El Frente de Todos se prepara para asestar un golpe clave en su ofensiva contra la Corte Suprema. Este jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se dará cita con el objetivo de declarar la admisibilidad de los 14 expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, y el oficialismo tiene el número suficiente para imponerse y abrir el sumario para recopilar las pruebas que fundamenten la acusación.
La presidenta de la comisión, la entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard, convocó a una reunión informativa este jueves a las 11 hs en la Sala 1 del anexo de la Cámara baja, donde la semana pasada los autores de los pedidos de juicio político desarrollaron sus presentaciones a auditorio lleno y en el marco de un importante operativo de prensa.
Si bien en el recinto el Frente de Todos, casi con seguridad, no tendrá la fuerza suficiente para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios (172 votos) para aprobar la acusación y enviar el expediente al Senado para el enjuiciamiento, en la comisión de Juicio Político tiene 16 de los 31 integrantes, por lo que se descuenta que tendrá éxito en la apertura del sumario.
Para la instancia que estará en juego este jueves sobre la admisibilidad de las acusaciones, se concretarían tres dictámenes: el de mayoría del Frente de Todos, otro de la Coalición Cívica circunscribiéndose al juicio político contra el juez Ricardo Lorenzetti, y un último dictamen de rechazo del resto de Juntos por el Cambio, negando todos los cargos contra los acusados.
Sin embargo, el jueves pasado se generó un contrapunto sobre el método de votación de la admisibilidad entre Gaillard y el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, lo cual permite avizorar que habrá polémica.
El diputado opositor ratificó que la Coalición Cívica impulsará el pedido de juicio político contra Lorenzetti pero no así el resto de las acusaciones contra el alto tribunal, por lo que exigió una modalidad de votación que permita diferenciar entre los distintos expedientes.
La respuesta de Gaillard no fue la esperada por López, ya que le contestó que la declaración de admisibilidad se realizará mediante una única votación por mayoría simple. La moneda está aún en el aire y el mismo jueves se sabrá cuál es el método que finalmente se impone.
En su presentación del jueves pasado, el diputado nacional Eduardo Valdés fue el encargado de repasar las múltiples denuncias del oficialismo contra los jueces por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
En primer lugar, mencionó el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos, en detrimento de las provincias. «Es una misión y función propia del Congreso», aseguró.
Al respecto, señaló que es «inadmisible» que el supremo tribunal haya desestimado el pedido de un grupo de gobernadores oficialistas -a quienes definió como «agentes naturales del Gobierno Federal»- para presentarse como «amicus curiae» del tribunal en esta causa.
En este sentido, puso el foco en la denuncia del oficialismo al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por «tráfico de influencias en beneficio exclusivo de una jurisdicción en perjuicio del resto», a raíz del escándalo por las conversaciones de chat sospechosas que salieron a la luz entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño (ahora en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro.
En segundo término, Valdés mencionó la denuncia por mal desempeño a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.
«Quieren decidir cómo se van a integrar los bloques políticos en el Consejo de la Magistratura», denunció, y señaló que a raíz de esta «invasión» de competencias se lo acusa a Rosatti por el delito de abuso de autoridad.
El legislador del Frente de Todos también repasó la denuncia contra la Corte por «declarar inconstitucional» la ley del Consejo de la Magistratura «sancionada 15 años antes» para «resucitar una ley derogada» en 2006 con el único objeto de colocar a Rosatti como titular del órgano encargado de la selección y eventual remoción de jueces.
En este sentido, el oficialismo sumó como causal de juicio político la denuncia al presidente de la Corte por «violar la ley de Ética Pública» y por «prevaricato» por «acomodar las mayorías para presidir» el Consejo de la Magistratura.
En tercer lugar, Valdés indicó que el Frente de Todos denuncia a Rosatti por mal desempeño por el caso «Muiña», el fallo con el que la Corte intentó beneficiaren 2017 con la conmutación de la pena a represores de la última dictadura militar. A raíz de la instantánea y masiva movilización en repudio a aquel «fallo del 2×1» a favor de los genocidas, el tribunal tuvo que volver sobre sus pasos y revocar su decisión.
Por último, el integrante de la bancada oficialista mencionó la denuncia por mal desempeño a los cuatro integrantes del tribunal por «la administración ineficiente de la obra social del Poder Judicial de la Nación en perjuicio de las afiliadas y los afiliados de esa obra social».
Por su parte, la diputada Paula Oliveto Lago fue quien desarrolló el pedido de juicio político que la Coalición Cívica de Elisa Carrió presentó contra la Corte en 2017 contra Lorenzetti, cuando éste era el presidente de la Corte Suprema.
Recordó que el pedido de juicio político se presentó cuando Cambiemos estaba en el poder y no contó con el acompañamiento ni del Gobierno de Mauricio Macri ni del resto de los bloques del PRO y de la UCR.
Además, apuntó contra Lorenzetti por falta de «idoneidad» y «transparencia» en el desempeño de sus funciones y lo acusó de ser «articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito del Poder Judicial».
La diputada de la Coalición Cívica enumeró los 29 hechos que se le imputan, y denunció especialmente el «manejo discrecional de millonarios fondos extrapresupuestarios» y la «transferencia de estructuras propias del ámbito del Consejo al ámbito de la Corte Suprema» para la «concentración del poder» en la Justicia.
También mencionó la «debilidad en el proceso de control interno» en lo que refiere a auditorías, caja y rendición de cuentas.
Y cuestionó a Lorenzetti por «sospechosos sorteos de causas» e irregularidades en los procesos de informatización de los tribunales del Poder Judicial.
