Juan Montes Cató, Lucas Spinosa, Patricia Ventrici y Hernán Palermo**
La encuesta abarcó 528 delegados y delegadas del sector público, servicios, comercio e industria, y fue una muestra de tipo no probabilística. Fue realizada en 16 provincias argentinas durante las dos primeras semanas de abril.
Se respetó la distribución de casos en función del empleo público y privado y el peso específico de la cantidad de personas empleadas en cada provincia. Se implementó través de un formulario virtual que se distribuyó por vía telefónica y correo electrónico.
Los delegados cuentan con un conocimiento privilegiado y situado de la realidad laboral de los establecimientos a partir del contacto estrecho con las situaciones vividas por los trabajadores.
Se trata de un rol clave para pensar la dinámica sindical y en este caso para captar en tiempo real las consecuencias que la pandemia produce en el ámbito laboral dado su efecto disruptivo en la continuidad del proceso de trabajo.
Con el fin de aportar datos estadísticos sobre la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores frente a las políticas implementadas en las empresas y organismos públicos en el contexto de la Pandemia, presentamos este primer Informe desarrollado en base a un relevamiento de tipo encuesta respondida por delegadas, delegados y activistas en tanto informantes calificados de lo que sucede en los establecimientos
Como se viene planteando en diversos análisis la situación actual puso en evidencia la heterogeneidad laboral, que afecta la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadorxs.
Esto se complejiza por actividades exceptuadas u otras donde se implementaron tareas remotas desde los domicilios. Frente a este escenario interesó analizar el grado de cumplimiento de la medidas de seguridad; el impacto laboral contemplando diversos aspectos que incluyen despidos, pasando por licencias anticipadas o disminución salarial; y aspectos asociados con las percepciones en tanto la pandemia genera expectativas e incertidumbres sobre el futuro laboral.
Construimos un índice de vulnerabilidad laboral que reúne una serie de indicadores sobre la organización del trabajo, cambios en las remuneraciones y estabilidad laboral. Con ello buscamos conocer cuál es la situación general de cada sector frente a una crisis como la que estamos viviendo.
Situación de los trabajadores que siguieron desarrollando sus actividades en forma presencial
Si bien el Aspo dispuso los lineamientos generales para el desenvolvimiento social y laboral, algunas actividades quedaron exceptuadas (a medida que avanzó el confinamiento sectores considerados esenciales se fueron sumando al listado de excepcionalidad).
Para aquellos establecimientos que siguieron desarrollando su actividad un 22,4% no implementó ningún protocolo especial de seguridad para evitar el contagio entre trabajadoras/es.
Esto denota dificultades pero también resistencia en las primeras semanas por parte de las empresas e instituciones para asumir las graves consecuencias que producen la circulación del virus y sus efectos para la salud laboral.
Mirando los que declaran haber tenido algún cambio en sus espacios de trabajo, podemos ver como aquellas acciones “reorganizadoras” del proceso de trabajo fueron las más adoptadas por parte de los empleadores.
Sin embargo, hay casi un 65% de trabajadores y trabajadoras que al momento del relevamiento se encontraban en un creciente riesgo de flexibilización laboral, y un 9% afectado por la pérdida del empleo.
De la misma forma, el 90% de los y las delegadas dan cuenta de una fuerte desregulación del trabajo, que si bien no está atravesada por la pérdida de fuentes de trabajo, si aparecen disminuciones salariales, suspensiones, licencias y cambios en la jornada laboral. Al mirar cada sector, la industria es donde más vulnerabilidad aparece, con despidos, desregulación y suspensiones.
Percepción de la situación
El impacto del Aspo sobre el trabajo observado a través del índice de vulnerabilidad ilumina una parte importante de la realidad laboral al permitirnos ponderar su incidencia en la estabilidad del empleo y los ingresos.
Este impacto también puede rastrearse a través de las percepciones, claves al momento de caracterizar cómo se interpretan las acciones y reacciones frente a un fenómeno disruptivo.
La velocidad en que la pandemia se ha extendido, sumado a la incertidumbre que ella produce sobre la salud genera un abanico de percepciones ligadas a los miedos que ello conlleva. Para adentrarnos a este problema se observó que existe una mayoría de encuestados que tienen bastante o mucho miedo de contagio en el ámbito laboral (73,5%).
Esta distribución es similar tanto en los delegados que continuaron yendo al establecimiento como los que no. De este modo el espacio laboral en las percepciones de los delegadxs se constituye como un ámbito cargado de riesgo.
Frente a la pandemia la iniciativa política del gobierno estuvo orientada a “aplanar la curva de contagios”. Junto con esta directiva general se fueron estructurando un conjunto de acciones que abarcaron diversos niveles. Un 95% consideró entre buenas y excelentes las medidas asumidas por el gobierno nacional.
A pesar de la prohibición de despidos un 4,2% del total de los encuestados declara haberlos sufrido en los establecimientos donde desempeñan su actividad gremial.
Por su parte el 40% de los casos sufrieron algún tipo de desregulación salarial. Casi un diez por ciento (9,05%) de los establecimientos que adoptaron alguna medida de desregulación, sufrió de manera combinada situaciones muy graves desde el punto de vista de la pérdida de estabilidad en el empleo y del ingreso.
La baja salarial demuestra que una parte importante de la crisis desatada por la pandemia se termina descargando sobre los trabajadores que en promedio ya habían perdido durante los cuatro años anteriores un 40% de su salario.
Pocas empresas cuentan con modalidades institucionalizadas de participación de los trabajadores en las ganancias, por lo cual son excluidos cuando existen ganancias extraordinarias pero incluidos cuando se trata de socializar las pérdidas.
El impacto parece estar centrado sobre todo en los sectores de industria y comercio, donde por la modalidad en la cual se desempeñan dificulta la implementación de otras modalidades laborales.
Por otro lado, son actividades que en muchos casos se encuadran dentro de lo que podemos denominar como PyMES o cuentapropismo, con lo que aparece el problema de la pérdida de puestos laborales en sectores afectados por las fluctuaciones del mercado y la concentración de los sectores económicos.
Alerta a lo que depara el mundo del trabajo
Desde el punto de vista de la acción gremial habrá que estar alertas a que el contexto de excepcionalidad no sea utilizado para incumplir normas y “ensayar nuevas modalidades de flexibilidad laboral”.
La fuerte concentración de la riqueza profundizada en cuatro años de restauración neoliberal requiere la búsqueda de instrumentos de intervención en el corto, mediano y largo plazo.
En el largo plazo la necesidad de intervenir en la concentración de la matriz productiva; en el corto plazo resulta clave implementar un impuesto a la riqueza, como así también otras herramientas redistributivas que permitan achicar la “brecha social, laboral y productiva”.
La crisis sanitaria puso en evidencia la crisis de empleo donde alrededor del 60 % de los trabajadores y trabajadoras se encuentran en situación de informalidad.
Para ello es necesario incrementar la fiscalización, especialmente en territorios con una “institucionalidad dispersa”. De la misma forma poner sobre la mesa discusiones como la Renta Básica Universal, disminución de la jornada de trabajo, entre otras cuestiones.
**Centro de Estudios e Investigaciones Laborales / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Equipo de Estudio sobre Sindicalismo, Conflicto y Territorio
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