El año judicial fue formalmente inaugurado ayer por el presidente de la Corte provincial Daniel Erbetta en los Tribunales locales y el acto se transmitió por videoconferencia al resto del territorio santafesino. Sobre el escenario lo acompañó el resto de los ministros de máximo tribunal, el procurador Jorge Barraguirre y el gobernador Miguel Lifschitz. El acto se llevó adelante en el salón del tercer piso de tribunales. Erbetta fue el único orador. Su discurso se extendió por casi una hora, donde no dejó de lado los reclamos a los otros poderes del Estado, la necesidad de esperar la evolución del nuevo sistema penal, el caso de los presos con salidas transitorias que cometen delitos y la “politización” de los jueces, entre otros temas.
La sala estaba colmada de autoridades judiciales, del ámbito político y ejecutivo; tampoco faltaron referentes policiales. Los ministros de Seguridad y de Justicia, Maximiliano Pullaro y Ricardo Silberstein, estuvieron presentes; también el vicegobernador Carlos Fascendini y la intendenta Mónica Fein. Desde el ámbito legislativo, el titular de Diputados Antonio Bonfatti, el senador nacional Omar Perotti, y los legisladores provinciales Clara García, Rubén Galassi y Carlos Del Frade, entre otros. Tampoco faltaron la flamante defensora provincial Jaquelina Balangione y el nuevo fiscal general Jorge Baclini, quienes asumirán el próximo jueves.
Erbetta hizo reclamos o “preocupaciones” que dependen de otras instancias institucionales en un marco del “buen diálogo” con los otros poderes, según refirió. Habló de una Justicia “no apolítica”, aunque aclaró que eso no significa que esté vinculada con la política partidaria. Hizo hincapié en la necesidad de respetar la independencia judicial: “Los jueces no son un eunuco, lo que no pueden hacer los jueces es política partidaria y muchos menos trasmitirla en sus decisiones”.
Habló también de los temas pendientes con la Legislatura. Sostuvo la necesidad de una reforma en el Código Contravencional que sea acorde con los estándares constitucionales. No dejó de lado el conflicto que se ha planteado entre los fiscales del sistema conclusional y los del nuevo sistema penal en esta materia. “Estamos generando una zona de impunidad”, disparó. Otro tema pendiente para el ministro es el Código de Justicia Penal Juvenil, “que permita adecuar la problemática a los estándares constitucionales e internacionales”. Recalcó la necesidad de un tribunal electoral específico y la preocupación por las vacantes de magistrados. Refirió que de 365 jueces en la provincia hay 84 vacantes definitivas, dentro de las cuales sólo 30 son subrogadas; el resto no tiene reemplazo. Fue impetuoso en la pretensión de la rápida cobertura de los cargos permanentes.
Erbetta habló de una erosión de la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en las instituciones y sostuvo que ello también alcanzó a la Justicia. Dijo que la expansión legislativa, las permanentes demandas sociales que golpean las puertas de la Justicia, a lo que sumó la ampliación de los campos de actuación de jueces –como aumentos de tarifas, cuestiones ambientales, entre otros–, influyen en la delimitación de poderes. E hizo un llamado de atención: “Cuidado cuando el Poder Judicial pasa a ocupar la centralidad de lo público; cuando el nombre de un juez se conoce más que un ministro puede llegar a convertirse en un campo de lucha político-partidaria y de este modo exponerse a que la política quiera colonizar la Justicia, distorsionando y pervirtiendo su verdadera función y su independencia”.
Fuero penal
Las cuestiones penales fueron eje de gran parte del discurso. Erbetta dijo que crearán una oficina de medidas cautelares, específica, competente que controle estas medidas. Vinculado con esta cuestión apareció la necesidad de implementar mecanismos efectivos para la captura de condenados e imputados prófugos: “No es sencillo profugarse sin una fuerte logística o al menos sin la cobertura o inacción de ciertos funcionarios”, sostuvo. “Hay mucha información que puede relevarse en los lugares de detención; generalmente muchos de nuestros prófugos saben volver a sus domicilios”. A la vez celebró la reciente creación de la brigada de investigaciones para la captura de prófugos a instancias del Ministerio de Seguridad. “Sería importante potenciar la actividad, aumentar el número de recursos humanos y equipamiento y, en la medida posible, trabajar bajo las órdenes del Ministerio Público de la Acusación (los fiscales)”, refirió.
Asimismo Erbetta habló de déficit histórico en materia de investigación relacionada con la tecnología y análisis criminal. Refirió que en los últimos tres años la inversión de los poderes Ejecutivo y Judicial fue inédita. Con fondos propios la Justicia adquirió equipamiento por 7 millones de pesos para la realización de análisis de ADN, alcohol y drogas, celulares, pericias balísticas, mejoramiento de imágenes, luces forenses, equipamiento para la escena del crimen, documentación en 3D, enumeró. E hizo mención al laboratorio que el Ejecutivo montó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) con tecnología de última generación. Sostuvo que el próximo se inaugurará en Recreo.
“Podemos afirmar con satisfacción, aunque no sin reparos, que se ha dado un superlativo salto de calidad institucional con resultados cualitativos al implementar el nuevo sistema penal”, destacó, y de inmediato añadió: “El impacto organizacional de la reforma ha sido mucho más que el impacto normativo. Se ha logrado transparentar la función judicial. De dar misa en latín y de espaldas a la gente tenemos una liturgia en castellano y de frente”, afirmó.
Reconoció, sin embargo, que no pueden ocultar que “hay problemas y muchos riesgos de distorsión”. Afirmó que esas distorsiones no tienen que ver con el marco normativo sino con rutinas y falta de internalización del cambio en algunos operadores y llamó a “esperar una evolución más seria” del sistema antes de reformarlo.
Seguridad
“Cuando la Justicia Penal interviene el delito ya pasó”, aseguró Erbetta. “Los jueces no diseñan políticas generales o específicas de seguridad y estrategias de prevención situacional del delito. Los jueces ni siquiera tienen a cargo la persecución penal, no tienen competencia en temas de seguridad. A diferencia de la política, que decide casos generales, la Justicia Penal decide los casos uno a uno, de acuerdo con la Constitución nacional y, por ello, el espacio de decisión de cada juez es sagrado”, opinó en relación con recientes cuestionamientos de dirigentes políticos a fallos como el que absolvió a los acusados por el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero.
Sostuvo que están abiertos a la crítica, aunque aclaró que siempre es de esperar que la crítica se haga de manera responsable y con completo conocimiento de las circunstancias del caso. “Si algún magistrado ha cometido alguna irregularidad deberán activarse los mecanismos institucionales para su sanción o destitución”, definió. Concluyó que debe quedar en claro que el que comete un delito “debe ser castigado con la Constitución y la ley en la mano, ni más ni menos”. Y remató: “Eso postula el galantismo: de allí a suponer que con la Justicia Penal vamos a resolver el problema de seguridad hay un largo trecho”.
Silberstein: “Hay que ser cuidadosos al nombrar jueces”
Tras el discurso inaugural, el gobernador Miguel Lifschitz se retiró sin hacer declaraciones. Por su parte, el ministro Ricardo Silberstein, en cuanto a las vacantes, explicó que cubrieron todas las ausencias en Cámaras Civiles y Penales de Rosario y Santa Fe y ahora se hace lo mismo con los fiscales. Adelantó que en los próximos 60 o 90 días cubrirán entre 30 o 40 vacantes, por lo que estaría el 50 por ciento cubierto. Y afirmó que nombrar fiscales y jueces no es una tarea sencilla. “Son muchas las condiciones que debe tener un magistrado; no se olvide que cuando se nombra un juez es con estabilidad propia, es decir hasta que se jubile. Tienen mucho poder y mucha responsabilidad y se lo designa de manera permanente. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que ser sumamente cuidadosos”, definió.
“Territorio del deseo”
El diputado Carlos del Frade fue crítico: “Pareció más un relato del territorio del deseo que de la realidad concreta de los fallos que luego impactan en la vida cotidiana de los que son más. Al hablar del crecimiento del número de sentencias, tampoco es posible dejar pasar por alto que los fusilamientos de 2001, las inundaciones de Santa Fe de 2003, el saqueo del Banco Provincial, el intento de asesinato del ex gobernador Antonio Bonfatti o los homicidios del Pájaro Cantero o Luis Medina todavía no tienen explicaciones de parte del Poder Judicial, con el viejo y el nuevo sistema penal procesal”.
“No dar opciones”
El senador nacional Omar Perotti habló de la reforma al Código Penal de la Nación a partir del femicidio de Micaela García. Sostuvo que a partir de mañana el proyecto que limita excarcelaciones pasará a la comisión de Justicia y después a Derechos y Garantías y Presupuesto: “Nos golpeó a todos. Amerita una revisión del marco legal, de dejar resguardado que no todo da lo mismo. No es un hecho menor el impacto que ha tenido esta situación que se ha llevado una vida. La ley, como está vigente, permite interpretaciones y lo que se ha planteado en la modificación es no dar opciones”.
