El fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, tuvo que dar marcha a la resolución por la cual había ordenado quitar colaboraciones requeridas por el Organismo de Investigación (OI), al mando del ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain. La decisión se conoció luego de que el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, le solicitara dejar sin efecto dicha instrucción.
Como se recordará, la decisión de Vigo fue observada e impugnada por el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, quien le envió una nota a Baclini en la que calificaba la instrucción como una “extralimitación legal”.
En el escrito, Somaglia justifica el pedido a Baclini en que, “con el propósito de mantener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, me veo en la obligación de poner en su conocimiento la situación de severa gravedad institucional que se ha suscitado para la prestación del servicio de Justicia en general y, especialmente, para el sistema de investigación y persecución de delitos en la provincia”.
La resolución despachada por Vigo, disponía también la inmediata devolución de los legajos de investigaciones, documentos, objetos, y todo otro elemento que se encuentre bajo custodia del OI, al mando de Sain. Tras el pedido de Somaglia, Baclini le solicitó a Vigo que revea la instrucción, la cual dejó sin efecto hoy a través de otra resolución.
Baclini entendió conveniente dejar sin efecto lo dispuesto por Vigo porque “condicionaría el funcionamiento institucional. Es saludable y positivo el interés que demuestra (Somaglia) en el funcionamiento del Organismo de Investigación y en mantener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial”, dice en la nota remitida al secretario de Justicia.
Fundamentos
El pedido que le realizó Somaglia a Baclini la semana pasada explicaba que no se podía “dejar pasar por alto que el temperamento adoptado por el fiscal regional con asiento en la ciudad de Rafaela lesiona gravemente el principio de independencia y autonomía funcional de los fiscales, siendo ellos quienes tienen a su exclusivo cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de las investigaciones y la potestad de requerir en cada caso, bajo su dirección y supervisión, la colaboración del Organismo de Investigaciones”.
Entre otros fundamentos, Somaglia explicó que la decisión de Vigo configuraba “una conducta que conspira contra la propia institución del Ministerio Público de la Acusación en cuanto a la finalidad de su creación, pues impedirá el esclarecimiento de hechos delictivos en curso y futuros”. También, en el escrito le solicitó a Baclini que se analice “si el comportamiento desplegado por el fiscal (Vigo) podría configurar la comisión de algún ilícito penal”.
En la nota por la cual Baclini le respondió a Somaglia, el fiscal general del MPA explica que “las y los fiscales, a diferencia de las y los jueces, carecen de autonomía plena y de independencia en su decisión, debiendo respetar las instrucciones generales y/o particulares, y en el supuesto de desacuerdo pueden objetarlas”.
