El hombre que había sido condenado por el encubrimiento del crimen de Micaela García, la joven violada y asesinada en abril de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay, recuperó este viernes su libertad luego de que la Justicia entrerriana aceptó su camioneta como alternativa a la caución de un millón de pesos que le había sido interpuesta.
Se trata de Néstor Pavón, el condenado por encubrir a Sebastián Wagner en el femicidio de la joven, quien fue beneficiado con la excarcelación luego de permanecer detenido tres años y cuatro meses y pese a que aún resta resolverse un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se sea sometido a un nuevo juicio oral.
Si bien la orden de excarcelación fue firmada el 24 de agosto, Pavón seguía detenido ya que no podía presentar el millón de pesos de caución que se le había exigido.
Por eso, esta semana la defensa oficial presentó la alternativa de su camioneta, ya que «hace tres años y medio que no trabaja» y por eso «no cuenta con los recursos» necesarios.
El director de la Unidad Penal 7 de Gualeguay, Santiago Osuna, confirmó a Télam que recuperó su libertad este viernes por el mediodía, luego de que la Justicia aceptó la alternativa de su camioneta como caución.
Días atrás, los padres de Micaela García aseguraron sentir «dolor y tristeza por la injusticia», tras el fallo del Supremo Tribunal de Justicia local (STJER) de excarcelarlo, en una decisión con «carencia de perspectiva de género».
Pavón «tuvo intervención directa en la violación y el femicidio de Micaela, debido a la gran cantidad de pruebas que no fueron analizadas de forma integral, pero lamentablemente esperábamos que algo así pudiera ocurrir», expresó la fundación Micaela García «La Negra», que conducen sus padres, Néstor García y Andrea Lescano.
Además, consideraron que la Justicia entrerriana «dejó sin responder el pedido de explicaciones ante la prueba que acreditaba que Pavón participó activamente» en la violación y femicidio de Micaela.
«Mientras planteábamos el recurso a la Corte Suprema de la Nación, deciden darle en Entre Ríos la libertad» a alguien que «participó de un acto de extrema violencia contra las mujeres y en todo momento ha entorpecido el proceso de llegar a la justicia», apuntaron.
Asimismo, solicitaron «la rápida y real instrumentación de la Ley Micaela» en Entre Ríos; y un «compromiso sincero de la dirigencia judicial y política con una problemática que se lleva vidas cada año».
«Seremos la pesadilla de quienes pretendan arrebatarnos los sueños y alcanzaremos el sueño de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. La memoria de Mica merece ser honrada en la lucha colectiva», concluye el escrito.
Además de la Fundación, diferentes sindicatos, gremios, organizaciones y espacios sociales y políticos rechazaron la decisión judicial.
«La decisión pone en evidencia el carácter misógino y patriarcal de todo el sistema, y la Justicia entrerriana sigue actuando de manera patriarcal», apuntó la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná.
Aseguraron que el Poder Judicial «desconoce la gravedad de los crímenes de odio por género, desoye la voz de las denunciantes, minimizando las violencias hacia las mujeres» con actuaciones «revictimizantes y que normalizan las múltiples formas de violencias».
La decisión de excarcelar a Pavón fue adoptada a pesar de que aún está pendiente que se resuelve un pedido de la fiscalía y de la querella para que sea sometido a un nuevo juicio por el caso, ya que el primero, en el que había sido condenado a cinco años de cárcel por encubrimiento agravado, fue anulado por la Cámara de Casación de Paraná.
El vocal e integrante de la Sala Penal del STJER que decidió otorgar la libertad, Daniel Carubia, indicó que «si él (Pavón) hubiera estado cumpliendo condena, estaría próximo a beneficiarse con el estatuto de la libertad condicional».
«Pero con preventiva no tiene los beneficios de la progresividad de la condena, y es como un muerto civil porque está preso pero no tiene ningún derecho penitenciario», dijo a El Diario de Entre Ríos.
Y, consideró que el Tribunal de Gualeguay «en una sentencia muy seria, con un análisis de la prueba impecable, descartó la coautoría y lo condenó por encubrimiento» y por eso recibió la pena de 5 años de prisión.
Por otro lado, sostuvo que esperaba «ser objeto de críticas», y que antes de la resolución «hubo presiones desde las redes sociales», pero que «son cosas con las que lidia» un juez y que «la misma sociedad va a experimentar cuándo le toque en los juicios por jurado».
Micaela García, de 21 años, estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, desapareció el 1º de abril de 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue hallado una semana después semienterrado cerca de la ruta nacional 12.
De acuerdo a los forenses, la joven había sido violada y estrangulada el mismo día en que desapareció.
El femicidio llevó a la sanción en diciembre de 2018 de la llamada «Ley Micaela», que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.
