Por Humberto Zambón *
En las elecciones del 24 de octubre de 1999 fue elegido Fernando de la Rúa, quien asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de ese año. En política económica, el objetivo que se dio el nuevo gobierno fue la continuación del plan de convertibilidad (cambio fijo de 1 peso igual a 1 dólar) que había sido instaurado 8 años y 8 meses años antes (fue a partir del 1-4-91) por el gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro. Dicho plan incluía la desregulación de la economía, la libertad del comercio internacional con incentivos a los capitales extranjeros para invertir en el país y el cumplimiento de las exigencias de los organismos internacionales de crédito.
Esa política había subsistido con relativo éxito esos años financiándose con la privatización y extranjerización de la economía argentina, además de un fuerte endeudamiento externo: la deuda pública con Menem había crecido en esos años de 65 a 145 mil millones de dólares.
En forma contemporánea al nuevo gobierno hubo un importante cambio en los mercados internacionales: en 1998 se produjo la crisis rusa y al año siguiente la brasileña, con los que aumentó la desconfianza de los capitales hacia los países periféricos y comenzó el éxodo de los mismos. El cambio de escenario, sumado al elevado endeudamiento, hizo que el gobierno tuviera dificultades para obtener la financiación externa para cubrir su fuerte déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, agravado por una masa creciente de intereses.
En esas condiciones, el ministro José Luis Machinea, responsable de la política económica en la gestión de De la Rúa, anunció un plan de ajuste gradual para lograr el equilibrio en las cuentas fiscales, incluyendo un acuerdo con el FMI por 7.200 millones de dólares, con la condición de un plan de reducción escalonada del déficit público, para llegar al equilibrio en el año 2003; así como la reforma de la ley laboral, dando flexibilidad a esas relaciones (fue la famosa “ley Banelco” que dio lugar a la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez), y también asegurar la independencia del Banco Central.
Como no se pudo restablecer la confianza pública ni se logró el ingreso de capitales externos, el 10 de noviembre de 2000 (7 meses después del primer acuerdo) se firmó uno nuevo con el FMI, denominado el “blindaje financiero”, con un crédito de 39.700 millones de dólares.
A comienzos del año siguiente este acuerdo pasó su primera revisión, pero con presiones del FMI para apurar las reformas a pesar de la recesión económica que se estaba viviendo. En marzo de 2001 se dio por fracasado el plan de ajuste gradual y Machinea renunció, nombrándose en su lugar a Ricardo López Murphy, quien intentó aplicar un duro ajuste ortodoxo que logró el repudio social y duró solo 15 días en el cargo. En su reemplazo fue designado Domingo Cavallo, de quien, como autor del plan de convertibilidad, el gobierno esperaba que hiciera el milagro de salvarlo.
A partir de entonces los hechos se precipitaron. En junio de 2001 se aprobó el “megacanje” que alivió la deuda a corto plazo, pero produjo un fuerte perjuicio al Estado (que según el peritaje judicial fue de 55.591 millones de dólares) por el incremento de la deuda resultante, y más 150 millones de dólares en concepto de comisiones para los bancos intervinientes. En agosto de 2001 se hizo un nuevo acuerdo con el FMI, esta vez a cambio de un incremento de 21.500 millones de dólares a recibir, y con el compromiso de “déficit cero” (ley aprobada el 29/7/01), reducción de sueldos y jubilaciones en un 13% y disminución del 30% en el personal contratado, además de continuar con las privatizaciones.
En este contexto, mientras aumentaba la desocupación y se profundizaba la recesión económica, el proyecto perdió todo apoyo social y aumentó la desconfianza pública. A pesar de la equivalencia legal entre el peso y del dólar, los ahorristas se volcaron al dólar billete, y entre enero y setiembre de 2001 se “fugaron” los 10.000 millones de dólares que habían ingresado por el acuerdo con el FMI. Para noviembre se había generalizado el retiro de depósitos, a razón de 3.000 millones por mes, convirtiéndose en una “corrida” bancaria. El día 30 el gobierno estableció el “corralito”: por el término de 90 días se limitaban los retiros a 250 pesos por semana, con prohibición de cobrar los cheques y girar dinero al exterior.
La oposición se incrementó. El 13 de diciembre hubo un paro general de la CGT y CTA; el día 18, De la Rúa dio un mensaje al pueblo que aumentó la desconfianza y el repudio, y al día siguiente se produjeron saqueos y movilizaciones generalizadas. A pesar de la declaración del estado de sitio y de la represión, el día 20 aumentaron las movilizaciones y hubo muertos, heridos y detenidos. Finalmente, ese día renunció Cavallo y todo el gabinete, y por último renunció también De la Rúa, yéndose en helicóptero de la Casa de Gobierno.
Muchos autores han señalado la similitud entre la experiencia de De la Rúa y la de Cambiemos. Por ejemplo, Julián Zícari señala que la etapa gradualista duró solo unos meses en el primer caso y más de dos años en el último, debido al diferente grado de endeudamiento con que recibieron el gobierno (elevado en el caso De la Rúa y desendeudado para Mauricio Macri, lo que le permitió esos dos años de tranquilidad ficticia con aumento de deuda descontrolada).
Pero coinciden en las causas de la debacle, que estarían por un lado en la falta de financiación externa para continuar endeudándose con un proyecto neoliberal similar, y por otro en las políticas aplicadas: el haber recurrido al FMI más de una vez en poco tiempo, por el fracaso de los acuerdos previos; en el ajuste extremo del gasto; en la búsqueda del “déficit cero” y en la resistencia social y política que generaron. Inclusive en el proyecto de Presupuesto 2019 está prevista la posibilidad de una reestructuración de la deuda, como fue en su momento el “megacanje”.
La primera de las experiencias ya es historia. La segunda tiene el final abierto.
