Andrés Kogan Valderrama (*)
A dos meses de que el congreso de Perú destituyera al presidente Pedro Castillo, luego que este hiciera un autogolpe fallido, hemos sido testigos de grandes movilizaciones populares en todo el país contra el gobierno de facto de Dina Boluarte quien se ha dedicado a criminalizar la protesta social y a violar brutalmente los derechos humanos, con miles de heridos y costándole la vida a decenas de personas.
De ahí que la respuesta de este nuevo gobierno dictatorial, conformado por los sectores de derecha del país, al parecer no están dimensionando las enormes consecuencias políticas que puede tener en el país todo esto que está ocurriendo, pasando rápidamente de lo destituyente a un nuevo proceso constituyente, así como ha pasado en varios países de la región.
Lo menciono, ya que en primer lugar no se dan cuenta que Castillo, a diferencia de los anteriores presidentes destituidos y del mismo congreso, tiene un importante apoyo popular, al verlo más cerca del pueblo, por lo que tratar de instalar desde las elites un discurso de guerra contra un enemigo interno, como pasó en Chile el 2019, solo va a generar más movilizaciones al respecto.
Se podrá decir que Boularte está buscando adelantar las elecciones presidenciales para este año, pero eso no cambia en nada, ya que el fondo del problema es cómo se estructuró de manera antidemocrática el país en los últimos 30 años, a través de una constitución hecha a la medida del dictador Alberto Fujimori durante 1993, que creó las bases de un modelo neoliberal excluyente, manejado por una elite empresarial limeña.
Por lo mismo, desde la llamada transición en el Perú, del 2001 en adelante, poco y nada ha importado la elección de distintos presidentes, ya que el problema siempre ha sido una constitución ilegítima, que si bien se han hecho algunas reformas, ha dejado intacto su matriz extractivista y completamente subordinada al capital transnacional.
Por otro lado, también hay que decir, como bien dice Anahí Durand, socióloga y ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Pedro Castillo no sólo nunca fue aceptado como presidente por la derecha desde el primer día que asumió, sino además ha mostrado una enorme incapacidad de ampliar alianzas y construir un relato que sea capaz de sumar a más sectores para apoyar su gobierno, evidenciando un tipo de izquierda clásica encerrada en sí misma y completamente rígida.
No obstante, el tema va mucho más allá de lo que pase con un político poco preparado como Castillo, sino en cómo esta revuelta social en el Perú está presionando y empujando cada vez más a un proceso constituyente, en donde el congreso, al igual como en Chile el 2019, debe ceder y llamar a un plebiscito que permita que el pueblo decida si se quiere o no una nueva constitución.
Por ahora y en respuesta a esto, el gobierno y los grandes medios concentrados siguen denostando esta demanda histórica, señalando de manera racista y conspirativamente, que se trata de un plan de sectores terroristas, sandinistas y hasta liderado por Evo Morales, a pesar que según encuestas la gran mayoría de las y los peruanos quieren una asamblea constituyente.
En efecto, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), aparecida en el diario La República, el 69 por ciento de encuestados está a favor de una constituyente como primer paso para cambiar la Carta Magna. Contrariamente al 29 por ciento que no está de acuerdo.
En consecuencia, el gobierno está jugando al desgaste de la protesta social, sin ver que se hace cada vez más inevitable la discusión sobre una nueva constitución democrática en el Perú, dejando atrás la constitución fujimorista neoliberal, la cual ha sido vendida al mundo, al igual que la chilena, como la que permitió que el país saliera adelante.
Es decir, instalar la idea neoliberal de que gracias al rol subsidiario del Estado, como aparece en el artículo 60 de la constitución de Perú (“El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”), el país habría alcanzado altos niveles de crecimiento económico, omitiendo abiertamente que ha sido gracias al alto precio de las materias primas, particularmente de minerales.
Asimismo, esos sectores conservadores no dicen nada sobre la enorme desigualdad, segregación y despojo territorial que ha generado un modelo de acumulación insostenible social y ambientalmente, en donde las mujeres, los trabajadores, los pueblos originarios, las regiones y la naturaleza han sufrido las consecuencias de aquello.
Ante esto, llegó la hora de que el congreso de Perú se dé cuenta que la represión solo agrava un malestar en aumento y entienda que el pacto social está quebrado, por tanto las reformas a cuatro paredes no sirven de nada, sino solo un llamado democrático a un plebiscito que le pregunte al pueblo peruano si quiere o no una nueva carta fundamental, que abra la posibilidad de dejar atrás la constitución ilegítima de 1993.
(*) Sociólogo. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Profesional de la Municipalidad de Ñuñoa (distrito de la provincia de Melgar en el departamento peruano de Puno)
