El ex diputado provincial y asesor parlamentario Darío Scataglini fue imputado este sábado en el marco de la causa de juego clandestino por, según la acusación, usar sus influencias para que la Lotería de Santa Fe le otorgara a una de las empresas de Leonardo Peiti la explotación de salas de Virtual Lotery Terminal (VLT) para su beneficio económico, el del senador Armando «Pipi» Traferri y del empresario. Tras la audiencia, Scataglini quedó formalmente acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La jueza Eleonora Verón presidió la imputación y dictó para el ex legislador del Partido Justicialista (PJ) la libertad luego de que pusiera una vivienda como caución.
Scataglini fue detenido en un allanamiento llevado a cabo este jueves en su casa de pasaje Lassaga al 3500, en barrio Candioti del microcentro de la ciudad de Santa Fe. El ex legislador ya había sido nombrado en la causa por una comunicación y una reunión con Peiti que se develó el 10 de agosto del año pasado, en la imputación al ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal; en el caso también está acusado un subordinado de éste, el fiscal Gustavo Ponce Asahad.
En ese marco, prestó tres veces declaración testimonial; con el correr de la pesquisa, la Fiscalía consideró que había recolectado indicios suficientes sobre los delitos que le achacaron.
En la audiencia que se llevó adelante este sábado a las 8 en el Centro de Justicia Penal, los fiscales de la Agencia de Investigación Criminal y Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra precisaron que Scataglini hizo uso de sus influencias como ex legislador y asesor parlamentario para que la empresa Wildar Gaming SRL de Peiti se quedara con la explotación de las salas de juego online, siempre según la acusación.
Tráfico de influencias
Edery y Schiappa Pietra dijeron en su acusación que el 11 de marzo de 2020 Scataglini se reunió con Peiti, el abogado José Fernández Chemes ( ex secretario de Legal y Técnica del municipio de Villa Gobernador Gálvez y también imputado) en la oficina del senador Armando Traferri, ubicada en General López 2600, de la localidad de San Lorenzo.
En ese encuentro, según la Fiscalía, se dividieron las acciones que desarrollarían para que el Ministerio de Economía de Santa Fe celebrara un convenio con la empresa Wildar que la habilitara para colocar VLT (Virtual Lottery Terminal) en los locales de la Lotería de Santa Fe, explicaron desde Fiscalía, en medio de la pandemia y cuando el juego online no estaba habilitado.
Así, los investigadores describieron que, según su entender, Scataglini debía «ejercer influencia haciendo uso de sus contactos por haber integrado la comisión Bicameral de Bingos y Casinos». Uno de los indicios presentados fue que el abogado Fernández Chemes lo llamó el 31 de marzo y el 10 de abril de 2020 para que le informara del avance de las negociaciones y que Scataglini respondió que estaba trabajando en el tema, que cuando tuviera información se comunicaría.
El 22 de abril, Fernández Chemes presentó, en caracter de apoderado de la empresa Wildar, por e-mail la solicitud en la Lotería de Santa Fe para instalar las salas VLT. A los seis días, el abogado avisó a Scataglini, quien era asesor del diputado justicialista Ricardo Olivera en la Cámara baja, de la presentación y éste le avisó que había llegado, describieron los fiscales.
Para finales de julio de ese año, las causas de Peiti por juego clandestino comenzaron a salir a la luz y se cobraron varios cargos, tanto del fiscal Regional Serjal, de su subalterno Ponce Asahad, quienes terminaron presos, como el trabajo del propio Scataglini, quien para agosto fue desplazado como asesor parlamentario del PJ.
Ante esta situación, el convenio por las salas de juego online se congeló; el 4 de septiembre de 2020 Peiti simuló transferir sus cuotas de la empresa Wildar a Fernández Chemes, «en cumplimiento de la recomendación que le hiciera Traferri y con el objetivo de que ello facilite el otorgamiento de dicho contrato», remarcaron su teoría los fiscales, quienes solicitaron que el ex legislador quedara en prisión preventiva por el plazo de 90 días.
La defensa objetó la orden de detención de Scataglini, cuestionó a la Fiscalía por haber recolectado información durante tres entrevistas como testigo de su cliente, testimonio en el que se jura decir la verdad bajo apercibimiento de ser perseguido penalmente, para luego terminar por imputarlo, cuando luego de estas repetidas convocatorias y de los allanamientos estaba claro que buscaban acusarlo desde el inicio de la pesquisa. A la vez, los defensores deslizaron que puede haber motivos políticos, y no jurídicos y penales, en la acusación de los fiscales Schiappa Pietra y Edery a Scataglini.
Tras escuchar a la Fiscalía y a la defensa de Scataglini, la jueza Eleonora Verón tuvo por formalizada la acusación y le otorgó la libertad al imputado tras poner como caución un inmueble con reglas de conducta como: fijar domicilio, no salir de la provincia sin autorización y no tener contacto con ninguna de las personas que están involucradas en la investigación por juego clandestino. Todo por el plazo de ley, es decir, dos años hasta el juicio oral.
La situación de Chemes y Traferri
En diciembre de 2020, Fernández Chemes fue allanado. Ya había renunciado a su cargo como secretario de Legal y Técnica de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Ocho meses más tarde, Fernández Chemes fue imputado junto con Peiti y al ex piloto de Fórmula 1 y concejal Oscar «Popy» Larrauri por el delito de lavado de activos tras una maniobra con la compra-venta una decena de terrenos.
Con respecto a Traferri, la Fiscalía considera que constituye la “pata política de la asociación ilícita liderada por Peiti”.
En el marco de un conflicto entre poderes, que a la vez divide transversalmente a las principales fuerzas políticas de la provincia, el senador del PJ por el departamento San Lorenzo declinó asistir a una audiencia imputativa a finales de marzo de 2021 y los fiscales pidieron su desafuero, que fue rechazado por el Senado a finales del año pasado.
Un juez de segunda instancia revocó una decisión de primera instancia y, a su turno, declaró inconstitucional la “inmunidad de proceso” de los legisladores santafesinos, pero tras una apelación el caso fue elevado a la Corte Suprema, que debe resolver si Traferri puede ser imputado o no.
