El ex futbolista Marcelo Toscanelli, sindicado como uno de los jefes de una banda dedicada al juego clandestino online, fue imputado este martes y quedó detenido por el plazo de ley. El ex campeón de Rosario Central y contador público, de 57 años, era buscado por la Justicia hacía varias semanas y fue detenido el viernes pasado por la noche en un sanatorio de Rosario al que llegó con un fuerte dolor de pecho. Según la Fiscalía, junto al empresario Fabricio Ciamporcero –quien se entregó y cumple prisión preventiva– conducían una asociación ilícita dedicada a la explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización y defraudación a la administración pública. Los investigadores sospechan que su rol era introducir el dinero malhabido en el circuito legal con la compra de caballos de carrera, inmuebles, embarcaciones y vehículos de alta gama.
En una audiencia realizada este martes por la mañana en forma remota en los tribunales de Vera, el juez Martín Gauna Chapero hizo lugar al pedido del fiscal Nicolás Maglier y ordenó la prisión preventiva de Toscanelli por el plazo de ley como presunto jefe de una organización criminal de juego ilegal por Internet.
La medida cautelar por el plazo de dos años fue impuesta luego de que el ex futbolista fuera imputado como autor del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe. Asimismo, le endilgó la autoría de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización y defraudación a la administración pública.
“La persona a la que se le impuso la medida cautelar privativa de la libertad es uno de los dos hombres a los que se investiga como jefes de la asociación ilícita”, expresó el fiscal Maglier. “El otro jefe ya quedó en prisión preventiva el pasado jueves 12 de noviembre”, recordó en relación al empresario rosarino Fabricio Ciamporcero domiciliado ahora en Malabrigo.
El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacó que “en total son 17 las personas que fueron imputadas y a las que se les impusieron medidas cautelares en el marco de esta investigación”. Entre ellas se encuentran tres policías y un empleado penitenciario.
Según se detalló en audiencias anteriores, ambos jefes “daban las órdenes sobre las metodologías administrativas y operativas del desenvolvimiento de la organización, y disponían de los mayores beneficios económicos del fruto de las ganancias ilícitas obtenidas”.
Según la Fiscalía, el dinero obtenido del negocio ilegal era reinvertido en la compra y venta de caballos de carreras, propiedades inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama y demás bienes suntuarios.
“Todas esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del juego clandestino, lo que significa que dicho dinero no era declarado y circulaba informalmente, o si era declarado no estaba suficientemente justificada su procedencia”, acusó el fiscal.
La pesquisa comenzó hace un año, en diciembre de 2019, a raíz de apuestas ilegales que se realizaban a través de medios electrónicos y telefónicos en un bar de la ciudad de Vera.
La Fiscalía trabajó de forma conjunta con el Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron diligencias que permitieron individualizar la organización de juego clandestino a través de la página web Aconcagua Póker –que estaría registrada y radicada en España– y que habilita a sus usuarios a realizar apuestas de dinero.
Modus operandi
El fiscal explicó: “A las personas que apostaban se les instalaba una aplicación en algún dispositivo tecnológico y se les creaba un usuario. De esa manera, accedían al sitio web y podían apostar”. Y agregó: “Para poder jugar, los usuarios eran contactados por personas que integraban un tercer nivel dentro del grupo delictivo. Se los denominaba cajeros, y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban”.
“Un eslabón más arriba que los cajeros estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada uno de esos cajeros. Estos operadores eran una segunda línea en la asociación ilícita, operaban desde Rosario y se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final y también tenían a su cargo todo tipo de trámite administrativo”, detalló.
En su descripción, el fiscal dijo que “había una cuarta línea que estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los cajeros”.
