Mientras los camiones del Ejército repletos de libros y obras de arte salían desde el subsuelo de la Biblioteca Constancio C. Vigil por calle Gaboto con destino al Batallón 121, en la cortada Perkins caían libros que, una vez amontonados en el piso, eran usados como combustible de una fogata. Mientras el fuego se erigía, se invitaba a participar a las y los vecinos para que fueran testigos de cómo se destruía una parte de su identidad barrial. Era febrero de 1977 y el genocidio cultural había sido puesto en marcha. “Destruir materialmente para cancelar simbólicamente el futuro”, define Natalia García, docente, investigadora y autora del libro “El caso Vigil”, que aborda el surgimiento y proceso de vaciamiento de la biblioteca de zona sur, uno de los proyectos culturales más importantes de Latinoamérica.
En febrero de 1977, un grupo de policías encabezado por Agustín Feced, junto a civiles y personal de la Marina, ingresó a la Biblioteca Constancio C. Vigil. Con la excusa de la situación económica deficitaria que vivía la institución de Alem y Gaboto, la dictadura declaró una “intervención normalizadora”.
El proyecto, en el que convivieron experiencias educativas, artísticas, políticas y asistenciales, había surgido en 1944, aunque fue en los ’50 cuando comenzó su etapa de crecimiento. Un grupo de jóvenes de la vecinal de barrio Tablada y Villa Manuelita, en la zona sur, tuvo la iniciativa de hacer una rifa para la Biblioteca, que fue todo un éxito. Se extendieron a otros barrios de la ciudad, llegaron a la clase media rosarina y la rifa llegó a venderse incluso en otras provincias del país, lo que les permitió, entre otras cosas, darle a La Vigil un edificio que ocupó toda la manzana.
La Vigil fue una escuela primaria, secundaria y un jardín de infantes; un museo de ciencias naturales, un observatorio astronómico, una universidad popular y una editorial que publicó muchísimos libros. Pero fue, principalmente, una experiencia popular y colectiva. “Un espíritu solidario que abrazaba la laicidad y la diversidad de las identidades políticas”, explicó a El Ciudadano Natalia García, autora del libro “El caso Vigil”. El proyecto complementaba lo que le faltaba a la barriada cuando el Estado no llegaba.
La Biblioteca llegó a tener por esos años 20 mil socios y socias. En aquel entonces esa masa societaria era mayor a la del club de fútbol Rosario Central. Por día, los registros arrojan que se llevaban para leer entre 1.000 y 1.200 libros.
Con esa rifa y con el acompañamiento cotidiano de los vecinos y las vecinas, La Vigil se fue convirtiendo de a poco no sólo en una experiencia educativa única en América Latina, sino también en un megaproyecto que se solventaba económicamente a sí mismo.
Pero en los años 1974 y 1975 hubo un desfasaje financiero, producto de un desfasaje a nivel nacional, que después del golpe de Estado de 1976 fue utilizado como chivo expiatorio por el gobierno de facto. La dictadura esperó a que el proyecto cayera por su propio peso, pero cuando La Vigil estaba en vías de recuperación -las deudas ese año eran de un 10 por ciento de su patrimonio-, decidieron intervenirla para luego saquearla.
El primer acto en este sentido ocurrió el 25 de febrero de 1977, con Agustín Feced a la cabeza. Libros, obras de arte y hasta el telescopio del Centro Astronómico fueron incinerados en la calle, en los hornos que había en el subsuelo de La Vigil o robados para luego ser vendidos. Esa situación se extendió hasta el mes de abril de ese año.
Ramón Telmo Alcides Ibarra, que se hacía llamar Rommel y era jefe del Servicio de Informaciones de la Policía, iba a la biblioteca, buscaba los libros prohibidos y armaba listas, para luego ir a la secretaría y buscar los domicilios de esos lectores. De las declaraciones de testigos, aparece una frase que Rommer repetía y que ilustra la idea de lo que significaba destruir lo material para romper lo simbólico: “De ahora en más, el negrito que quiera tocar el piano, que se lo compre”.
Cancelar el futuro
“Genocidio cultural no es sólo la destrucción de la historia de un pueblo, sino la cancelación del futuro. Los que vienen no van a leer estos libros, no van a usar estos pianos. Es el mensaje para destruir la identidad propia y el anuncio del futuro. Hay que destruir materialmente para cancelar simbólicamente al futuro”, explica García.
El concepto “genocidio cultural” fue propuesto en 1933 por el abogado Raphael Lemkin como un componente del genocidio. El término está considerado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, y ha sido empleado para describir la destrucción de patrimonio cultural en conexión con varios eventos. Un ejemplo fue la supresión del idioma coreano, las tradiciones, nombres y la enseñanza de la historia de Corea durante la ocupación japonesa en ese país entre 1910 y 1945. Fue retomado por la querella de la causa Vigil, representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). “La despatrimonialización tiene rasgos inéditos que merecen una figura inédita”, cosidera García.
La causa Vigil está dividida en dos expedientes. Uno sobre los delitos cometidos contra ocho personas privadas de su libertad en 1977. Formaron parte de la causa Feced III, que ya tuvo sentencia, e incluyó 155 violaciones a los Derechos Humanos, entre otras el secuestro de los miembros de la comisión directiva de La Vigil. Los delitos incluyen violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita y tormentos, todos en forma agravada y en la categoría de delitos de lesa humanidad. No prescriben. El otro expediente apunta a los delitos económicos contra la entidad y se enmarcan en el concepto de genocidio cultural. Están en un sumario en instrucción y aún no hay imputados, aunque se están tomando testimonios y se aprestan a formular los primeros pedidos de indagatoria. Incluyen delitos de robo calificado, extorsión, estafas y otras defraudaciones. Tampoco prescriben por haber sido cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
Sobre eso habla la abogada Gabriela Durruty, y explica que el genocidio en sí no es una figura penal que haya prosperado, aunque desde la querella siempre se pidió que la imputación sea dentro de ese marco. “Entendemos que es el delito penal que describe los hechos que sucedieron”, consideró. La letrada cuenta que se pidió que se incluyera la idea de genocidio cultural: “Entendimos que había elementos, es una calificación legal que existe”.
“Más allá de los intereses económicos que movieron al genocidio, La Vigil era una emblema, tenía una fuerza simbólica muy importante y era una mutual a la que desguazaron durante años”, enfatizó la abogada.
En este sentido, García remarcó: “Lo que hicieron con La Vigil no fue obra de locos, fue racional, tuvo etapas discriminadas y estrategias. Cuando entendieron que no iban a encontrar nada que deslegitimara a la institución ante la barriada, pasaron a una segunda etapa que fue la intervención liquidadora”.
Esa intervención estatal continuó incluso recuperada la democracia en 1983 y entrados los 2000. En esos más de 30 años, La Vigil perdió más de 60 propiedades que tenía la mutual, despojándola de su patrimonio. De hecho, la institución sólo pudo recuperar su edificio en 2013, luego de una donación del inmueble de Alem y Gaboto por parte de la provincia. Fue el resultado de años de lucha.
Cuando los socios y las socias pudieron recuperar La Vigil, los compañeros y compañeras bibliotecarios hicieron un inventario. “Cuando llega la intervención había cerca de 80 mil libros, muchos de ellos del propio sello editorial. Cuando se hizo el inventario, encontraron cerca de 30 mil”. Los 50 mil libros quemados, hoy son parte de nuestra Memoria.
