El fracaso de las políticas meramente represivas contra las drogas dominará a la agenda de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, grupo no gubernamental integrado por personalidades internacionales y presidido por el brasileño Fernando Henrique Cardoso que delibera desde ayer en la ciudad suiza de Ginebra.
“La guerra contra las drogas ha fracasado ¿Cuáles son las acciones y medidas alternativas?”, plantea la Comisión, en la que además del ex presidente de Brasil participan otros ex mandatarios, como el mejicano Ernesto Zedillo y el colombiano César Gaviria, e intelectuales como el flamante premio Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa y el escritor mejicano Carlos Fuentes.
La Comisión también investiga, durante su reunión de dos días que concluye hoy, los eventuales riesgos y beneficios de eliminar “las sanciones penales por la posesión de marihuana para uso personal”, según detalla el informe de presentación.
La Comisión se ha fijado por misión tratar de resolver “la polarización” que divide “los bloques de la legalización y la prohibición”, en torno a “una discusión esclarecedora”.
Un debate que contará con la participación del español Javier Solana, ex alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, busca analizar “cuáles son los riesgos y las ventajas de distinguir entre el tráfico y el comercio en pequeña escala” y discutir cuál debe ser “el tratamiento médico obligatorio de toda adición a una droga”.
“En muchos países el daño causado por la prohibición de las drogas en términos de corrupción, de violencia y de violación de los derechos humanos supera con creces el daño causado por las drogas”, considera la Comisión en un mensaje que tiene que recorrer probablemente aún un largo camino para llegar a ser aceptado por todos.
En Brasil, el funcionario indicado para conducir la Secretaría Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), Pedro Abramovay, desistió la semana pasada de asumir el cargo, días después de haber generado polémica por defender la excarcelación de pequeños traficantes de drogas.
Ésa fue la primera baja relevante del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien asumió el cargo el 1º de enero.
La Comisión reunida en Ginebra se propone además revisar “el sistema de control de drogas de la ONU” y “las diferentes respuestas nacionales”, sin dejar de analizar los “desafíos de la justicia penal” a partir de la constatación que “erradicar la producción y criminalizar el consumo no reducen el tráfico y el consumo de drogas”.
La Comisión aspira a valorar los resultados de los planes en curso de “erradicación e interdicción” de las drogas y escudriñar los cambios que se han producido en los últimos 50 años en “la producción, transporte, venta al por menor y al por mayor causado por el enfoque de reducción de la oferta”.
Es propósito a su vez de esta Comisión medir “el alcance y el aumento de las ramificaciones del negocio mundial de las drogas”, el papel que juegan en sus redes los Estados “en quiebra” o “delincuentes”, observando “las tendencias en los delitos asociados, incluyendo el blanqueo de dinero, el tráfico de armas y la corrupción, y el riesgo de socavar las instituciones democráticas”.
