El Palacio Vasallo parece ser un lugar lleno de dudas, y no por voluntad de sus ocupantes. Es que de los 430 pedidos de informes remitidos al Departamento Ejecutivo en los últimos cuatro años la Intendencia sólo respondió 81, lo que representa el 18 por ciento de los requerimientos formulados. Y eso no es todo: los ediles consultados al respecto coincidieron en que las devoluciones a sus solicitudes “llegan tarde e incompletas” o que, en general, las que se contestan son las referidas a “temas que revisten menor importancia”. Del otro lado del mostrador, para el secretario de Gobierno del municipio, Fernando Asegurado, la cuestión podría tener una resolución práctica: “En muchas ocasiones podría evitarse un sinnúmero de papelerío y de trámites burocráticos con un simple llamado de teléfono”, señala.
Sin embargo, los pedidos de informes y mociones son algunas de las herramientas con que el Concejo cuenta para hacer valer con plenitud su función de fiscalizar el funcionamiento de todas las áreas del DE. Asegurado sostuvo que “cada vez son más” y adujo que las demoras en las respuestas se deben en parte a que “cada expediente lleva tiempo de promulgación, después va al despacho de Gobierno, luego a cada una de las secretarías, de allí se deriva a la repartición correspondiente y recién ahí tienen el regreso administrativo”.
Uno de los ejemplos más relevantes es el del radical Jorge Boasso quien tiene en su haber solicitudes no resueltas que llevan más de una década y además es quien lidera el ranking de requerimientos en los últimos cuatro años. Otro caso emblemático es el del ex edil del Partido Socialista Auténtico Alberto Cortés, quien pidió en 2012 que la Municipalidad justificara la tala de árboles añosos y la construcción de una guardería náutica privada en el Club Ministerio de Obras Públicas (MOP), en la zona de la Fluvial, cuya autorización no pasó por el Palacio Vasallo. La respuesta llegó al legislativo local en abril pasado, cuando el representante del PSA hacía meses que había terminado su mandato.
Bloques y números
Diego Giuliano, del bloque Rosario Federal, realizó 70 pedidos de informes y sólo fueron respondidos diez por parte del Ejecutivo. La mayor parte de sus solicitudes están relacionadas con el tema seguridad, como el estado de situación del corralón municipal por denuncias de falta de autopartes, el organigrama y formato de procedimiento del 911 y criterios seguidos para la instalación de videocámaras, entre otros.
Los representantes del Frente para la Victoria (FpV), Norma López y Roberto Sukerman, elevaron desde 2010 a la fecha 80 pedidos de informes y recibieron 17 contestaciones entre las que López remarca que en lo que se refiere a problemáticas de género “nunca responden”.
Nunca llegó la devolución de la solicitud presentada en julio de 2013 en la que los concejales reclamaron un relevamiento de los empleados municipales que son titulares de licencias de taxis. “Sobre tierras o el plan Procrear tampoco. Son incumplidores seriales que desdeñan nada menos que el soporte legislativo de la ciudad. Muchas veces uno requiere informes para avanzar sobre algún tema y responden sólo cuando hay presión mediática”, dijo la edila.
El peronista Osvaldo Miatello realizó 27 pedidos y recibió cinco contestaciones. Entre los que esperan respuesta está el que pide que el Ejecutivo explique “las razones por las cuales en 2012 el 66,37 por ciento de los recursos del Fondo de Asistencia Municipal para la Lucha contra la Drogadicción no fue asignado a la partida de gastos correspondiente y cuáles fueron los criterios de asignación a las instituciones vinculadas a la atención, recuperación y tratamiento de pacientes”.
El ex intendente y actual edil del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero, presentó 64 pedidos de informes y obtuvo quince respuestas. Entre los que nunca le fueron contestados hay varios relacionados con el “funcionamiento de pensiones truchas”. Su par de bloque, Lorena Giménez Belegni, elevó doce solicitudes y ninguna le fue atendida. En tanto, las de María Fernanda Gigliani fueron 26 y las contestaciones no llegan al 20 por ciento (recuadro).
La radical María Eugenia Schmuck formuló 27 pedidos y obtuvo siete respuestas entre las que está la solicitud de que el Ejecutivo gestione ante la Empresa Provincial de la Energía sobre usuarios resarcidos por régimen de bonificación por demanda no abastecida. Sebastián Chale, por su parte,no recibió contestación a ninguno de los siete pedidos presentados.
Finalmente, el veterinario Carlos Cossia, del bloque Peronismo Solidario, formuló nueve pedidos entre los que se mencionan que el Ejecutivo realice un estudio de factibilidad para establecer el mercado central en la ciudad.
No contesta, paga multa
El bloque Unión PRO, integrado por Carlos Cardozo, María Julia Bonifacio, Roy López Molina, Alejandro Roselló y Ana Martínez, presentó 52 pedidos de informes y sólo recibió veinte contestaciones.
Pero los que responden a Mauricio Macri no se quedaron con la negativa y Bonifacio presentó un proyecto –actualmente en la comisión de Gobierno– que estipula fijar sanciones económicas a aquellos funcionarios o responsables de las áreas del Ejecutivo que deban responder y que no lo hagan en un plazo determinado por el Concejo, aplicándoles una multa equivalente al 20 por ciento de sus haberes.
En el proyecto se indica que el importe que se le quite al funcionario remolón se destine al sostenimiento del sistema de protección integral de las personas discapacitadas.
