Por Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Hace unos días culminó la 4ª revisión del Fondo Monetario Internacional en Argentina, luego de la cual se aprobó un nuevo desembolso por 5.400 millones de dólares en favor del Tesoro nacional. Con este monto, el total de fondos otorgados desde junio de 2018 asciende a los 44.100 millones de dólares, cerca de 13.000 millones menos del total pactado el año pasado.
El actual Director del FMI, David Lipton, declaró que “si bien ha tomado tiempo, los esfuerzos realizados en materia de políticas están empezando a dar frutos” y que “los mercados financieros se han estabilizado, la posición externa y fiscal están mejorando y la economía está empezando a recuperase gradualmente de la recesión del año pasado”.
Estas declaraciones se parecen mucho a las que realizó Anne Krueger, subdirectora del FMI en septiembre de 2001, sólo tres meses antes del default y el estallido de la Convertibilidad, que motivó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. En este sentido, el Fondo no parece haber cambiado mucho, porque emite declaraciones notablemente divergentes de la situación real y las perspectivas de recuperación de la economía nacional.
En los discursos mediáticos del Fondo, las políticas que le dicta al gobierno argentino están dando resultados. Sin embargo, sus propias proyecciones indican lo contrario. En sus últimas estimaciones, el FMI recortó las proyecciones de crecimiento económico para los próximos dos años. Para 2019 ahora se proyecta un leve empeoramiento de la recesión y por lo tanto una caída en el PBI mayor a lo que esperaba en la 3ª revisión. Respecto al crecimiento económico, para 2020 en la anterior revisión se proyectaba un 2,2%, el que fue reducido a la mitad (1,1%) en esta 4ª y última.
Por su parte, el Fondo estima que el consumo caerá 4,4% (4,4% privado y 2,5% público) y la inversión un 17,5% (por inversores supuestamente reticentes al riesgo político generado por las elecciones). En cuanto a la inflación, que era una variable crítica al momento de aprobar las revisiones, también se espera un escenario peor: en la 3ª revisión se proyectaba para 2019 un IPC del 30,5% y del 21,2% para 2020, pero en la 4ª revisión estos guarismos se elevaron cerca de 10 puntos porcentuales, a 40,2% y 32,1% en 2019 y 2020, respectivamente. En cuanto al déficit fiscal, el FMI también bajó su expectativa de ajuste fiscal, previendo que este año no se cumplirá el equilibrio sino que habrá un déficit del 0,3% del PBI.
¿Cómo se entiende entonces que, por un lado, el Fondo proyecta un empeoramiento macroeconómico (en clara sintonía con la evolución de las variables y los efectos esperados de las medidas recomendadas), pero por otro felicita los logros alcanzados y sostiene que las políticas están dando sus frutos?
La respuesta duele pero es obvia y contundente: el Fondo no tiene los mismos objetivos políticos que tienen los argentinos, por lo que sus felicitaciones van dirigidas a los funcionarios que cumplen sus indicaciones, aunque ello signifique una mala noticia para el país. Tal como hemos advertido cuando el gobierno nacional manifestó su intención de iniciar conversaciones con el FMI, el organismo vela por los intereses de los acreedores (no de la Argentina), imponiendo programas económicos y medidas puntuales que priorizan la asignación de recursos en esta dirección.
Pero la cosa no está fácil para nadie. Un nuevo default argentino no sólo acentuaría la mala imagen del Fondo sino que además afectaría seriamente su solvencia, en vista de que más del 60% de la su cartera ha sido otorgada a la Argentina. Como la probabilidad de que esto ocurra crece cada día, los funcionarios del FMI ya están “abriendo el paraguas” instalando su interpretación neoliberal de las crisis: que la culpa es de los argentinos incapaces de aplicar fielmente sus siempre infalibles recomendaciones.
Esto no es una especulación, puesto que los funcionarios del Fondo ya empezaron a preparar este argumento aprovechando la coyuntura electoral. En declaraciones públicas destacaron que uno de los principales riesgos que enfrenta el país es el electoral, y que una suba de este riesgo puede empujar a los inversores a una dolarización. De esta forma, se entiende que el devenir económico que ellos proyectan se cumplirá siempre y cuando el riesgo electoral “no meta la cola”.
En línea con esta idea, el board del FMI advirtió que si el país no continúa con su plan, profundizando sus medidas y recomendaciones, el mismo no va a funcionar. Llamativamente esto parece que ocurrirá de todos modos. Según la visión del Fondo, si el actual presidente consigue renovar su mandato, carecerá del poder suficiente para impulsar las reformas necesarias; mientas que si gana el Frente Todos aplicará un esquema parecido al del gobierno kirchnerista. Por lo tanto, en los dos escenarios electorales más probables se prevé un fracaso económico, del que el FMI resultará autoeximido de responsabilidades.
De esta forma también se entiende por qué el Fondo le otorgó al Banco Central mayor margen para intervenir en el mercado cambiario y mantener artificialmente baja la cotización del dólar. Con la sobreoferta de dólares que “permite” el Fondo, se garantiza la liquidez necesaria para que los agentes puedan comprar los dólares a precio subsidiado y fugarlos antes de un posible colapso.
Parece una hipótesis propia de una teoría maniquea y conspirativa, pero como en el año 2001 pasó exactamente esto, nadie que quiera evitar “tropezar dos veces con la misma piedra” debería dejar de considerarla como posible alternativa. De esta forma se entendería que seguir las recomendaciones del Fondo es parte del problema y no de la solución.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
