“Rosario es uno de los lugares donde más se nota la necesidad de una justicia federal más fuerte”, había dicho el ministro de Justicia, Germán Garavano, en abril pasado, durante la firma de un convenio con Santa Fe. Y más allá de la aseveración del funcionario nacional y de que el reciente pedido de habilitación del Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario representa un avance para el fortalecimiento de la investigación criminal, la decisión política del gobierno nacional exacerbó el malestar en el fuero federal local por las necesidades y urgencias que abundan en tribunales de primera instancia.
Este lunes, desde el Consejo de la Magistratura de la Nación le dieron curso a la solicitud para la habilitación jurisdiccional del Tribunal Oral Federal N° 3, con las condiciones edilicias y de equipamiento propicias para dar inicio a las actividades en el edificio de Oroño 940 con una reducida dotación de nueve cargos, cuyo crédito presupuestario se encuentra contemplado en la ley de presupuesto de la administración nacional del Poder Judicial.
La determinación de Nación produjo rechazo en los pasillos de los tribunales federales rosarinos, por entender que en los juzgados de primera instancia existe una consabida escasez de cargos y de recursos para avanzar en las investigaciones importantes de los delitos complejos.
De hecho en el fuero federal consideran que –atendiendo las necesidades que existen en materia de seguridad en la región–, la prioridad pasaba por la habilitación del Juzgado Federal de Primera Instancia en Venado Tuerto.
También en los pasillos judiciales lamentaron que desde el Consejo de la Magistratura de la Nación sigan desoyendo las urgencias en cuestiones de recursos y de cargos que aparecen en juzgados federales de primera instancia.
A fines de julio se había avanzado una instancia más en la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario con el nombramiento de tres jueces por parte del gobierno nacional: Mario Jorge Gambacorta, Eugenio Jorge Martínez Ferrero y Osvaldo Alberto Facciano aparecieron entre los magistrados de distintos fueros, un fiscal federal y defensores públicos cuyas designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial, a través de una serie de decretos que llevaron la firma del presidente Mauricio Macri y del propio ministro Garavano.
