La Cámara Penal confirmó la prisión preventiva para el ex jefe de la Fiscalía Regional Rosario Patricio Serjal. La apelación tuvo lugar la semana pasada y la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles cuando el vocal Guillermo Llaudet mantuvo la medida cautelar. El camarista agregó que a su vencimiento y para un caso de prórroga el Ministerio Público de la Acusación (MPA) deberá mostrar avances en la investigación. El ex funcionario quedó involucrado en un escándalo judicial cuando el empresario Leonardo Peiti, imputado en una banda de extorsionadores vinculados al juego clandestino, declaró como arrepentido y dijo que le pagaba entre 4 y 5 mil dólares al fiscal Gustavo Ponce Asahad con anuencia del entonces fiscal Regional para obtener protección e información sobre posibles pesquisas en su contra.
Once días después de la declaración de Peiti, quien quedó involucrado como miembro de una banda organizada por Maximiliano «Cachete» Díaz –alfil de Ariel «Guille» Cantero– dedicada a la extorsión y al juego clandestino; Patricio Serjal llegó al Centro de Justicia Penal donde tenía su oficina como jefe de los 79 fiscales que incluye la Circunscripción 2 pero esta vez a enfrentar una audiencia imputativa.
Peiti había contado que pagaba coimas a funcionarios del MPA desde diciembre de 2018 cuando fue contactado por el fiscal Ponce Asahad, hoy imputado y detenido en esta causa. Agregó que le entregaba entre 4 y 5 mil dólares aunque le pidieron 100 mil de la divisa extranjera al conocer que figuraba en un organigrama de la banda de Cachete. Finalmente, el acuerdo se cerró en 10 mil dólares, de acuerdo a lo que aseguró en empresario del juego. Versión que los fiscales apuntalaron con otras evidencias: como filmaciones cámaras de seguridad, conexiones telefónicas, mensajes, informes, testimonios y el hospedaje de Serjal y Peiti en un hotel en Buenos Aires.
Para los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Ponce Asahad y el empleado del MPA Nelson Ugolini, con la participación del entonces fiscal regional Patricio Serjal, diseñaron y ejecutaron un plan delictivo con el fin de recibir dinero de Peiti, a cambio de brindarle información reservada, no investigar hechos o intervenir en investigaciones en curso, retrasarlas u omitir dictámenes propios de la competencia fiscal para que no prosperen imputaciones contra éste.
Conocida esta información en forma pública a finales de julio pasado, Serjal presentó su renuncia como fiscal regional y luego, tras el escándalo que generó el caso, dimitió a su cargo de fiscal y quedó fuera del Ministerio Público de la Acusación. Un capítulo aparte se generó con el caso en la Legislatura.
La causa judicial
El primero en caer en desgracia fue Ponce Asahad y su empleado Ugolini, quienes fueron imputados a principios de agosto pasado. El primero quedó detenido preventivamente. El 11 de agosto fue el turno de Serjal que llegó al Centro de Justicia Penal junto a su abogado pero no volvió a salir del edificio por sus propios medios. La jueza Eleonora Verón lo dejó detenido por 90 días.
La medida cautelar fue apelada por sus defensores, Jorge y Hugo Lima. Audiencia que tuvo lugar el 18 de septiembre pasado y fue presidida por el magistrado Guillermo Llaumet. Lima dijo que la fundamentación para ordenar la prisión preventiva de Serjal y rechazar el pedido de morigeraciones a la medida no fue suficientemente fundada por la jueza Verón y agregó que no existe prueba suficiente para acreditar su participación en el hecho.
Aclaró que Peiti no puede ser considerado un arrepentido porque la provincia no adhirió a le ley que lo regula y estimó que los dichos no son creíbles. Además, el defensor dijo que la versión de un co-imputado no pueden servir para fundar una condena o una cautelar sino existen otros elementos incriminantes y pidió un arresto domiciliario en otra localidad.
Mientras que la Fiscalía hizo un recorrido por el caso y su complejidad. Dijo que la declaración de Peiti esta respaldada con otras evidencias, que van a presentar acusación en tiempo y forma y el pedido de domiciliaria no se encuentra dentro de los apartados que establece la ley. El vocal dispuso un cuarto intermedio para resolver la cuestión y este miércoles dio a conocer su decisión.
Llaudet dijo que se trata de una causa paradigmática, relevante y paradojal. “No hace falta ahondar sobre la relevancia institucional que conlleva que el propio órgano encargado de la persecución penal lo materialice cuestionando a su propia estructura en todas sus instancias operativas, empleados, fiscales y a su propia autoridad regional”.
Todo eso se da en el marco de una investigación que conlleva como herramienta investigativa la figura del arrepentido y destacó la conocida tensión que genera esta figura con ciertos principios constitucionales, continuó.
Si bien la declaración de Peiti no se da en el marco de la figura del arrepentido tal como la define la ley nacional a la que Santa Fe no ha adherido al menos desde un posicionamiento procesal análogo, Peiti convino tal rol con el titular de la persecución penal en otro proceso lo que fue consentido por la doctora (Valeria) Pedrana (jueza de Colegio de Jueces de primera Instancia) en la audiencia imputativa en la que declaró, explicó el magistrado.
«Paradójicamente otro de los resultados de tal herramienta procesal es haber permitido que la misma foto que tenía este arrepentido, posicionado en una red de juego y extorsión, investigado y con captura en el marco de esa investigación de extorsión, mutara en su consideración mediática de integrante de una organización extorsiva vinculada a Los Monos por la de empresario del juego con la que lo presenta hoy, entre otros por su propia defensa», siguió Llaudet para considerar que «indudablemente, ese es el complejo marco en el que Verón debió adoptar la decisión de la cautelar apelada.
El juez confirmó la medida cautelar al advertir que no hubo ausencia de fundamentación por parte de la jueza, ni el MPA basó su imputación exclusivamente en la versión de Peiti, tampoco la decisión de encarcelar preventivamente a Serjal se explica exclusivamente en los dichos del imputado.
«Serjal aparece involucrado y se decide su cautela física por múltiples horizontes evidenciales de los cuales la versión de Peiti es uno de ellos», dijo y agregó que la evidencia presentada por el MPA brinda un marcado grado de corroboración de aspectos centrales.
Además, hizo referencia a que una de las evidencias en las que trabaja la Fiscalía es un mapeo patrimonial del Serjal y agregó que correspondería un mapeo patrimonial a quien dice derivar 4 o 5 mil dólares mensuales al pago de coimas.
“Es extraña la habilitad de este sujeto para relacionarse con quién aparece como un sospechoso de balearle la casa (en relación a Maximiliano «Cachete» Díaz). Habrá que clarificar dogmáticamente la participación de cada uno de los imputados y con ello fundarse lo que reclamo la Fiscalía asignando un rol de jefe a Serjal que a la fecha no tiene relato imputativo», detalló en su fundamentación Llaudet.
Y agregó que en el caso de reclamar un prórroga a la medida cautelar, el MPA deberá mostrar avances en la investigación que permitan evaluar la subsistencia de riesgos procesales que justifiquen mantener el encierro cautelar de ex fiscal regional.
