Dos abogados rosarinos, Ezequiel Torres y Luciano Zisele, en representación de tres particulares concretaron una vasta presentación judicial que alcanza a señalar hasta al propio gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y al intendente de Victoria, Domingo Maiocco, además de apuntar específicamente hacia los propietario de extensiones de tierra o productores ganaderos que explotan esas extensiones, donde se vienen ejecutando la más devastadoras quemas registradas hasta ahora en la historia y con focos que en número llegaron casi a triplicar, en la primera mitad de este año, a todos los encendidos durante todo 2019, y de ahí para atrás durante cualquier año que se quiera mencionar.
Los letrados apuntan en concreto, a la posible comisión de “delitos contra la Salud Pública” (artículo 200 del Código Penal), “incendio y otros estragos” (artículos 186 y 189 del C.P.), “resistencia o desobediencia a funcionario público” (artículo 239 del C.P.), e “incumplimiento de los deberes de funcionario publico” (artículo 248 y siguientes de la ley 25.675, ley General de Ambiente).
En la presentación, los letrados apuntan como que “probable autor del hecho ilícito” a quienes radican el los territorios donde se generan los incendios “y entendiendo que podría llegar a tener participación necesaria por omisión la máxima autoridad de la provincia de Entre Ríos”, es decir la gestión que tiene a la cabeza al gobernador Bordet, “y también de las máximas autoridades de la localidad de Victoria con su intendente a la cabeza, dado que tienen el poder de Policía para hacer el control de dichos actos imperantes de notorio y público conocimiento, y más aún cuando se suscribió un acuerdo entre la provincia de Santa Fe, la Nación y la provincia de Entre Ríos”.
Así, la denuncia de particulares también toma el sendero de una anterior, a nivel oficial, en la que el gobierno de Omar Perotti dio por caído el acuerdo rubricado el pasado 12 de junio, que entre una cantidad de acciones y disposiciones a nivel de Estado local, provincial y nacional establecía la prohibición de toda quema por 6 meses. La realidad es que su cumplimiento se pudo contar sólo en días, y no muchos.
Ante ello, en su denuncia los abogados Torres y Zisele invocan el principio de “pacta sunt servanda”, presente en la jurisprudencia nacional, que es la voz del latín que simplemente enuncia: “Lo pactado obliga”.
Los números que exponen los letrados dejan en claro que no ocurrió así: “Desde comienzos de 2020, en apenas 6 meses y teniendo en cuenta además la cuarentena, se produjeron más de 2.700 focos intencionales (quemas) en la zona de las islas del Paraná (tengamos en cuenta que en todo el 2019 los incendios intencionales fueron un poco más de 1.000). Con el agravante que más de 800 de esos focos se produjeron en la última semana, lo que revela una intencionalidad manifiesta por parte de los productores ganaderos por quemar todo en función de sus necesidades”.
Aunque la Justicia federal debe, según los pasos procesales, declarar admisible la denuncia y arbitrar los mecanismos para llevar adelante una investigación y determinar sanciones y reparaciones –antes que nada, el cese inmediato si se admite la comisión de delitos– aparecen a la vista los incumplimientos del gobernador Bordet y del intendente Maiocco. Pero en este último caso, las circunstancias pueden ser aún peores: el propio jefe municipal, y algunos de sus sus familiares directos, figuran en registros como propietarios y productores en zonas donde se produjeron arrasadoras quemas.
Fuego enfermante
Los letrados Torres y Zisele dan cuenta en la denuncia que no sólo no se dejói de quemar por 180 días “sino que se ha incrementado”, el uso del fuego. Mencionan que el pasado viernes 24 a nivel de Cámara Federal de Apelaciones se “ordenó” a la ciudad de Victoria y al gobierno de la provincia de Entre Ríos “ponerle freno a los incendios en el sector de islas de su jurisdicción por 180 días (ordenando la suspensión de cualquier autorización de quema controlada en la zona del Delta del río Paraná en los próximos seis meses) y además, se ordenó al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Nación que, en ese lapso, establezcan, coordinen y garanticen un sistema permanente de control preventivo en las islas para que aquellas quemas o focos pequeños sean encontrados lo más rápido posible para controlarlos y de esta manera evitar su propagación”.
Ahora, de admitirse la denuncia, ambos funcionarios deberán explicar las razones de haberse situado en rebeldía y desobediencia, ya que sólo dos días después de la orden de la Justicia federal las quemas se reiniciaron y continuaron “durante el fin de semana próximo a la resolución, sobre todo durante la noche del domingo 26”, cuando “se pudieron divisar focos de incendios desde distintos puntos de la ciudad de Rosario”.
En ese marco, los abogados dan cuenta de los graves daños que, a decenas de kilómetros de donde manos anónimas encienden los fósforos, están provocando las quemas a sus representadas, tres mujeres que vienen padeciendo trastornos de salud a causa del humo y cenizas que provocan.
Una de ella está bajo tratamiento prescripto por su médico de cabecera desde hace años, por problemas respiratorios: ahora directamente “se está quedando sorda por tener su oído inflamado por las cenizas que aspiró y las partículas que están en el aire”. Padece también “dolores de cabeza bastante agudos” y “un cuadro de afonía”. Partículas de cenizas están en suspensión en su vivienda y también se depositan sobre el mobiliario. La exposición al humo que llega de los incendios en el Alto Delta le han provocado también síntomas “que van desde un goteo nasal o irritación en los ojos hasta cuadros de broncoespasmos o asma”.
Otra clienta “quien sufre hace 3 años del corazón”, es descripta como “una persona joven que tiene dificultades para respirar de forma normal”, producto de la “práctica tradicional” –así la describió el intendente Maiocco– de prender fuego a todo. “No puede salir mucho de su casa por miedo a que agrave el humo su estado, a pesar de eso, a veces no tiene otras opciones porque requiere salir para irse a hacer estudios médicos en base a su cuadro. Asimismo manifestó que tiene tos, picazón, molestias en la garganta todos los días”. Para dormir tiene que tomar miorrelajantes y deja una ventana entreabierta al tener la estufa encendida por las bajas temperaturas de las últimas semanas: en lugar de ventilar los ambientes, su vivienda se llena de olor a quemazón, sino de humo.
La tercera representada por Torres y Zisele directamente sostiene que el humo “la está destruyendo”. Los letrados dan cuenta de que su salud está “bastante comprometida” pero aún así, por la pandemia de coronavirus y la cuarentena, evita en lo posible salir de su hogar, incluso para “ir a los médicos, salvo que sea de gravedad”. Ella padece frecuentes dolores de pecho, tiene cerradas las vías respiratorias y se le acelera el corazón, relatan los abogados. “Hace años que no se enfermaba de ninguna otra patología. En su departamento descubrió que las cenizas estaban dispersadas por todo el espacio físico del mismo, y concluyó que a su hijo le agarró tos y que le dolía la garganta producto de las cenizas”, completan.
Con todo, los letrados abundan en que, más allá de las patologías de sus representadas, las quemas deben ser consideradas como “un ataque a la salud y al medio ambiente”, que se torna más grave aún por la pandemia de Covid-19: “Evaluamos pertinente relatar varios casos en particular, ya que resulta relevante a la hora de investigar el/los supuesto/s hecho/s que puedan constituir delitos de acción pública”, sostienen. Y en ese marco dan cuenta de graves perjuicios: “Sobre una cantidad de actores como la fauna, animales de los cuales viven gran número de los habitantes de nuestra ciudad y zonas aledañas; la flora, los pobladores ribereños, los transeúntes, los turistas y los habitantes de Rosario”. Y también mencionan otros perjuicios: “El humo, junto con la niebla, dificulta la visibilidad en las rutas, propendiendo a la producción de accidentes automovilísticos; la atmósfera, el aire contaminado afecta el sistema respiratorio”.
Por todo ello piden a la Justicia federal que se los tenga por presentados y por formulada a la denuncia “atento a la posible comisión del delito de acción pública indicado”; que “se instruya el sumario a efectos de investigar la presunta comisión de los delitos denunciados, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda” y que se tenga por presentada la documental adjunta como prueba sugerida”, material que incluye fotos de las devastadoras quemas y los exámenes médicos de sus tres representadas.
Enemigos de la vida
Los letrados dejan constancia escrita en su presentación de hechos incontrastables: “Desde hace un mes atrás –escriben– la ciudad de Rosario y el Gran Rosario se encuentran bajo el constante humo que nos invade día y noche producto de las quemas que se están llevando adelante en las islas del Alto Delta del Paraná ubicadas frente a la ciudad”.
“En tal sentido, se ha detectado en el espacio aéreo la presencia de gran cantidad de humo y cenizas a causa de los incendios producidos intencionalmente (de forma dolosa) en los pastizales en el Alto Delta del río Paraná, frente a la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe”, insisten en otro párrafo.
También describen que las quemas “surgen como una práctica tradicional de manejo de los pastizales naturales, lo que se hace indiscriminadamente y sin la debida autorización de la administración entrerriana, perjudicando a quienes circulan por las rutas cercanas con la potencialidad de causar accidentes, afectando la salud de los habitantes ribereños de la ciudad”, también puntualizan que “la destrucción de la flora y fauna nativa, que se considera son bienes protegidos”, es concurrente con el delito de daño, “justamente por la afectación en un sistema que está protegido”.
“En la actualidad, las quemas masivas de los humedales son producidas artificialmente por los productores ganaderos que intencionalmente incendian sus campos en función de la cría y engorde del ganado vacuno, lo que propicia la conversión de montes, selvas de galería y vegetación del Delta en campos de pastizales”, razonan los letrados en la denuncia. Y postulan: “El humo cotidiano sobre Rosario y el Gran Rosario es la gran demostración de ello; por eso las quemas afectan absolutamente todo el ecosistema, devastándolo de forma irreversible”.
Tras mencionar “una intencionalidad manifiesta por parte de los productores ganaderos por quemar todo en función de sus necesidades”, los abogados Torres y Zisele dan cuenta de que de “todo lo relatado” nada es ficción, sino que se basan en informes oficiales, noticias, imágenes. Es decir, todas pruebas documentales. Y aclaran: “Se requiere y se pretende una intervención efectiva del Estado, para sancionar a los responsables y así lograr reducir la intensidad de los focos en las islas”.
En ese marco puntualizan: “Claramente, en Entre Ríos está prohibido quemar pastizales sin una autorización otorgada por el Plan Provincial de Manejo del Fuego”, pero advierten a continuación que pese a la legislación vigente y los tremendos efectos que ocasionan fuegos sin control –tanto, que se requiere de mucho tiempo y de denodados esfuerzos por parte de brigadistas y aviones hidrantes para contener las llamas– “casi ningún productor realiza ese trámite”, por lo que “las consecuencias nocivas de dicho accionar antijurídico deben ser sancionadas”.
“Un tema sumamente importante, que es nuestro único hábitat y, como tal, tenemos el deber de cuidarlo para los presente y para las futuras generaciones como se establece en la ley General de Ambiente”, escriben los letrados, para luego recordar que el gobierno nacional decretó la Emergencia Ambiental en la zona del Alto Delta, y que una parte del acuerdo rubricado en junio pasado “fue la presencia permanente en la zona de dos aviones hidrantes, un helicóptero y equipos de brigadistas destinados a apagar los incendios en las islas”.
Sin embargo, “pese a lo acordado, la presencia de funcionarios nacionales y provinciales, y las reiteradas declaraciones contra la quema de las islas, la respuesta de los patrones ganaderos fue redoblar la apuesta y volver a incurrir en las quemas de forma indiscriminada”.
“Tanto así es que, el mismo día viernes después de la firma del acuerdo, fueron provocados más de 40 focos incendiarios”, lamentan.
Con todo, en el encuadre legal y el análisis del tipo delictual de la denuncia, los abogados repasan la normativa violentada, además del sentido común. “La Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, en su artículo 41 expresamente prescribe que es un derecho de todos los habitantes el de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el de las generaciones futuras. De acuerdo, a lo establecido en la ley general de Ambiente –Nº 25.675– se prevé el deber de preservar el ambiente, y que ante un posible daño ambiental se genera la obligación de recomponerlo”. La norma, recuerdan, regula “los diversos aspectos relacionados con una gestión sustentable y adecuada del ambiente, y una protección de la diversidad biológica”.
“Sin explayarnos demasiado sobre la interpretación y aplicación de la ley general de Ambiente, deben realizarse teniendo cuenta los siguientes principios: de congruencia, de preservación, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación. La mayoría de estos, han sido enunciados en documentos y normas internacionales. De acuerdo, con el objetivo principal que es de procurar una protección integral del ambiente y sancionar a los responsables a fin de evitar la impunidad”, completan.
“El resultado lesivo del accionar ilícito denunciado no responde solamente a la construcción de delitos de peligro, sino que también aparece la sanción de contaminar la atmósfera, el aire, y determinar que ese daño ambiental es un peligro indiscutible para la salud de las personas. Y es esta versión la que empezó a consolidarse en los fallos judiciales, donde dos bienes jurídicos distintos –el de Salud Pública y el de ambiente– se encuentran en juego. El hecho potencialmente delictivo que se señala en esta presentación implica una problemática ambiental, presenta consecuencias negativas para la calidad de vida de la población (cuando la norma constitucional reconoce de manera explícita, el derecho a un ambiente sano)”, sostienen los letrados.
Y finalmente indican: “La presente denuncia se efectúa contra los responsables de la quema intencional e indiscriminada de pastizales en la zona de las islas-humedales del Alto Delta del río Paraná, y en su caso, de creer menester contra los funcionarios responsables y encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia. A los fines de la individualización de quienes tengan responsabilidad de los hechos denunciados que se informen, los titulares registrales de dichas tierras cuya identificación se requiere. Asimismo, podrá ordenarse efectuar la pericia informativa a fin de acreditar la veracidad de la información obtenida. Además, se deberá requerir informe respecto de los obligados a tramitar el permiso administrativo para realizar estas quemas, si aquellos que deban hacerlo lo han iniciado, determinar si han cumplido con los pasos que la ley prevé para la obtención de los mismos y cuál fue el resultado de dichas diligencias. Así también, se deberá determinar con los datos confirmados, y los que se obtengan de las diligencias probatorias a efectuarse, los lotes, áreas humedales en donde se produjeron los incendios y los daños causados a los bienes protegidos. Se llame a prestar declaración al responsable a cargo del área de Plan Provincial de Manejo de Fuego (de Entre Ríos) a fin de que brinde toda la información con la que cuente a fin de agilizar la investigación”.
