La primera autopsia realizada a María de los Ángeles Paris tras su muerte dentro de una comisaría rosarina dejó mucho que desear. El médico del Instituto Médico Legal (IML) a cargo concluyó que se trató de una “muerte natural”, lo que provocó el inmediato rechazo de organismos de derechos humanos, miembros de Amsafé y familiares de la bibliotecaria de 45 años que el 3 de mayo de 2017 salió sin vida de un calabozo de la seccional 10ª. Reclamaron graves falencias en la necropsia, como haber alcanzado los resultados antes de conocer los exámenes toxicológicos y sin haber realizado pruebas de rayos X y otras medidas obligatorias en casos de muerte en custodia. Pero fue la segunda autopsia realizada cinco meses después lo que convirtió las sospechas en una denuncia penal contra el forense. La semana pasada, el fiscal Fernando Dalmau desestimó las acusaciones contra el médico del IML con un escrito que para la querella “parece más una defensa del médico que una investigación imparcial”. Su decisión, sumada a que no hay ningún policía imputado a casi dos años del fallecimiento de la docente, motivó este martes una masiva movilización frente al Centro de Justicia Penal donde se volvió a reclamar “juicio y condena a las y los responsables”.
Familiares de María de los Ángeles junto a miembros de la APDH Rosario, Amsafé Rosario y la Cátedra de Criminología de la UNR dieron este martes una conferencia de prensa en Virasoro y Sarmiento, luego de presentar un escrito ante el fiscal Regional, Patricio Serjal, en el que se opusieron a la desestimación de Dalmau a instar la acción penal contra el forense que había realizado la primera autopsia y exigieron que designe a otro fiscal. También para pidieron la inmediata imputación de los cinco policías que estuvieron en la comisaría 10ª donde fue privada de la libertad la bibliotecaria, medida que depende de la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci.
“Pareciera que estamos ante un Estado que ya no puede encubrir que la mató la Policía y lo hace a través de demoras, excusas. Pasó mucho tiempo y estamos muy preocupados”, dijo Erica, hija de la víctima, en declaraciones radiales. Y enfatizó: “es hora de que las personas que le hicieron esto a mi mamá estén en la cárcel, dejen de trabajar y se haga justicia por ella. Nos dijeron que la causa se puede archivar. Nosotros con los abogados nos cansamos de hacer escritos, presentaciones y no tenemos respuesta todavía”.
Asfixia posicional vs muerte natural
Federico Pagliero, abogado de la APDH Rosario y querellante en la causa, explicó que la segunda autopsia fue realizada por la perito oficial de la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la médica forense Cristina Bustos, quien refirió “como causal de muerte una «arritmia cardíaca fatal» pero que tuvo relación con la sujeción física –asfixia posicional– a la que fue sometida la víctima”. El abogado agregó que la experta “también constató lesiones producidas en vida, como contusiones en la zona lumbar, que para la perito de parte Virginia Creimer son compatibles con tortura”. Pagliero aclaró que además de “la diferencia abismal entre la primera y la segunda autopsia”, hay un montón de estudios de rigor que el forense rosarino no hizo. Entre ellos mencionó que en su informe dice haber “explorado el cuello”, y luego la forense de la Corte dijo que esa medida no se había realizado.
“La labor del fiscal Dalmau nos molestó porque básicamente todos sus esfuerzos se basaron en hacer un escrito para desestimar la denuncia contra el médico y casi ningún esfuerzo en llevar adelante una investigación imparcial. En más de un año ordenó solo dos medidas probatorias, de las cuales una se trató de una declaración testimonial a un compañero de trabajo del forense denunciado”.
Pagliero aclaró que el reclamo que le hacen a Serjal para que designe a otro fiscal no se basa “en un capricho sino en un dictamen de dos médicas forenses de mucho renombre”.
«Tuvieron intensión de archivar la causa»
Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos de Amsafé Rosario, Daniela Vergara, agregó que además de los graves vicios en la autopsia del IML que les impidió obtener un montón de pruebas y la llamativa desaparición de la ropa de la docente, “desde el punto de vista político podemos asegurar que tuvieron toda la intensión de archivar la causa desde un primer momento, de no dar a conocer que María de los Ángeles era una trabajadora docente, de negar que fue ilegalmente privada de su libertad y de negar la visible situación de violencia institucional a la que fue sometida”.
Vergara reiteró que “siempre hubo una intencionalidad política de ocultar la violencia ejercida por la Policía” y recordó “las lamentables palabras del gobernador Miguel Liftchitz que hace un año salió a decir que no hubo violencia en vez de pedir que se investigue, teniendo en cuenta que María de los Ángeles fue agarrada del cuello, arrastrada dos cuadras, esposada y privada de la libertad sin haber cometido ningún delito. Obviamente sus dichos generan impunidad ante semejante situación”.
En ese sentido resaltó «la grave situación de falta de justicia» y expresó que el reclamo es que se llegue a juicio. «Pero para eso tiene que haber imputaciones. Mientras no haya imputaciones, no hay juicio, que es la única forma que tenemos de llegar a la verdad y llegar a la justicia».
