El desempeño del fiscal Fernando Rodrigo, investigado por espiar a su ex novia y a familiares de ella, sigue generando polémica. Ayer una víctima de violencia de género lo acusó en el programa “Radiopolis” de Radio2 de congelar su caso. El funcionario estaba al mando de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación (MPA) cuando la mujer hizo al menos 26 denuncias contra su ex pareja. Lejos de iniciar una investigación, Rodrigo desestimó los reclamos, aseguró Carina, de 46 años. La mujer tuvo que esconderse durante años hasta que su caso pasó a otra fiscal. Tal como publicó ayer El Ciudadano, Carina accedió a una casa en zona oeste en la que ahora vive con su hija de 9 años a través del Programa Atajo. También logró que su ex sea condenado a tres años de prisión por los delitos de lesiones dolosas calificadas, amenazas coactivas y desobediencia de orden judicial.
“Mi causa estuvo trabada mucho tiempo porque el fiscal Rodrigo me archivó 26 denuncias”, dijo Carina ayer en el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2. Según su relato, una de las veces que fue a denunciar el ex funcionario le dijo: “Mirá chiquita, disculpame pero me tengo que ir a tomar un café”. Y agregó: “Pensé que mi vida estaba en riesgo, que no había solución y que la ley no me amparaba. Estaba delante de un fiscal y pensé que su palabra era más fuerte que la mía”.
Las declaraciones de Carina ponen de nuevo en discusión el desempeño del fiscal Rodrigo. Y abren los interrogantes sobre las complicidades que se tejen dentro del poder judicial no sólo para cometer un delito sino para incumplir con los deberes de funcionario público sin consecuencias.
Rodrigo fue denunciado en agosto por un empleado de Fiscalía por espiar a su ex, también empleada del MPA, y a dos familiares de ella. El funcionario público intercaló los números de teléfono entre los pedidos de escuchas hechos en al menos cuatro investigaciones sobre bandas delictivas de la ciudad. Una fuente judicial explicó que utilizaba distintas causas para espiar a la ex por períodos más largos a los que conceden los jueces. “Cuando se pide una escucha se presenta la justificación en base a la causa. Muchas veces no se sabe quiénes son los titulares porque pueden ser teléfonos liberados. El juez autoriza por una determinada cantidad de días, que casi nunca supera el mes. Cuando ese período terminaba Rodrigo hacía el pedido en otra causa y renovaba la intervención en la línea”, aseguró.
Semanas después de la denuncia, Rodrigo renunció a su cargo, aunque la investigación continúa abierta.
Oído sordo a las mujeres
Rodrigo integró el Ministerio Público de la Acusación desde la puesta en marcha del nuevo sistema, el 10 de febrero de 2014. Cuando fue descubierto trabajaba en la Unidad de Investigación y Juicio. Antes estuvo a cargo de la oficina Violencia de Género. En ese rol fue cuestionado en marzo de 2015 por organizaciones de mujeres. Fernanda Serna, víctima en un caso de violencia de género, lo denunció por incumplimiento de deberes y pidió su renuncia. “El fiscal Rodrigo considera que son causas civiles y por eso las desestima”, lo describió tras enumerar las causas que Rodrigo mandó al archivo.
También fue cuestionado por la ONG Ampliando Derechos. Su titular Nora Giacometto aseguró que incumplía con sus obligaciones y hasta incurría en maltratos hacia las mujeres que se acercaban denunciar distintas situaciones de violencia machista. Desde la ONG pidieron explicaciones al entonces fiscal regional Jorge Baclini quien, aseguraron, les dijo que Rodrigo estaba al frente de esa unidad porque había hecha una especialización en la facultad de Derecho.
El caso de Carina
A fines de 2015 los operadores de la agencia Atajo Rosario (la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, que trabaja con gente en situación de vulnerabilidad social), en el barrio Las Flores Sur, conocieron el testimonio de una mujer que relató la situación de violencia de género que atravesaba por parte de su ex pareja desde hacía más de diez años. La mujer ya había hecho varias denuncias, pero no había obtenido ninguna medida de protección. En su relato, describió los daños físicos y psicológicos, que incluyeron un intento de ahorcamiento que le dejó secuelas en la columna cervical que le impiden trabajar.
Atajo gestionó con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Secretaría de Estado del hábitat de Santa Fe una casa para la mujer y su hija de nueve años. El organismo pidió que se garantice el derecho a vivir en una casa digna y de calidad, que atienda su contexto de vulnerabilidad. La mujer padece una disfuncionalidad psicológica, según lo acredita el Certificado Único de Discapacidad por el que percibe mensualmente una pensión no contributiva.
