Por Andrés Kogan Valderrama*
Quién podría dudar que nos encontramos en un momento crítico en América Latina y el Caribe en lo que respecta a un aumento del crimen organizado y de grandes bandas delictuales, en donde los Estados son cada vez más vulnerables, ya sea por la corrupción interna como por su incapacidad de dar una respuesta certera y democrática, dentro de un contexto que tiene aterrorizados a millones de personas en la región y que demanda respuestas desde la política urgentemente.
De ahí que el nombre de Nayib Bukele sea el más mencionado por los grandes medios de información concentrados y por sectores de extrema derecha, presentándose como el gran salvador a los problemas de seguridad de la región, luego de revisar las cifras de El Salvador, que muestran una baja sistemática en las tasas de homicidios, convirtiéndolo en el país con las cifras más bajas de América Latina y el Caribe.
Es así como se repite y se repite hasta el cansancio la idea del modelo Bukele y la posibilidad de aplicarlo en el resto de los países de la región, como si el actual presidente de El Salvador haya inventado una barita mágica para darle paz a las y los ciudadanos y que solo bastaría con replicar sus políticas de persecución del delito y seguir paso a paso su manual.
No obstante, el problema de aquello es que esa baja sorprendente de los homicidios de Bukele no tiene ninguna relación con algún tipo de política preventiva, fortalecimiento de la inteligencia policial, recuperación de los espacios públicos, fortalecimiento de la organización comunitaria o mejoramiento de la calidad de vida de las y los salvadoreños, sino simplemente por una política brutal de detenciones, encarcelamiento y tortura a cualquiera que sea definido arbitrariamente como sospechoso.
Sus defensores podrán decir que Bukele ha desarticulado a las pandillas, pero a costa de aterrorizar a la población y una violación sistemática de los derechos humanos, en donde muchos de los encarcelados están injustamente privados de libertad, como bien han reportado distintos organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los cuales han entregado suficiente evidencia para desmitificar el supuesto modelo exitoso de seguridad de El Salvador.
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Asimismo, está lo suficientemente documentado que esa desarticulación de las maras tienen relación con un corrupto pacto entre Bukele y esas organizaciones criminales, el cual terminó el 2022, año que dejaría a 87 personas muertas, dentro de un régimen de excepción, el cual se llevó la vida de muchas personas que no tenían ninguna relación con las pandillas, siendo asesinadas solamente por ser sospechosas.
Por otro lado, Bukele podrá tener una alta votación en las últimas elecciones y que la mayoría de las y los salvadoreños prefieran en la actualidad renunciar a libertades básicas para caminar más tranquilos, pero es un arma de doble filo, ya que es el comienzo de una nueva dictadura, en donde la corrupción de sus instituciones y la concentración del poder está atentando a mínimos democráticos básicos, en donde leyes mordazas y persecución a la disidencia ha ido cada vez más en aumento.
Es lo planteado por el fundador del medio de información de El Salvador El Faro, el periodista Carlos Dada, quien señala como Bukele se ha dedicado a violar la constitución una vez tras otra para controlar así la Asamblea Legislativa, el poder judicial y presentarse indefinidamente como candidato a presidente, al más estilo autócrata de Vladimir Putin, Daniel Ortega o Nicolás Maduro.
Pero claro, en El Salvador no le importan las libertades a personajes de extrema derecha como Jair Bolsonaro, Javier Milei o José Antonio Kast, ni que se esté construyendo una dictadura, ya que Bukele pasó a ser parte del club de los conspiranoides, llegando a decir que le es muy sospechosa la Agenda 2030 de la ONU y el rol de George Soros, reproduciendo así un discurso anti derechos, y también realizando prácticas discriminatorias concretas, como la eliminación del lenguaje inclusivo en las escuelas, sumándose al coro reaccionario contra la llamada ideología de género..
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En consecuencia, los aparentes números positivos en seguridad de Bukele solo encubren un fraude de un dictador que cree que puede decir y hacer lo que quiera en un país hermano como lo es El Salvador, que merece tener autoridades serias, libres de corrupción y que no violen los derechos humanos en nombre de una guerra contra el crimen organizado, que solo empeora las cosas y nos denigra como personas.
