Una tragedia devolvió a las fauces de los imprudentes y los interesados la inquietante problemática de la seguridad pública. Esta vez fue un juez de instrucción provincial el que abrió la polémica. No cualquier juez, sino el que tiene a su cargo la investigación de dos muertes durante un intento de asalto a una pareja de automovilistas en la cabecera de la autopista a Córdoba.
El juez Juan José Pazos aprovechó la ocasión para lanzar chicanas políticas contra quienes tienen responsabilidad sobre las políticas de seguridad pública. Un acto muy opinable: no es que no pueda expresar su parecer, sino que su misión por esas horas era encontrar al segundo asaltante que fugó, evaluar pericias, ordenar procedimientos, garantizar y asegurar pruebas. Además, sus dichos mostraron un cierto desdén por el trabajo de los legisladores, de sus colegas de ejecución penal, de las leyes nacionales, de la Constitución y de los tratados internacionales incorporados por el país.
Para tener en cuenta
“Lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en una sociedad democrática”, escribieron en junio de 2004 los camaristas Elena Ramón, Ernesto Navarro y Otto Crippa García para argumentar su orden de quitar al juez Pazos la investigación del asesinato del pibe David Juárez a manos de dos policías, el 2 de julio de 2000. En Santa Fe el jefe político de la Policía era un ex agente de la Side que ensayaba la mano dura que tuvo su punto cúlmine con la ejecución de Pocho Lepratti en diciembre de 2001. Aquella demoledora cita de la Cámara, exhumada del archivo de Policiales de El Ciudadano, se encadena con otro caso. En noviembre de 2003 el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini apeló los sobreseimientos dictados por Pazos a dos policías acusados por las muertes de Andrés Velázquez y Pablo Caballero, ocurridas el 26 de setiembre de 1999 en Cepeda y Spiro. El juez adhirió a la versión policial del tiroteo. Los familiares siempre denunciaron que se trató de dos ejecuciones.
El diario La Capital recordó el viernes que también fue Pazos quien acusó a Leandro Riboldi de ser el Violador del Centro. Sobre esa base recibió una condena y pasó 14 meses en prisión hasta que detuvieron con las manos en la masa a Néstor Fica, quien luego confesó la autoría de los hechos que Pazos le endilgó a Riboldi.
Ahora, en el caso de la autopista, el juez deslizó la hipótesis de una tercera arma sin que exista indicio alguno de esa posibilidad. La realidad puede ser terriblemente dolorosa pero es la realidad, y el juez no puede apartarse de ella.
Perturbadora complejidad
En su raíd mediático con motivo del caso de la autopista, Pazos sólo evaluó una parte del problema, haciendo hincapié en que los hechos se desencadenaron durante un asalto protagonizado por un ladrón que se encuentra dentro del 8% de quienes salen de una cárcel y reinciden en el delito, según las estadísticas del Servicio Penitenciario. En su rol de juez, Pazos no debió dejar de evaluar –y su misión es hacerlo en la investigación y no en los medios– un hecho que el delegado local del Registro Nacional de Armas, Raúl Bartolucci, describió con en estas palabras: “Si ese padre no hubiera llegado con un arma, otro hubiera sido el desenlace. El hombre común no está capacitado ni mental, ni física, ni intelectualmente para hacer una cosa como ésta, que termina en semejante desgracia”. Pazos debió dedicarse a poner en la balanza la inmensa complejidad de lo ocurrido, pero no lo hizo.
El eslabón perdido
Pazos, que asumió en 1991, es eslabón y producto de un Poder Judicial que se moldeó en el juego de intereses de la corporación judicial, los grandes estudios de abogados y el poder político. A éste último la Justicia debía garantizarle “gobernabilidad” e impunidad. La demostración más cabal es la prescripción por paso del tiempo de todas las causas por corrupción política en Santa Fe. De Vanrell para abajo jamás hubo un condenado.
Las osadas aseveraciones de Pazos en el momento de mayor conmoción pública apuntaron de lleno a la filosofía de las políticas de seguridad del gobierno provincial. Las mismas peroratas debieron soportar ex ministros como el santafesino Roberto Rosúa y el bonaerense León Arslanian y ahora Cristina Fernández. Néstor Kirchner debió sortear al papá de Axel Blumberg, que llegó a arrastrar al Congreso a sancionar leyes inconstitucionales que agravaron en vez de solucionar problemas.
¿Para qué?
Pero el actual oficialismo santafesino sigue sin corregir algunos vacíos políticos que datan de sus primeros días en la Casa Gris, en particular el silencio de funcionarios de segundas y terceras líneas para debatir, tomar iniciativas, defender gestión, crear opinión, generar respaldos, abrir espacios de posicionamiento. El mismo déficit se nota en la Cámara de Diputados, con excepción del batallador Raúl Lamberto. El ave fénix kirchnerista es un ejemplo de lo valiosa que es la famosa masa crítica.
Tiene sentido que el gobernador ratifique y defienda sus política de seguridad, pero no que se ocupe de Pazos. Ningún jury va a prosperar en el actual equilibrio de fuerzas legislativo. Los bloques de la oposición, a excepción del kirchnerismo, son herederos de los gobiernos justicialistas que, cada uno a su manera, tuvieron activa participación en la construcción del Poder Judicial. Ninguno de ellos contribuirá a romper el orden creado mientras no haya un cambio de época en el PJ.
El nuevo piso
La renovación generacional comienza a verse en la Justicia santafesina que es, de los tres poderes del Estado provincial, el que cambia a paso más lento.
También empiezan a verse los cambios políticos que demandó la sociedad santafesina. Hoy no es imposible pero sí mucho más difícil que se designe un juez sin otros pergaminos que no sean los de la amistad política. Un Consejo de la Magistratura que se va perfeccionando con el paso de los años y los gobiernos limita casos como el que ocupa esta nota, que refiere a un funcionario del escalón más bajo de la pirámide del Poder Judicial. En la otra punta, en la cúspide, también hubo cambios. La decisión de Hermes Binner, apenas asumió, de autolimitar las facultades constitucionales del gobernador, le puso un piso de calidad bien alto a las designaciones de futuros integrantes de la Corte Suprema.
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