Por Esteban Actis (*).- La decisión del magistrado de Nueva York Thomas Griesa de obligar al gobierno argentino a pagar a los bonistas –el 100 por ciento del valor de los bonos en cesación de pagos y al contado– que decidieron voluntariamente no adherir al canje de deuda soberana ofrecido por la Argentina en 2005 y 2010, conllevó rápidamente a que se analizaran los efectos de una posible ejecución de lo dispuesto por el juez norteamericano. Dichas implicancias tienen un carácter interméstico, es decir, impacto doméstico –en la Argentina– y a nivel del sistema internacional.
Para analizar las implicancias sistémicas se debe contextualizar la inédita situación del actual sistema internacional signado desde fines de los años 70 por el auge de la globalización financiera. La crisis iniciada en 2008 ha resquebrajado el fuerte condominio entre el capital financiero y los estados desarrollados, alcanzando un nivel de pugnacidad entre los gobiernos nacionales y el capital para dirimir quién acarrea con los mayores costos.
En esta coyuntura, la decisión del juez estadounidense vincula el inconcluso proceso de reestructuración de deuda de uno de los casos emblemáticos de “las crisis financiera de la periferia” de fines del pasado siglo con la vigente crisis que atraviesa la economía mundial cuya mayor debilidad se encuentra en el Viejo Continente.
El alto nivel de endeudamiento de muchos países europeos y el fracaso de las políticas de ajustes para, simultáneamente, afrontar el pago de las deudas y apuntalar el crecimiento, incrementan las posibilidades de que la única solución sea terminar en un fuerte proceso de reestructuración –quita– de deuda de países como Grecia, España, Portugal e Italia, entre otros.
Como bien señaló el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de triunfar la postura de los denominados fondos buitres el mecanismo de reestructuración de deuda soberana estaría herido de muerte dado el negativo antecedente. Con el sólo hecho de saber para cualquier acreedor que existe la posibilidad de esperar y litigar en algún tribunal para recuperar toda la inversión derrumba cualquier incentivo de ingresar a futuros canjes de deuda.
Si la reestructuración de deuda soberana de la Argentina representó una de las mayores experiencias en dicha práctica y afectó a un gran número de inversionistas de todo el mundo, basta con imaginar el profundo impacto y los enormes costos para el sistema financiero internacional de una fuerte reestructuración por parte de los países europeos para comprender por qué muchos actores, públicos y privados, intentan alejar cualquier posibilidad de reestructuración de deuda. En ese sentido, el fallo de Griesa es funcional a dichos intereses.
Por lo dicho, no parece descabellado pensar que detrás de los argumentos de Griesa a favor de los fondos buitres estén operando una red de actores del sistema financiero internacional, que intentan no sólo sancionar y disciplinar a la revoltosa y heterodoxa Argentina sino enviar un fuerte mensaje a la estados nacionales con problemas de deuda soberana de que la única, viable y duradera solución a los problemas de deuda es afrontar el 100 por ciento de sus compromisos asumidos con sus acreedores. En esa millonaria y poderosa batalla la resolución del caso argentino recobra una vital importancia.
(*) Licenciado en Relaciones Internacionales, doctorado de Relaciones Internacionales en la UNR, becario
doctoral del Conicet y docente en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR