Marcelo «Conejo» Gómez fue el jefe de la Unidad Regional II (URII) del departamento Rosario hasta diciembre pasado. El 13 de ese mes, Gómez le dijo al jefe de la Agrupación Cuerpos de la URII que retirara el personal policial apostado en el Centro de Justicia Penal (CJP), el Palacio de Tribunales y en la sede del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) de calle Montevideo al 1900. Esa circunstancia se mantuvo por casi 12 horas y fue advertida en el Centro de Justicia Penal. Desde Fiscalía comunicaron la situación al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien en un intercambio de audios telefónicos intimó al jefe policial a reponer el servicio, lo que ocurrió poco antes de la medianoche. Para la fiscal Paola Aguirre, el uniformado incumplió los deberes de funcionario público ya que había una orden superior que data de agosto de 2019 que ordenaba la custodia a los edificios públicos afectados al Poder Judicial y, conociendo esa orden, decidió sacar la custodia. La jueza Valeria Pedrana admitió la imputación, aunque no hizo lugar al pedido de restricción que hizo la fiscal para que el imputado no saliera del país. En su lugar, la magistrada dispuso que el jefe policial retirado fije domicilio y avise a la Justicia si decide salir del país y por cuanto tiempo.
El director general Marcelo Gómez había sido designado al frente de la Unidad Regional II (UR II) del departamento Rosario en diciembre de 2018 por la gestión del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. El 13 de diciembre de 2019, ya en los primeros días de nuevo gobierno provincial, Gómez se hizo pública su presentación para el cese de funciones y, si bien, había confirmado que tenía decido dejar el cargo porque había concluido su etapa, en la misma oración remarcó que nadie de la nueva gestión lo había llamado para interiorizarse sobre la situación de la ciudad. La reacción del flamante titular de la cartera de Seguridad, Marcelo Sain no se hizo esperar, ya que con el transcurso de las horas hubo otras presentaciones de otros uniformados con cargos jerárquicos. Entre publicaciones en las redes sociales y mensajes de audio por Whatsapp por parte del ministro salió a luz que una de las últimas órdenes que había dado Gómez había sido el retiro de las custodias policiales a los edificios públicos.
Según la reconstrucción que hizo la Fiscalía, esa solicitud fue a las 13.30 de ese 13 de diciembre, cuando Gómez le dijo Sergio Cantero, el entonces jefe de la Agrupación Cuerpos en el comedor de la Unidad, de Ovidio Lagos al 5200, que reubicara el personal policial apostado en los edificios judiciales para destinarlos al procedimiento «Felices Fiestas”. Lo que fue informado por Cantero al entonces jefe de Orden Público, quien dejó asentado en el libro de memoria Unidad de Orden Urbana y dispuso el levantamiento del servicio.
Esta información comenzó a correr por whatsapp y llegó a la coordinadora de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que decidió chequear la información hasta que pudo saber que la orden había sido verbal. Esta secuencia llegó a oídos de la Fiscalía que informó a Sain, quien a su vez mandó audios a Gómez.
En el cruce de mensajes que se hizo público Sain le dijo: «Le ordeno por este medio que de manera inmediata restituya la custodia en los edificios públicos en el término de una hora, sino lo hace, mañana usted va a ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y si ocurre algo en este período de tiempo, las consecuencias para usted van a ser más graves desde el punto de vista penal. Le aconsejo que cumpla con su deber porque usted no tiene ninguna facultad para estar deliberando nada con nosotros, con la conducción política y policial, respecto de lo que tiene que ver y hacer para llevar adelante el cumplimiento de la seguridad de los rosarinos. Así que ya le ordeno que restituya eso, porque de lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante. Haga lo que tiene que hacer». A lo que Gómez contestó “Buenas noches ministro. Ya está establecido”.
En la audiencia imputativa de este martes se conoció que fue en ese momento cuando Gómez le dio la orden a Cantero para que restableciera el servicio en los edificios y mandó 4 móviles para que se ubicaran uno en cada esquina del Centro de Justicia Penal, lo que volvió a quedar asentado en el libro de memoria de la Unidad de Orden Urbana.
La orden
Tras los distintos ataques a propiedades de funcionarios públicos y edificios del Poder Judicial, el 5 de agosto de 2018 se emitió la Orden 29 a nivel provincial que dispuso la custodia permanente al Centro de Justicia Penal, el Palacio de Tribunales y la sede del MPA de calle Balcarce y Montevideo durante las 24 horas y durante la noche al Colegio de Magistrados y funcionarios de la 2° Circunscripción. Esto no sólo incluía al jefe de Policía de Rosario sino también a los titulares de la Policía de Acción Táctica (PAT), Policía Comunitaria y de Coordinación con la OGJ. Es decir que entre otros jefes, Gómez tenía la orden de custodiar los edificios a través de la fuerza que tiene a su cargo. Además, existe una prohibición en la orden de tomar toda decisión unilateral que pueda incidir en este servicio sobre el que no debía escatimarse recursos, explicó la fiscal en la audiencia.
Para la representante del MPA esta orden es jerárquicamente superior al memorándum que fija una planificación local para la seguridad del territorio durante las festividades de fin de año que se dio a conocer como “Felices Fiestas» y Gómez no podía desconocerla, por ello incumplió esta norma cuando levantó la guardia.
Aguirre sumó que el 11 de diciembre, cuando se produjo el cambio de autoridades, una persona llegó a Fiscalía y aseguró que le habían propuesto atacar al CJP y los fiscales. Con este dato se anotició a la Justicia Federal porque se desconocía a qué fiscales hacía referencia la amenaza y se analizaron si estaban vigentes las ordenes de custodia. A los dos días, Gómez ordenó verbalmente que su personal dejara de prestar el servicio y tras la comunicación de Sain la restableció. La fiscal agregó que la operación Felices Fiestas estaba prevista a partir del 16 de diciembre hasta el 6 de enero: “Se invoca una orden operativa que no estaba para sacar la custodia”, aseguró.
La declaración
Gómez declaró. Reconoció la orden verbal que dio y explicó que los objetivos nunca quedaron sin custodia, ya que las otras fuerzas estaban en el lugar, además de la seguridad de cada edificio. Dijo que estaba facultado para decidir sobre las fuerzas policiales a su mando y que así lo hizo. Aseguró que el personal relevado fue asegurado de forma inmediata al Paseo del Siglo donde había problemas de seguridad y se vio en la necesidad de remover el personal y asegurar la zona céntrica porque los recursos eran limitados.
Contó que se hizo cargo de la URII en diciembre de 2018 cuando ya habían ocurrido los ataques. “Lo cubrimos todo el año y no pasó nada” y aseguro que no sabía que había una amenaza vigente y apenas se enteró, restableció el servicio y en lugar de dos uniformados puso un móvil en cada esquina del CJP.
Para su defensor José Nanni no se configuró el delito porque no hubo dolo, pero la fiscal dijo que es una omisión y se incumplió una orden. La jueza Pedrana entendió cumplido los requisitos para la configuración del delito y admitió la imputación que lleva como sanción una multa que no supera los 13 mil pesos y una inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En tanto, la magistrada estuvo de acuerdo con el defensor que es una restricción a la libertad ambulatoria el pedido y se limitó a exigirle al imputado la fijación de un domicilio y la notificación de su parte ante un viaje al exterior.
