Desde su llegada al poder en diciembre de 2015, la administración de Mauricio Macri aumentó el tamaño de la estructura del Poder Ejecutivo y multiplicó los nombramientos discrecionales de funcionarios, que ahora están menos capacitados para los cargos que ocupan, según lo reveló el informe “GPS del Estado”, de la organización Cippec.
El estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) se contrapone con las promesas de Cambiemos y de su discurso oficial de eficientizar el Estado.
Con la llegada a Balcarce 50 de la alianza del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, comenzó una serie de despidos de personal del Estado, aduciendo que se trataba de ñoquis y militantes políticos del gobierno anterior.
Incluso el por entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay habló sobre la necesidad de un Estado “sin la grasa de la militancia”. El informe de Cippec demuestra que Cambiemos le dio su propio barniz de militancia, una capa más gruesa incluso que incrementó la planta política del Ejecutivo nacional. Por lo que los despidos que llevó adelante Cambiemos se asemejan bastante a una persecución ideológica.
Más cargos
“El Estado argentino está expandiendo sus fronteras de funcionamiento desde 2003. Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo”, explicó el reporte.
Por un lado, la Argentina tiene uno de los gabinetes más grandes de América Latina, con 21 ministerios –en 2015 había 17 carteras–, por sobre Uruguay, México, Colombia y Perú, entre otros países.
El aumento de ministerios derivó en una expansión de la estructuras en los niveles de secretarías y subsecretarías que “provocaron un incremento del orden del 25% en el universo de cargos políticos entre 2015 y 2017”, según se indicó.
En 2015 había 65 secretarios de Estado y en marzo de 2018 la cantidad era de 113; las subsecretarías, en cambio, se redujeron de 165 a 131, mientras que los directores nacionales pasaron de 291 a 313.
Según Cippec, durante la gestión de Macri, “los avances en la gestión del rendimiento y desarrollo del empleo público han sido pocos”.
“Las capacidades del personal organizacional y en particular de la alta dirección pública son decisivos para superar los desafíos de coordinar una estructura estatal más grande, pero el panorama del espacio directivo trazado entre los años 2015 y 2017 muestra mayores continuidades que cambios”, destacaron los especialistas.
En particular, se indicó que “la evidencia muestra que hay un deterioro en el espacio directivo”.
“En este sentido, la modalidad de ocupación del espacio directivo es discrecional y tiene un componente altamente político: en 2017 solo el 2% de los directivos públicos se encontraban designados bajo la modalidad de planta permanente, mientras que en 2015 alcanzaba el 6%”, subrayó.
Menos capacitados
Asimismo, se informó que “el porcentaje de directivos públicos que cumplía con los requisitos exigidos por la norma para al acceso a cargos jerárquicos se redujo de 32% a 18% entre 2015 y 2017”.
De igual modo, el informe “GPS del Estado” subrayó que “en 2015 el 72% del total de personas que componían la alta dirección pública eran profesionales y en 2017 esta participación cayó al 66%”.
“La reducción en el número de profesionales en el espacio directivo y el menor cumplimiento de requisitos da cuenta de que se acentuaron los criterios de confianza o gestión por competencias políticas”, se informó.
Además, el informe reveló que hay una “elevada rotación de los directores” que “obstaculiza la efectividad gubernamental”.
“El 25% de los directivos públicos que se encontraban designados en 2016 fueron reemplazados de sus cargos en 2017. Más aún, a fines de 2017 solo el 9% del total de directivos públicos continuaba en su cargo”, se indicó.
“Esto afecta la capacidad que tiene el espacio directivo para actuar como la memoria institucional de la administración y, al mismo tiempo, interrumpe el proceso de aprendizaje organizacional dentro de la órbita estatal”, agregó.
