«Desde el GEN Rosario rechazamos y condenamos el acuerdo que el Estado Nacional establece con el Correo Argentino, empresa administrada hasta 2005 por la familia Macri, grupo empresario que nunca pagó el correspondiente canon administrativo al estado Nacional, y por lo cual el Correo Argentino terminó quebrando, provocando su reestatización en 2005», declaró el referente del movimiento en Rosario, Rodrigo Cerdá.
Además, dijo consideró que «resulta inaceptable que en la audiencia del 28 de Junio de 2016, el estado Nacional le perdone a Franco Macri una deuda que sobrepasa los 4.000 millones de dólares y que la propuesta del grupo Macri sea la de pagar el 1.18 por ciento en cuotas, lo cual terminará de concretar recién en el año 2032, con la consecuente condonación del 98.82 por ciento de la misma».
En esa audiencia, que tuvo lugar ante la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el Estado Nacional aceptó de forma irregular una propuesta de pago de deuda que, para la fiscal Gabriela Boquín “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
En ese sentido, la diputada y líder del partido GEN a nivel nacional, Margarita Stolbizer expresó “a seis meses de asumir, que el gobierno de Macri haga un acuerdo donde avala una quita monetaria a la empresa de Macri padre, resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar” y agregó que «la confusión entre los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia”.
Para Stolbizer lo que podría tornar escandalosa la quita de deuda concedida por el gobierno de Macri a Macri padre, no es el monto de la misma, o el cálculo del perjuicio, sino el hecho en sí mismo de la aceptación de una propuesta de pago con quitas, con perjuicio para el Estado y poniendo de manifiesto un claro conflicto de intereses que afecta de manera directa a los familiares de los funcionarios públicos.
«Respaldamos el accionar de la fiscal independiente Gabriela Boquin, y creemos que debe revisarse esta decisión del Estado Nacional que implica un enorme perjurio fiscal», copncluyó Cerdá.
