Una nueva pista asoma en la causa que investiga la desaparición de Paula Perassi, la mujer que fue vista por última vez en septiembre de 2011 cuando salió de su casa de San Lorenzo. Tenía 36 años, dos hijos pequeños y cursaba un embarazo, que al parecer fue el móvil de un oscuro crimen que tuvo en la mira a un empresario de esa localidad (con quien se presume mantenía una relación sentimental) y a más de un funcionario por encubrimiento. Esta semana trascendió que el Equipo Argentino de Antropología Forense iniciará una búsqueda del cuerpo en una zona cercana al cordón industrial, luego de que nuevos elementos probatorios fueran incorporados a la causa. Por otra parte, la defensa del principal sospechoso presentó un pedido de sobreseimiento que todavía no fue resuelto, en tanto la Justicia Federal aún no dio su última palabra sobre un posible cambio de fuero solicitado por la familia Perassi.
Paula desapareció alrededor de las diez de la noche del 18 de septiembre de 2011. Desde entonces muchas versiones se escucharon en torno a la investigación, en la que no hubo avances trascendentes. Sólo dos personas fueron procesadas en primera instancia, pero esa resolución fue revocada en la Cámara Penal por falta de pruebas. Se trata del presunto amante, Gabriel Strumia, y uno de sus empleados, Antonio Darío Díaz. La familia Perassi barajó desde un principio que el embarazo de Paula, producto de la relación extramatrimonial con el empresario, fue el móvil de su desaparición. En distintas declaraciones sostuvieron dos hipótesis. Que la mujer fue obligada a abortar y al negarse la mataron, o que fue sometida a un aborto clandestino con una complicación letal.
Los familiares de Paula también apuntaron contra el comisario sanlorencino Daniel Puyol, investigado por enriquecimiento ilícito, a quien sindican de tener amistad y vínculos comerciales con el empresario señalado. En particular le achacan una prueba sensible: una comunicación telefónica (mediante Nextel) con Strumia en el momento en que el padre de Perassi realizaba la denuncia por la desaparición de su hija.
Con la revocatoria de los procesamientos, la causa quedó a un paso de terminar impune. Los abogados querellantes de la familia, Adrián Ruiz y José Ferrara, recurrieron a la Justicia Federal para pedir que el caso sea declarado de lesa humanidad con el argumento de estar “luchando contra los aparatos del Estado que quisieron mostrar esta desaparición forzada como el caso de una atorrantita de San Lorenzo que se fue de la casa, siendo que no se fue sola, que la mataron y los mismos funcionarios estatales (por la Policía) ocultaron el cuerpo y obstaculizaron el esclarecimiento”. Si bien el planteo fue rechazado en primera instancia, los defensores recurrieron y esperan la resolución de la Cámara de Casación.
Mientras tanto, una nueva pista podría derivar en el esclarecimiento del caso. “No queríamos que trascienda hasta que no se realice pero la información se filtró. El Equipo Argentino de Antropología buscará el cuerpo de la mujer en una zona que no queremos decir para no frustrar la medida”, dijo José Ferrara a El Ciudadano. Según explicó el letrado, la medida responde a elementos probatorios incorporados a la causa que si bien son nuevos, “ratifican las líneas investigativas que venimos trabajando desde un principio”. Por último, Ferrara no descartó que haya nuevas imputaciones.
La causa tomó amplia difusión mediática en todo el país al punto de que por ley se disponga una recompensa para quienes aporten datos útiles y también motivó un pedido de jury al juez de Instrucción de San Lorenzo, Eduardo Filocco.
