según Morales, desde las distintas comunidades aborígenes buscan que el mundo se entere de estos maltratos. “Hemos mandado un comunicado a la Unión Europea, que apoya al gobierno de Formosa con un subsidio destinado a la colaboración entre el Estado y las comunidades aborígenes. Esto no se cumple, claramente, y queremos denunciarlo”, describió.
Las tierras de acá
“En Santa Fe existen leyes –la 12.091, por ejemplo– que avalan la presencia aborigen en las tierras fiscales y las islas. Sin embargo, la restitución y entrega de los títulos todavía no se cumplió. Un caso emblemático es el de San Luis, cuyo gobierno restituyó gran parte del territorio que era aborigen a la comunidad Huarpe. Sin embargo, el gobierno nacional no lo aprobó y ahora está en la Corte Suprema. Hay falta de voluntad política”, detalló Morales. De acuerdo con la dirigente aborigen, Santa Fe ya relevó las tierras fiscales, en su mayoría en las islas. “Falta la decisión de los senadores para entregar los terrenos a los pueblos mocoví, toba y colla”, resumió.
Secuelas
El desalojo y enfrentamiento del martes entre la Policía y los manifestantes que desde hacía cuatro meses estaban reclamando la falta de otorgamiento de títulos de unas 600 hectáreas ubicadas a casi 200 kilómetros de la capital provincial, culminó en tragedia, mientras cortaban la ruta nacional 86. El policía Heber Falcón, de 34 años, falleció al igual que Roberto López, integrante de la comunidad toba. Al cierre de esta edición, continuaban internados en el hospital de alta complejidad de Formosa Sixto Gómez, de 55 años mientras que el indígena Samuel Garcete, de 50 años, y el policía Leonardo Bence se encontraban fuera de peligro, informaron fuentes médicas. En tanto, otros dos indígenas internados en el hospital de Laguna Blanca evolucionaban favorablemente.
El juez de instrucción de Clorinda, Santos Gabriel Garzón, dispuso anteayer la liberación de 27 de los detenidos. Ayer por la mañana dejó en libertad al último de los indígenas, acusado de manosear a una mujer policía, informaron fuentes judiciales. Tras las detenciones, representantes de la comunidad acusaron al gobierno provincial por el violento desenlace de la situación, mientras que desde el Ejecutivo formoseño reivindicaron el actuar de las fuerzas de seguridad, al sostener que fueron agredidos.
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